La promoción de carnes
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La llamada Mesa de las Carnes de la cadena bovina ha sido uno de los agrupamientos defensores del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna ((Ipcva) en su actual fisonomía. Lo ha hecho frente a la iniciativa gubernamental de que el funcionamiento de este dependa de aportes voluntarios de los productores, en lugar de las exacciones compulsivas dispuestas por una ley en vigor desde 2001 y que equivalen al 0,07% del valor índice de la res vacuna en la plaza de faena. De igual modo, la industria se halla obligada a aportar el 0,02%.
En coincidencia con la Mesa de las Carnes se han manifestado la Mesa de Enlace, que integran la Sociedad Rural Argentina, Coninagro (cooperativas), la Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentinas. Frigoríficos y exportadores de carnes han hecho conocer su posición de forma idéntica, pero ha habido voces disidentes con aquella posición.
Una ha sido la Cámara de Industrias Cárnicas, que agrupa a plantas frigoríficas que producen más del 20% de la faena destinada al consumo interno en la provincia de Buenos Aires, y otra la Sociedad Rural de Santa Fe. Esta ha emitido un duro comunicado sobre lo que considera declaraciones engañosas provenientes del bando contrario. Por lo demás, numerosos productores de diversas provincias han dado de manera individual, desde hace tiempo, señales de acompañar a los ruralistas santafecinos.
El secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, abogó, en el reciente congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) en favor del anteproyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. No sabemos ahora qué suerte correrá una moción que aparentemente contaba con el categórico apoyo gubernamental, al menos hasta la semana anterior.
Veremos cómo han de gravitar los debates legislativos a cuyo término ha quedado la sensación de que en el oficialismo comienzan a prevalecer actitudes más atentas que antes a realizar gestos conciliatorios con fuerzas políticas más o menos aliadas, que a promover nuevas líneas de acción destinadas radicalmente a atemperar el papel regulador que el Estado ha asumido por larguísimas décadas.
Es verdad que en esta cuestión no se halla específicamente en juego un tema central de la política desregulatoria que el Gobierno ha impulsado desde su primer día. No nos engañamos, sin embargo, con que de todas maneras concierne a una expresión más, tal vez modesta, pero en la dirección del espíritu que ha caracterizado al Gobierno respecto de lo que cabe esperar de su parte respecto del intervencionismo estatal.
Cuando se actualiza, como ocurrió la semana anterior, la magnitud sine die del bochornoso déficit de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, que solo produce el 0,25% de lo que recibe y perdura en un virtual estado de inacción, y no hay como eco un escándalo nacional por pérdidas absurdas que asumen todos los argentinos, hay motivo para preocuparse. Cualquier paso tendiente a acotar la presencia del Estado en actividades privadas refiere al futuro que queramos darnos los argentinos por oposición al largo período de padecimientos económicos y financieros que hemos sufrido.
El debate sobre cómo promover nuestras apreciadas carnes en el mundo, y sobre cómo pagar por esto, debe ser parte de un inclaudicable proceso de docencia cívica en el que corresponde involucrar a la sociedad en todos sus estamentos.
La propuesta del ministerio de Sturzenegger no ha sido la de eliminar el Ipcva, sino modificar la forma en que este se financia. Por empezar, el número notable de entidades que se han expresado sobre el tema hace imposible mencionarlas una a una en aras a la concisión de este comentario. Ese número elevado constituye una invitación a reflexionar si, incluso en el sector privado, no prevalece una sobreabundancia de siglas que conspira contra la realidad y el sano criterio de que, por definición, los recursos destinados a las representaciones formales deben estar lo más acotados posible a fin de favorecer una cierta homogeneidad, no la unanimidad, de quienes atienden intereses y sentimientos convergentes.
En defensa del Ipcva, tal como funciona con financiamiento establecido por el Estado, se ha señalado que otros países, como el Reino Unido y los Estados Unidos, hacen otro tanto que aquí. Es cierto, como que también en esos países se mensuran con rigor los resultados de corporaciones de la naturaleza del Ipcva.
Se ha llegado a afirmar que la conquista del mercado de China para nuestras carnes la logró el Ipcva.¿No fue, acaso, por la gestión directa de las autoridades del área ganadera de la época, y por la intervención directa del entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, al cabo de la visita realizada a la Argentina, a fin de explorar en el terreno lo que podíamos ofrecer en carnes, por uno de los siete miembros del Politburó del Partido Comunista chino?
La Mesa de las Carnes ha dicho en una declaración de apoyo al Ipcva, tal como este actualmente funciona, que se financiaron 140 proyectos de investigación sobre nuestras carnes, sus ventas, y demás, y entre sus puntualizaciones ha hecho una que resulta en verdad llamativa: “En 2023 se lanzó una línea de acción para asociar la carne vacuna y el deporte, con participación en eventos de running como “El Cruce”, las carreras mayas o los triatlones de Ironman”.
Formidable ítem desde el punto de vista de la creatividad lingüística. Prescindimos de él para ir al fondo tal vez más árido, pero relevante de la cuestión. Pensemos en un referendo en el que los productores tengan el derecho, uno por uno, a expresar su opinión, en votación electrónica, sobre la modalidad que prefieren para el funcionamiento del Ipcva. Se trata de sus intereses directos.
Deberían decidir si quieren un Ipcva así como está o si se inclinan por un cambio en el que el aporte voluntario de los productores establezca, sin duda alguna, cuál es la opinión dominante entre ellos sobre la política que consideren más juiciosa y justa al respecto.
Estamos refiriéndonos a un tema que es más importante por principios que por otras razones. De mantenernos en silencio al respecto, abriríamos la puerta a que alguien considere que seríamos, implícitamente, partidarios de un instituto para la promoción de la soja, de otro para las legumbres, o de otro más para el maíz, o, por qué no, para la colza, la camelina y la carinata, tan promovidas estas por diferentes vías en los últimos tiempos.
