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El desalojo de usurpadores de tierras en Río Negro
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LA NACION
Pese a la posición de funcionarios que apañan a delincuentes, nada hay que concertar con quienes siembran violencia y desconocen el Estado de Derecho
Lejos de ceder, la ocupación ilegal de tierras públicas y privadas en la Patagonia no se ha detenido. No podía esperarse algo muy diferente frente a la falta de voluntad expresada por las autoridades nacionales para garantizar el derecho de propiedad, actitud que quedó en evidencia con las lamentables declaraciones del propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien consideró que hace falta "una sentencia firme" para calificar una ocupación de tierras como un hecho ilegal. En términos semejantes se había pronunciado antes la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.
En este penoso contexto, merece un reconocimiento la actitud del gobierno de Río Negro, que llevó a cabo en forma pacífica la orden de desalojo de un campo que había sido usurpado una semana antes en El Foyel por un grupo de personas autodenominadas mapuches que fue aumentando con el correr de los días ante la inacción judicial. La gobernadora Arabela Carreras -cuyo vehículo sufrió un ataque con piedras por activistas que cortaban la ruta 40- y el ministro de Gobierno y Comunidad provincial, Rodrigo Buteler, reconocieron que se estaba frente a un caso concreto de usurpación por parte de "un grupo de encapuchados que se apostaron y no dejan entrar ni salir a la gente que vive allí". Por lo que, en defensa de la propiedad privada, actuaron con las herramientas que la ley brinda. Aunque parezca obvio, resulta un alivio saber que nuestras leyes pueden ser cumplidas por los funcionarios en nuestro país.
La tensa situación colectiva e individual que padecen los ciudadanos de las regiones del lago Mascardi, Valle del Foyel y El Bolsón se da en un escenario contaminado por la apología y el enaltecimiento de una serie de hechos delictivos, llevados a cabo por personas autotituladas "mapuches", que han incurrido sin miramiento en conductas delictivas tipificadas por el Código Penal como usurpación, daños, delitos contra el orden público, instigación a cometer delitos, intimidación pública, asociación ilícita, apología de un delito o de un crimen, y atentado contra el orden público, para imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, entre otros.
A partir de un reclamo de supuesta raigambre indígena y con absoluto descaro, se incitan y promocionan acciones de toma de tierras publicas y privadas por usurpación. El desparpajo y el nivel de impunidad –insólitamente tácita o expresamente avalada por algunos miembros del gobierno nacional– se expresan violentando las normas penales argentinas, incurriendo en conductas que constituyen delitos que lesionan la tranquilidad pública y promueven reiterados hechos de violencia.
La falta de voluntad de las autoridades nacionales para garantizar el derecho de propiedad quedó en evidencia con las lamentables declaraciones del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero
No es posible dejar de señalar que, aun cuando resulten ignorados por varios funcionarios, los planteamientos de estos usurpadores comprometen nuestra soberanía nacional. El Preámbulo de la Constitución nacional establece claramente el objetivo de "constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino". Vale decir, contribuir a la consolidación de la república, la paz, la libertad y el desarrollo, garantizando condiciones de seguridad para todos aquellos que quieran habitar nuestro suelo. Tal supuesto indica que quien no reconoce el Estado argentino bien puede abandonarlo, pero nunca conspirar para desmantelarlo.
Como quedó evidenciado en el procedimiento efectuado en Río Negro, los poderes nacionales, provinciales y municipales no solo pueden sino que tienen la obligación de preservar el orden público y las garantías constitucionales en un marco de serenidad del ánimo social. Sin duda, en un clima de lógica tensión, es una manera de evitar que la gente recurra a hacer "justicia por mano propia".
Nuestra Constitución también reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, y establece derechos específicos, tales como la identidad cultural, la educación bilingüe e intercultural, la personería jurídica de las comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y el derecho a participar en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que les afecten. Sin embargo, los reclamos por la propiedad y posesión de la tierra no pueden partir de ostentosos hechos de violencia, ocupaciones o usurpaciones, y menos aún que se encuadren como actos separatistas o a partir de procesos propios del terrorismo, como lo es no reconocer el Estado Argentino o no verse obligados por nuestro régimen normativo ni aceptar las autoridades constitucionalmente erigidas.
Por eso es inadmisible que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) apoye a comunidades que no respetan las leyes de nuestro país. No es posible que un organismo dependiente del Estado financie la usurpación de tierras en territorio argentino o les haga llegar alimentos y elementos de logística, o, como ha ocurrido recientemente, que el propio vicepresidente del INAI transporte a quienes llevan adelante las tomas.
El desalojo de la usurpación en tierras privadas de El Foyel refuerza la vigencia del Estado de Derecho para quienes pretenden desconocerlo
La usurpación de tierras es algo que viene ocurriendo desde hace años en la Patagonia y estas acciones que hoy tienen lugar comenzaron tiempo atrás con los incendios, los sabotajes y las acciones violentas propiciadas por Jones Huala. La provincia de Chubut ha tenido una política elusiva en lugar de afrontar el tema de forma adecuada. Afortunadamente, las actuales autoridades rionegrinas han demostrado que no hay nada nuevo que concertar ni mesas de diálogo que abrir si se perpetra un delito: solo hay que respetar las normas y procedimientos del Estado y que esto se puede realizar de manera expeditiva y pacífica en el marco de la ley. Y bien podría así también concretarse no solo en tierras privadas, sino también en las tierras usurpadas en los parques nacionales que nos pertenecen a los argentinos.
Que funcionarios del Gobierno acompañen actos de destrucción y menoscabo de bienes del Estado y de propiedad privada, que apañen a quienes provocan acciones violentas o dolosas o que busquen excusas técnicas para evitar cumplir con su deber no solo importa incumplimiento de sus obligaciones, un pretendido quebranto de nuestro régimen normativo y de la soberanía nacional, sino también de los valores de los argentinos que quieren vivir en paz y en el respeto a la ley. La ocupación de tierras no es admisible para una sociedad que quiere crecer e integrarse pacíficamente. El desalojo de la usurpación en tierras privadas en El Foyel refuerza la vigencia del Estado de Derecho para quienes pretenden desconocerlo y garantiza la seguridad pública, valiosas premisas que en ningún lugar del territorio deberán descuidarse sin grave perjuicio para las instituciones de la república.
LA NACION
