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El ejemplo español en el caso del narcojet
Mientras en la Argentina siguen las dudas sobre la carga de una tonelada de cocaína en un avión, jueces catalanes condenaron con dureza a los Juliá
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El conocido caso del "narcoavión", por el que el 2 de enero de 2011 cayeron presos los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, y Matías Miret, en Barcelona, acusados de traficar casi una tonelada de cocaína, marca una importante diferencia entre las justicias española y la de nuestro país: mientras los jueces catalanes condenaron a los Juliá a 13 años de prisión y una multa de 100 millones de euros, y sobreseyeron a Miret, en la Argentina sólo se ha llegado a establecer que la droga se había cargado en la base aérea de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Fuera de eso, no hay ningún detenido, ni siquiera un imputado.
Y no es un dato menor, pues hasta los jueces españoles dijeron tener la certeza de que esa droga se cargó aquí y que ambos Juliá acordaron introducir el cargamento en España para obtener "un extraordinario beneficio económico", según puede leerse en los fundamentos de la sentencia suscripta por los magistrados Jesús Barrientos Pacho, Carlos Mir Puig y Mercedes Armas Galve.
La acusación del fiscal del juicio en España, David Benages, en tanto, no les había ido en zaga. Dijo que se los acusaba de "un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, con la circunstancia de extrema gravedad por el uso de una aeronave como medio de transporte específico" y que, si no hubieran sido descubiertos por la Guardia Civil española al tocar tierra en el aeropuerto internacional de El Prat, los vuelos con droga se hubiesen repetido. Sostuvo que los Juliá "tenían una vocación de seguir si es que el viaje terminaba con éxito". Por su parte, la defensa de los hermanos Juliá ha decidido apelar ante el Tribunal Supremo de Madrid por entender que se violaron derechos constitucionales en cuanto a pruebas y ofrecimiento de pruebas.
La dura pena impuesta en un juicio a todas luces breve nos hace reflexionar sobre nuestros escasos avances sobre quiénes son los culpables de que se haya cargado casi una tonelada de droga en una base aérea, a la vista de no pocas autoridades aeroportuarias. No se sabe siquiera quiénes estuvieron detrás de semejante cargamento, del que se se cree firmemente que recorrió buena parte del país; de dónde provino la droga, ni cómo pudo salir de Ezeiza hacia España sin que aquí nadie haya detectado nada.
La causa local se halla en manos del doctor Alejandro Catania, a cargo del juzgado en lo Penal Económico N° 4, un joven magistrado que ha podido establecer que fue Morón el lugar del cargamento -donde se reacondicionó el avión entre el 6 de noviembre y el 30 de diciembre de 2011, antes de partir hacia Ezeiza-, pero que no ha recibido respuestas a sus exhortos tendientes a avanzar sobre los tres ciudadanos colombianos a los que Gustavo Juliá les había alquilado un departamento en esta ciudad -aunque a su nombre-, de quienes el juez sospecha que eran los dueños del cargamento o que eran los encargados de controlarlo en la Argentina.
Por lo demás, el juez citó a numerosos testigos, pero, como se dijo, no hay imputados en la causa por la conexión local. ¿Qué falló para que semejante cargamento pudiera ser acondicionado en un avión y salir sin problemas? Desde ya que es esperable una respuesta judicial, pero también lo es desde el ámbito político, especialmente tras la serie de contradicciones entre altísimas autoridades del Gobierno apenas conocido el delito por medio de la prensa.
Mientras el ministro del Interior, Florencio Randazzo, se apuró en decir por aquel entonces que la droga no había sido cargada en el país, sino subida al lujoso jet Bombardier Challenger 604 durante una escala en el aeropuerto de la isla de Sal, en Cabo Verde, frente a las costas de Senegal, el entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, no descartaba para la misma época que hubiera podido ser cargada aquí. Con esa apreciación coincidió más tarde la ministra de Seguridad, Nilda Garré, al admitir que los controles aeroportuarios "se relajaron un poco".
En efecto, personal de la Aduana que declaró como testigo en la causa explicó al juez que no todos los aviones que aterrizan o despegan de Ezeiza son revisados. Sostuvieron que se manejan con un criterio de selectividad y que, en el caso particular del avión de los Juliá, "no había ningún elemento" que los hiciera sospechar que podían estar cometiendo un delito. Esa aseveración llevó al juez Catania a allanar el aeropuerto de Ezeiza en busca de pistas.
Entre las medidas inmediatas al hecho, el Gobierno removió al jefe de la base de Morón, comodoro Jorge Ayerdi, y pasó a disponibilidad al comodoro Guillermo Juliá, hermano de los ahora condenados, quienes a su vez son hijos del brigadier general José Juliá, fallecido jefe de la Fuerza Aérea durante la presidencia de Carlos Menem.
Así las cosas, cabe preguntarse si en la Argentina estamos siquiera próximos a descubrir la verdad en un caso en el que han quedado en evidencia las debilidades de nuestros controles internos, ya no sólo para poner freno a un delito de la magnitud del contrabando de cocaína, sino, como dijo el fiscal español, para evitar "un delito de salud pública".
Hace menos de una semana, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, admitió que el narcotráfico creció en el país, y que los narcotraficantes operan fuerte, especialmente en barrios de emergencia, como había consignado un trabajo del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina (UCA), publicado por LA NACION.
El diagnóstico parece claro. Falta hallar a los culpables de semejante flagelo y trabajar en serio para que -en lugar de lamentarnos- la Argentina deje de ser un país de creciente consumo y tránsito de estupefacientes. Como solemos decir desde estas columnas, urge tomar el tema como política de Estado y actuar antes de que sea demasiado tarde.
