El espacio público, en debate
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LA NACION
Siempre vale la pena destacar la importancia de construir ciudadanía como instrumento de fortalecimiento democrático al servicio del bien común. Hay mecanismos legales que promueven la participación y que no siempre se aprovechan o suscitan las suficientes voluntades para alcanzar un objetivo.
La Constitución de la Ciudad contempla que una iniciativa popular requiere del aval del 1,5% del último padrón electoral para llegar al recinto legislativo: unas 38.440 firmas. El Tribunal Electoral verifica que una muestra aleatoria del total de las firmas sea consistente. Se establece también que el proyecto se difunda a través de los medios públicos de la ciudad, como radios, carteleras y redes vinculadas a la Legislatura.
Mientras el gobierno porteño apuesta a construir un nuevo barrio en el predio de Costa Salguero y Punta Carrasco, una mixtura de edificios, comercios, oficinas y parques, vecinos de la ciudad impulsaron un reclamo de instalación exclusiva de parque público de acceso libre, gratuito e irrestricto en dichos terrenos, lindantes con el Río de la Plata.
El proyecto de ley que autoriza la venta de las 32 hectáreas costeras se había aprobado, en lectura simple, en diciembre 2019, pero la cuestión quedó judicializada cuando se consideró “inconstitucional” la venta. La Justicia confirmó el fallo en octubre 2021 argumentando que se infringió el procedimiento constitucional de “desafectación de inmuebles del dominio público”. El gobierno de la ciudad apeló y se aguarda la definición del Tribunal Superior de Justicia.
A todo esto, el proyecto del gobierno llevaba 11 meses en la Legislatura sin que en ese tiempo haya sido debidamente debatido. No se convocó a asesores, legisladores ni expertos como hubiera correspondido cuando la decisión es controvertida toda vez que los espacios verdes son bienes cada vez más escasos y necesarios. Todo indicaba que, una vez más, contando con mayoría de votos, no había interés oficial por analizar sesudamente los pros y los contras de una medida que involucra drásticamente al espacio público metropolitano.
En contrapartida, motorizada por ONG, organizaciones ambientalistas, sociales y políticas, la audiencia pública convocada para tratar la cuestión en enero de 2021 contó con un récord de más de 7000 inscriptos y 29 jornadas de exposiciones. El 97% de los participantes se pronunció en contra del cambio normativo impulsado por el Ejecutivo en Costa Salguero y Punta Carrasco.
La audiencia fue clave para lograr que 53.000 personas adhirieran a la iniciativa contraria al proyecto oficial, en planillas debidamente homologadas; una cifra récord que permitió el ingreso de la propuesta a la Legislatura y que obligó al evasivo Ejecutivo a debatir. No se logró convertirla en ley, pues el oficialismo aglutina los votos de la mayoría, pero la trascendencia histórica de los resultados alcanzados por la movilización vecinal debe celebrarse.
Desde Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas se destacó que “un proyecto de la ciudadanía es transversal, no tiene que ver con un partido político o con una visión sesgada”. Por primera vez, el Poder Legislativo porteño debió recoger una iniciativa popular para debate en el recinto. Activar estos mecanismos y promoverlos confiere mayor protagonismo a la voluntad popular. Hay instrumentos normativos para imponer la revisión de proyectos cuestionables, frenando incluso acciones de funcionarios y políticos tentados de no respetar el mandato ciudadano.
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