El Estado pobrista de Kicillof

Era obvio que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, utilizaría el ajuste de precios y tarifas dispuesto por Javier Milei para cuestionarlo en la apertura de sesiones de la legislatura provincial. Al reducirse el gasto público para dejar de emitir dinero, también se detiene el torbellino inflacionario que impulsaba la “corrida” hacia los bienes, cada vez más escasos, con su secuela de pobreza e indigencia. Y así estalló la bomba que colocó el kirchnerismo con desaprensión, trasladando a futuro el costo de poner la casa en orden.

Después de calificar de “experimento extravagante” al programa de reducción de gastos, sostuvo que, para superar la crisis no se necesita un ajuste, sino más derechos y más Estado. “La sociedad –dijo– reclama por más escuela pública, por más cloacas y por más asfalto”, rechazando recetas “anacrónicas, importadas o fracasadas”. Cabe recordarle que su propio partido gobernó la provincia de Buenos Aires durante más de treinta años desde el advenimiento de la democracia y que el desastre educativo, sanitario, de inseguridad y habitacional actual se debe a las recetas “nacionales y populares” aplicadas en forma consistente por sus predecesores y por él mismo. Nada más anacrónico ni fracasado que reiterarlas.

Dejando de lado las chicanas, su discurso volvió a reflejar poco vuelo para la importancia del cargo que ejerce y la dimensión de sus aspiraciones políticas. En vez de levantar la mira con propuestas superadoras, corrió por detrás de la agenda de Milei, como si careciese de libreto propio. Omitió mencionar el rol de la provincia de Buenos Aires en el contexto nacional y sus ideas para aprovechar un mundo que abandona la globalización y se repliega a zonas de confianza, donde la relocalización de industrias, la transición energética, la economía del conocimiento y la escasez de alimentos ofrecen oportunidades únicas para la Argentina. Y donde muchos extranjeros desearían radicarse, trayendo sus familias y sus capitales por los atractivos que el país ofrece, incluyendo su lejanía del hemisferio norte en caso de conflicto nuclear. Pero Kicillof ya lo dijo: “No quiero ser Irlanda”, la nación ejemplar que creció por la inversión extranjera, sin aclarar cuál modelo prefiere (aunque mejor no preguntarle).

Si no le interesa lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, por lo menos debió explicitar sus planes con respecto a la inseguridad, el narcotráfico, la atención en los hospitales y el calendario escolar, prioridades en la agenda de los bonaerenses. La corrupción tampoco estuvo en su discurso, pues lo comprenden las generales de la ley: desde 2013 vio de cerca los peores escándalos del kirchnerismo desentendiéndose o manteniendo un silencio cómplice y oportunista.

A pesar de su relativa juventud, el gobernador parece un veterano de aquel Primer Plan Quinquenal (1947-1951), presentado por Juan Domingo Perón y José Figuerola el 30 de septiembre de 1946 ante las dos cámaras legislativas, pregonando las virtudes de un estado omnipresente como ya no existe sino en Cuba y Corea del Norte. Así se creó el IAPI para monopolizar el comercio externo, se estatizaron los ferrocarriles, los teléfonos y el gas, se pagó la deuda externa de forma anticipada y se nacionalizó el Banco Central para emitir dinero sin respaldo. El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, un peronista histórico, tuvo esa misma impresión y juzgó la ceremonia inaugural de Kicillof como una “foto sepia o en blanco y negro”.

La provincia de Buenos Aires se ha convertido en guarida de quienes debieron abandonar las “cajas negras” nacionales, llámense ministerios, secretarías, agencias o fideicomisos

Aquel plan fue el comienzo de la decadencia argentina, con una inflación creciente por aquello de que “la economía debe sujetarse a la política”, olvidándose que no hay Estado viable sin recursos genuinos, generados por un sector privado competitivo y vigoroso. De lo contrario, ministerios y reparticiones son carcasas huecas para alojar militantes, distribuir privilegios y generar pobreza.

Hasta la República Popular China advirtió, hace ya 40 años, que la prosperidad de un país no proviene solo de sus recursos naturales ni de su infraestructura, sino de la educación y la correcta alineación de los incentivos para que todo esfuerzo sea retribuido en forma individual y no apropiado por los demás. Ante las pérdidas recurrentes, el exceso de personal y la falta de premios y castigos, la Asamblea Popular china dictó la ley de quiebras empresariales (1986) para liquidar las empresas públicas que no funcionasen conforme a las reglas del “mercado socialista”. De 1998 a 2003 fueron cerradas cerca de 5000, afectándose a nueve millones de empleados luego absorbidos por el pujante crecimiento del sector privado. En 2010, el 80% de la población urbana empleada en China ya trabajaba fuera del Estado.

En cuanto a Cuba, el 90% de los cubanos son pobres, sufren una grave crisis alimentaria y largos cortes de luz diarios, y ven a los jóvenes emigrar, dejando a sus hijos al cuidado de los abuelos. Ni Fidel Castro, ni Díaz-Canel comprendieron que la riqueza no se crea por decreto, ni con expropiaciones, ni con empresas estatales donde nadie trabaja, salvo para llevarse productos a su casa.

El binomio de propiedad privada y firmeza de los contratos libera la fuerza creadora del capitalismo sin el cual no habrá empleos regulares, ni pago de impuestos, ni progreso social. Como hemos dicho desde esta columna, la solución no es el anarcocapitalismo, sino el despliegue de la iniciativa privada en el marco de nuestro régimen constitucional de división de poderes, independencia de la Justicia y principios republicanos. Con un Estado austero, transparente y eficaz que garantice esos derechos en forma previsible, estable y no discrecional. Si se ignora esa mecánica virtuosa, tendremos un país yermo, con fábricas tomadas, campos sin cultivos, oficinas vacías y disturbios callejeros. La gestión pública solo podrá paliar la pobreza, contener reclamos, brindar comedores, pagar subsidios y hacer asistencialismo para postergar estallidos inevitables, sacando rédito político de planes, canastas y bolsones. La provincia de Buenos Aires se ha convertido en guarida de quienes debieron abandonar las “cajas negras” nacionales, llámense ministerios, secretarías, agencias o fideicomisos. Duchos en movilizar familias y desviar fondos a sus bolsillos, trasladarán su experiencia a La Plata para intentar desestabilizar al gobierno mileísta.

Kicillof, como exministro de Cristina Kirchner, ironizando acerca de la seguridad jurídica –que dijo aborrecer– declaró en el Senado de la Nación el 17 de abril de 2012: “Tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto; si no, ¿dónde está la seguridad jurídica?”. Esas palabras fueron incorporadas como prueba en el juicio que lleva el fondo Burford contra el Estado nacional y que costará más de 16.000 millones de dólares a las arcas nacionales, una cifra que serviría con creces para hacer “más escuelas públicas, más cloacas y más asfalto”, no solo en el conurbano bonaerense, sino también en el resto del país.

Para evitar responder acerca de ese quebranto histórico, el gobernador, tras la convocatoria del gobierno nacional a los mandatarios provinciales, se evadió tras un burdo “arranquen nomás si no llegamos”. De todas formas, la responsabilidad que le cabe le llegará tarde o temprano, aunque pretenda eludirla con chicanas o picardías adolescentes.