El fútbol como botín y la Justicia como garante de impunidad
No puede seguir tolerándose el oscuro entramado de protección, connivencia y negociados alrededor del deporte más popular del país
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El escándalo que sacude a la AFA dejó hace rato de ser un asunto meramente deportivo. El dato más inquietante de los últimos días no es solo la magnitud del dinero desviado ni la obscena naturalidad con la que se movieron millones de dólares por cuevas, sociedades fantasmas y facturas truchas, según el resultado de las múltiples investigaciones en danza, sino el sospechoso cambio de jueces y la creciente sensación de que, detrás del telón judicial, opera una trama de encubrimiento, contubernio y connivencia política que tiene nombres propios rondando entre bambalinas: Sergio Massa, Gerardo Zamora y Pablo Toviggino.
La intervención del Poder Judicial en esta historia no es neutra ni casual. En pocas semanas se resolvieron conflictos de competencia que alteraron el rumbo de investigaciones sensibles. En La Plata, la Cámara Federal decidió apartar al juez Luis Armella, quien había avanzado con allanamientos y otras medidas de prueba relevantes, para trasladar la causa al cuestionado Federico Villena. Armella había puesto el foco en la AFA, los intermediarios y el empresario Javier Faroni, estrechamente ligado a Massa. El desplazamiento no puede leerse como un mero tecnicismo procesal. En la Argentina real, estos movimientos suelen marcar el inicio de un proceso de licuación de responsabilidades, o sea, del camino a la impunidad.
Villena no es un magistrado más. Sus relaciones políticas son conocidas y, aunque nadie puede afirmar de antemano el resultado de un expediente, la experiencia indica que esos vínculos siempre han pesado en nuestro país. En el sur del conurbano se perfila un cerco de contención política en el que confluyen jueces, intendentes, abogados influyentes y empresarios del dinero informal. La presencia de figuras como Martín Insaurralde, su entorno y los nexos con Sur Finanzas refuerzan la sospecha de una arquitectura diseñada para evitar a la Justicia. No es una prueba judicial, pero sí un indicio político grave, serio y concordante.
El mismo patrón se repite en el norte del conurbano. La Cámara Federal de San Martín apartó al magistrado Marcelo Aguinsky quien ya envió al juzgado de Campana el expediente por la lujosa quinta de Pilar que está valuada en 17 millones de dólares y es vinculada a la AFA. El titular de ese juzgado -pedido por los supuestos testaferros- es Adrián González Charvay, un hombre ligado a dirigentes de la AFA, de vínculos con Massa y con intendentes como Ariel Sujarchuk, de Escobar, y Federico Achával, de Pilar, precisamente donde está ubicada la quinta bajo investigación
La denuncia del dirigente Matías Yofe sobre intimidaciones, allanamientos selectivos y una red de corrupción municipal aporta un elemento tan perturbador como inaceptable: que la justicia no solo investiga, sino que también puede ser utilizada como herramienta disciplinadora. Ese uso es, sencillamente, inaceptable.
En el centro de esta trama aparece un gigantesco negocio estructural alrededor del juego. Fútbol y apuestas forman hoy un binomio inseparable, con una dimensión formal y otra mucho más vasta, llevada adelante en penumbras. En los clubes chicos del conurbano, la informalidad es la regla, no la excepción. Allí, el rol de los árbitros designados por la AFA se vuelve decisivo. Toviggino -tesorero de esa entidad e imputado en la causa judicial iniciada por la ARCA por retención indebida de tributos por unos 19.000 millones de pesos- no es un personaje secundario de esta oscura trama; es el administrador de ese poder. Cuando se observa que los mismos actores políticos gravitan en el juego, en el fútbol, la política y en la Justicia, la palabra “mafia” deja de ser una exageración retórica.
Los vínculos personales, políticos y económicos son demasiado visibles. La relación de Massa con Toviggino, con Faroni y con un conjunto de operadores que hicieron carrera al calor del poder no es un secreto. Resulta difícil creer que contratos millonarios, intermediaciones opacas y sociedades radicadas en Paraguay o Miami hayan prosperado sin protección política. Más aún cuando esos mismos circuitos fueron mencionados en el pasado en operaciones vinculadas a aviones privados, viajes de lujo y empresarios del círculo del ex candidato presidencial.
Las mismas cuevas que hoy se investigan habrían sido claves para aprovechar la enorme brecha cambiaria durante la gestión de Massa como ministro de Economía de Alberto Fernández. No se trata solo de corrupción deportiva, es un sistema. Y, frente a ese sistema, el silencio de buena parte de la dirigencia futbolística, política y empresaria resulta tan elocuente como vergonzoso. Salvo excepciones aisladas, nadie explica cómo se vaciaron las arcas de clubes que, obviamente, pertenecen a sus socios.
La dimensión internacional añade presión. La FIFA, los Estados Unidos y la disputa por los derechos de televisación del Mundial de Fútbol colocan a la Argentina bajo observación. El tiempo judicial parece estar dosificado, a la espera de calendarios deportivos. Pero la Justicia que espera y especula deja de ser justicia y se convierte en encubrimiento e impunidad.
No puede seguir tolerándose que el fútbol -pasión popular y negocio multimillonario- sea administrado como un feudo protegido por jueces amigos y políticos influyentes. Los escandalosos cambios de magistrados, las relaciones cruzadas y el silencio cómplice configuran un cuadro nefasto. Urge una investigación independiente y profunda, sin favoritismos ni atajos. Todo lo demás es connivencia. Y, como sociedad, sabemos muy bien adónde conduce.
Tipo de trabajo:
opinión
