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El gran teatro fueguino
La extensión del régimen de promoción de Tierra del Fuego implica un costoso e irritante privilegio que terminaremos pagando todos los contribuyentes
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LA NACION
El gobierno nacional extendió por 15 años el régimen creado para Tierra del Fuego en 1972, durante el gobierno del general Alejandro Lanusse, y que vencía en 2023. Cumplidas ciertas condiciones, podría extenderse otros 15 años, hasta 2053. Un inadmisible privilegio.
Hace 50 años, los militares invocaron una razón geopolítica: la ocupación territorial, frente al riesgo chileno. Pasó medio siglo y las razones cambiaron. La conjunción de otros intereses ha construido otro nuevo relato para prolongar ese desatino, basado ahora en la equiparación con el régimen de Manaos (Brasil).
La zona franca de Manaos fue creada en 1967, también por otro gobierno militar, el del general Castelo Branco, para dar empleo en la Amazonia. Ahora está fuertemente cuestionada, por su incapacidad de innovar, su dependencia del fisco y los altos precios finales. Como en Tierra del Fuego, los centenares de empresas radicadas y los miles de personas empleadas constituyen un hecho consumado difícil de modificar.
Las industrias fueguinas consumen divisas para importar productos desarmados, volverlos a armar y luego venderlos caros, en pesos, en el mercado interno
Pero Manaos es un problema brasileño, no argentino. En tiempos de saltos tecnológicos, cuando la informática y la comunicación son el soporte de todas las actividades fabriles, comerciales y de servicios, lo más importante es garantizar que todos tengan acceso a los productos más novedosos y de más alta tecnología al menor precio. Es falso sostener que los productos de Manaos invadirían nuestro país si el régimen de Tierra del Fuego no se extendiese, pues la solución sería reducir los aranceles de importación y hacerlos competir con el resto del mundo. Si existen normas del Mercosur que lo restrinjan, habrá que modificarlas, como lo proponen tanto Bolsonaro como Lacalle Pou. Si el régimen vencía en 2023, era necesario dar certidumbre respecto de la no renovación, no de su prolongación. En el primer caso, se hubiera dado la señal para que comenzase la reconversión del sector; al haberse prorrogado, se ha optado por los lobbies, en desmedro de la competitividad, la inversión genuina y la prosperidad colectiva.
El complejísimo régimen sufrió numerosos vaivenes durante su medio siglo de existencia, aunque los principales beneficios fiscales del área aduanera especial son bien conocidos: exención de impuestos nacionales, libre importación de insumos, partes y piezas y la posibilidad de ingresar al territorio continental, libres de gravámenes, los productos “originarios” del área aduanera (con el 50% de valor agregado). Quizás hubiera que redefinir la palabra “valor”, ya que, en muchos casos, se trata de una sumatoria de costos que inflan las cifras para alcanzar ese porcentaje, incluyendo fletes por camión, honorarios profesionales, pasajes aéreos y contratación de seguros, facturados desde Buenos Aires a las empresas fueguinas.
Se calcula que en promedio trabajan allí 8500 empleados, la mayoría en el parque industrial de Río Grande, donde se destaca la empresa Mirgor, de Nicolás Caputo, y en menor medida en Ushuaia, donde funciona Newsan. A su vez, el costo fiscal de este año asciende a 780 millones de dólares. Es de lamentar que se hayan impulsado estas migraciones internas de familias en busca de un futuro mejor sin la base de empleos sustentables, sino de subsidios fiscales. Desde ya, esto ha creado una situación social que favorece la perpetuación del régimen. Pero aun así, no se justifica que, para dar trabajo a esas personas, se condene a todo el país al atraso tecnológico. Tierra del Fuego está para más, con su potencial turístico, de industria forestal y pesquero, para emplear genuinamente mucha más gente que ahora.
Desde que existe el control de cambios, la posibilidad de acceder al dólar oficial constituye de por sí un incentivo fortísimo para declarar ante el Banco Central precios superiores a los reales por importaciones y dejar las diferencias en el exterior
Ese modelo de sustitución de importaciones no solo implica un costo fiscal, sino también una grave carga para el Banco Central, ya que las industrias fueguinas consumen divisas para importar productos desarmados, volverlos a armar y luego venderlos caros, en pesos, en el país. En el extremo, podría decirse que, en la actual crisis cambiaria, sustraen divisas que necesitan otras industrias nacionales, que carecen de esos privilegios. Algunas empresas, como Newsan, han desarrollado compañías pesqueras exportadoras, para equilibrar “políticamente” esa balanza.
El año pasado, tomó estado público una denuncia que hizo Emilio Mazzola, socio histórico de Rubén Cherñajosky en el grupo que controla marcas como Siam, Sanyo, Philco, Atma, JVC y Noblex. Esa denuncia recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini y señalaba que se habría estructurado un mecanismo de sobrefacturación de importaciones, para desviar dólares a cuentas “offshore”.
No sabemos qué ocurrió con esa denuncia, pero los hechos descriptos, que deberán ser probados, echan luz sobre un problema recurrente de la economía argentina: la fuga de capitales a través del comercio exterior. Desde que existe el control de cambios, la posibilidad de acceder al cambio oficial constituye de por sí un incentivo fortísimo para realizar triangulaciones o arreglos con proveedores del exterior a fin de declarar ante el Banco Central precios superiores a los reales y dejar las diferencias en el exterior, además de reducir las utilidades en los balances locales.
Se estarían derivando divisas al exterior, al costo del atraso tecnológico, de las reservas y del bolsillo del consumidor cautivo
En el caso concreto del régimen de Tierra del Fuego, conociendo la picardía argentina y la corrupción de los funcionarios, no sería descabellado pensar que la principal fuente de rentabilidad no fuese el negocio “en pesos” de las empresas que tienen los beneficios fiscales tan debatidos, sino el negocio “en dólares” generado con sus importaciones.
La AFIP debería hacer una auditoría profunda de esos pagos al exterior, verificando los precios internacionales de los bienes importados y las estructuras que esas empresas han constituido en el exterior para canalizar los dólares que obtienen, con precios de fomento, del Banco Central.
Si los hechos denunciados se confirmasen como práctica regular de las empresas beneficiadas, bien podría sostenerse que todo el despliegue fabril de Tierra del Fuego, que con tanto ahínco defienden el kirchnerismo y parte de la oposición, es solo un “teatro fueguino” para derivar divisas al exterior, al costo del atraso tecnológico, de las reservas del BCRA, del presupuesto nacional y del bolsillo del consumidor argentino cautivo.
Nada de eso parece preocupar ni al presidente Alberto Fernández, ni a la vicepresidenta, ni al gobernador de Tierra del Fuego, ni a los intendentes de Ushuaia y Río Grande, por cuanto los intereses de la política no se encuentran alineados con los intereses del país, sino con quienes financian sus campañas.
Para que la Argentina pueda tener industrias genuinas y sustentables, en el territorio continental o en Tierra del Fuego, lo principal es reducir el riesgo país y acceder al mercado de capitales, sin lo cual los empresarios solo podrán recurrir al Estado como fuente de financiación y someterse a los intereses de la política como forma de supervivencia.
Tipo de trabajo:opinión
