El grave retroceso institucional de insistir en la ley de lemas
Seguir utilizando sistemas electorales a medida de dirigentes o de partidos que temen perder poder degrada los procesos y resulta una estafa para los votantes
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LA NACION
La institucionalidad democrática puede degradarse de muchas formas. Un Estado puede quedar capturado desde afuera por el delito organizado. Desde adentro, puede verse jaqueado por la corrupción estructural. También se degrada a partir de la discrecionalidad de gobernantes decididos a debilitar las instituciones para fortalecerse personalmente o para favorecer a dirigentes, funcionarios y allegados. Un retroceso institucional basado, entre otros aspectos, no solo en el mantenimiento o la intención de incorporar la ley de lemas, sino en desdoblamientos de elecciones y un sinfín de ardides para acomodar la realidad a los caprichos de perpetuarse en el poder.
En reiteradas ocasiones nos hemos referido en nuestras columnas editoriales a reflejar y denunciar el desapego institucional en la provincia de San Luis, gobernada desde 1983 por los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, este último actualmente en funciones. Nuevamente, una medida impulsada por el gobernador, ya aprobada por ambas cámaras de la Legislatura provincial, atenta contra el sistema electoral y la voluntad popular. Las elecciones de gobernador, vicegobernador, diputados y senadores provinciales del año próximo se regirán por el sistema de lemas, que ya operó en San Luis entre 1986 y 2004.
La ley de lemas, un sistema distorsivo de la voluntad popular, se encuentra vigente en cinco provincias: Formosa, Misiones, Santa Cruz, San Juan y San Luis. A esa lista se suma Chubut, que analiza por estas horas incorporarla para hacerla regir en los próximos comicios.
La ley de lemas es un sistema distorsivo de la voluntad popular hoy vigente en Formosa, Misiones, Santa Cruz, San Juan y San Luis, y en estudio en Chubut
Mediante ese mecanismo, cada partido o coalición de fuerzas políticas constituye un lema. Cada lema puede tener varios sublemas, que son listas de candidaturas o agrupación en torno al lema principal, pero con énfasis políticos diferentes –e, incluso, muchas veces antagónicos–, que no solo fomenta las divisiones internas dentro de los partidos, sino que engañan y confunden al elector.
El sistema recibe también el nombre de doble voto simultáneo, porque se sufraga por el candidato y por el partido a la vez. En la práctica, los votantes no saben a qué lista irá finalmente su voto. Esto es así porque el sublema que dentro del lema más votado obtenga la mayor cantidad de sufragios podrá imponerse a un lema que, con más votos que él, no integre el lema que termine siendo el más votado. Por ejemplo, si el sublema C del lema 1 obtiene 100 votos dentro del total de 300 del lema, puede imponerse al sublema A del lema 2 que conquistó 200 votos sobre un total de 280 sufragios conseguidos por el lema. Es decir, el candidato más votado puede terminar siendo derrotado por el que obtuvo la mitad de los votos, porque fue el sublema más elegido dentro del lema ganador. No hay otra forma para definir este engendro que una clara burla a las preferencias electorales de la ciudadanía. Lisa y llanamente, una estafa.
En este espacio ya nos hemos ocupado también de la decisión de la Legislatura sanjuanina de eliminar las PASO y que los partidos puedan presentar más de una lista de candidatos para el mismo cargo para luego contabilizarlos como de la lista más votada, es decir, introducir también en ese distrito la ley de lemas y las listas colectoras. Otro burdo engaño al electorado.
No alcanza con declamar calidad en el diálogo político o ensalzar las virtudes de la democracia. Las leyes se respetan y la palabra se honra: dos condiciones que sucumben ante la discrecionalidad de mandatarios que gobiernan como señores feudales
Santa Cruz, típico ejemplo de provincia feudal, también aplica la ley de lemas para la elección del gobernador y vicegobernador. En 2015, el candidato Eduardo Costa (UCR) pidió que se declarara la inconstitucionalidad de ese mecanismo tras haber sido derrotado, aun cuando obtuvo más votos respecto de quien finalmente resultó elegida gobernadora: Alicia Kirchner. Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó ese planteo de inconstitucionalidad, lo hizo basada en que no debe intervenir en temas de justicia local si no hay de por medio una cuestión federal, pero no escatimó una crítica a la ley de lemas, a la que definió como de “baja calidad institucional”.
Tanto en Misiones como en Formosa, ese mecanismo puede utilizarse solo para la elección de legisladores e intendentes.
En San Luis, la medida estratégicamente repuesta ahora por Alberto Rodríguez Saá –junto con la reciente eliminación de las PASO en la provincia– tiene dos objetivos concretos. Por un lado, permite ordenar la interna peronista ante su salida del cargo y, habida cuenta de que no podrá ser reelegido el próximo año, se evita definir un candidato en primarias, pues todos pueden presentarse como sublemas dentro del lema de la alianza oficialista. Por el otro, condiciona al diputado opositor y seguramente candidato a gobernador por Pro, Claudio Poggi, quien amenaza seriamente con romper la hegemonía de los hermanos Rodríguez Saá. Cabe recordar su triunfo en las elecciones legislativas del año pasado. Paralelamente, como la ley de lemas es usada como una interna abierta convertida en elección, también se derogaron las primarias abiertas y simultáneas no obligatorias que regían en esa provincia.
Esta maniobra consumada con la absoluta discrecionalidad con que gobierna San Luis la familia Rodríguez Saá, contrasta con declaraciones públicas del gobernador, que proclama, por ejemplo: “Debemos mejorar la calidad del diálogo entre los argentinos y terminar con esta situación de agonía, de conmoción”. Sin embargo, en su provincia, lejos está de promover el diálogo. Los legisladores que le responden mayoritariamente avalan cada uno de sus proyectos.
Un tanto más cínica resulta esta otra reflexión suya: “La grieta es tremenda. Trabajamos con la ideología equivocada, nos hace perder la esperanza, no nos da futuro y hasta perdemos calidad democrática”. Debería, cuanto menos, llamarse a silencio por su falta de ejemplaridad, toda vez que dos altos funcionarios del gobierno fueron condenados a cinco años de prisión y diez de inhabilitación para ocupar cargos públicos por “coacción agravada” al obligar a varios jueces a presentar sus renuncias en blanco como requisito para ocupar cargos en la estructura del Poder Judicial. Además, fueron hallados culpables de los cargos de “amenazas para alarmar y amedrentar”.
No deja de asombrar la falsa retórica del gobernador puntano. Mientras afirma que “la doble conducción es horrorosa, porque no funciona en ningún lado del mundo”, pretende borrar que San Luis llegó hace años al colmo de duplicar la intendencia de la ciudad creando una administración paralela porque el candidato del oficialismo había sido superado por uno opositor. Así convivieron durante largos meses dos intendentes, dos sedes comunales, dos concejos deliberantes, dos cuerpos de policías y dos administraciones con dos cajas de financiamiento distintas, mientras los habitantes de la ciudad no sabían siquiera dónde correspondía pagar las tasas municipales.
No alcanza con declamar la calidad de diálogo ni ensalzar la democracia. Se las respeta o no se las respeta cumpliendo las leyes y honrando la palabra, dos condiciones que sucumben ante la discrecionalidad de mandatarios feudales que degradan la institucionalidad. Ideología con valores es ideología mientras que ideología sin valores es corrupción.
LA NACION
Tipo de trabajo:
opinión
