El juez de los jubilados, bajo otro ataque del Gobierno

No debería prosperar en el Consejo de la Magistratura la denuncia infundada contra Luis Herrero, que busca atemorizar a otros magistrados independientes
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10 de julio de 2015  

Cómo se conjuga un gobierno que se dice republicano y democrático con una persecución permanente a un juez de la Nación porque falla en contra de sus intereses? ¿Cómo se explica que un Gobierno que dice defender los derechos humanos acose a un ciudadano y hombre que hace justicia? ¿Qué clase de dignidad para las personas mayores puede decirse que defiende el Gobierno cuando ataca sistemáticamente al juez Luis Herrero, de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que fue la que hizo lugar a los pedidos de los jubilados para que se les reconozca la actualización de sus haberes?

En el universo de las contradicciones en carne viva que supone el kirchnerismo no es posible contestar estas preguntas, así como no sería posible explicar la compatibilidad entre progresismo y corrupción, o entre democratización de la Justicia y Poder Judicial a medida, o entre voluntad de equidad y ocultamiento de la pobreza.

Se ha reeditado ahora el ataque que desde hace cuatro años lleva a cabo el oficialismo contra el juez Herrero. Sobre fines del corriente mes, el Consejo de la Magistratura deberá decidir si prospera o no una infundada denuncia en su contra reactivada por el diputado oficialista y consejero Héctor Recalde. El Consejo decidirá si se lo envía al Jurado de Enjuiciamento y se lo suspende hasta que se defina su remoción, si se lo apercibe o se lo multa, o si se desestima la denuncia. Herrero ya presentó un sólido descargo.

No deja de ser tragicómico que un diputado del partido gobernante que avasalla al Poder Judicial a diario, diga en su denuncia que "el consejero denunciante entiende que el magistrado Herrero se aparta de su rol y del principio de división de poderes". De los ataques no se privó tampoco la Presidenta, cuando en 2012, en un acto en Plaza de Mayo, acusó falsamente a Herrero, sin nombrarlo, de estar en contra de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Desde aquellos momentos, Herrero viene soportando presiones de todo tipo. En efecto, el camarista ha debido soportar recusaciones sin causa, razón por la cual la Sala II estuvo virtualmente parada por más de un año. Y ha debido soportar denuncias penales anónimas en el juzgado de Norberto Oyarbide.

En el Consejo de la Magistratura se lo acusó de mal desempeño por no excusarse en un caso y por tener supuestamente animosidad manifiesta contra la Anses. Los ataques se llevan a cabo de manera falaz, utilizando y descontextualizando expresiones de Herrero en una entrevista con Página 12. Pero ya estamos acostumbrados a este método fascista. Para ello, se eliminan datos, se inventan otros y se arma el relato. Esta manipulación del lenguaje y de la información ha servido también en el caso Herrero para hacerle decir lo que no dijo.

Una de las excusas para la acusación se origina en que se habría opuesto a las "políticas públicas del Poder Ejecutivo" por haber cuestionado que la Anses pague la AUH. En realidad, lo cuestionado por Herrero fue que el pago de las pensiones "no contributivas" y asistenciales se financien con dinero de la ANSeS, ya que deberían cubrirse con fondos de "rentas generales", como lo establecen las leyes.

La crítica del juez era justa, ya que quienes cumplieron con todos los requisitos para jubilarse resultan perjudicados por aquella situación, que generó una enorme litigiosidad, al punto de que la Cámara se halla en estado de privación de justicia y paralizada desde hace dos años, con 70.000 expedientes con sentencia de primera instancia que no pueden ingresar a las salas para el trámite del recurso de apelación, por falta de espacio físico. Se están elevando expedientes con fecha de diciembre de 2013 (todos los expedientes de 2014 y de lo que va de 2015 están depositados allí).

Un intento de juicio político llevado a cabo el año pasado fue abortado gracias a que numerosos jubilados y ciudadanos iniciaron una campaña pública conocida como "@Jubijueces" oponiéndose a esa medida. Se reunieron más de setenta mil firmas y el Consejo decidió archivar la causa. Gran parte de los jubilados sufrieron la pérdida del valor adquisitivo de su jubilación de manera exponencial. Pero a este Gobierno no le gusta que le recuerden lo que dice y ordena la ley y toma represalias. En la Argentina de Cristina Kirchner, los costos no provienen de violar las leyes, sino de intentar hacerlas cumplir.

Otra osadía que ha cometido la sala de Herrero ha sido confirmar una medida cautelar que suspende varias resoluciones del Banco Central y la AFIP referidas al "cepo cambiario" que afectaban una jubilación concedida por Italia en virtud de un convenio internacional ratificado por una ley.

El verdadero objetivo de este persistente acoso es destituir o neutralizar a un juez que tiene clara la diferencia entre defender los intereses del Estado y los ciudadanos y entregarse a los caprichos del Gobierno y de la Anses, y con ello disciplinar a otros magistrados que podrían seguir su ejemplo. A partir de ese objetivo, se ha buscado cualquier excusa para cuestionarlo. Pero la opinión pública tiene en claro que la persecución se da por ser un juez independiente que le recuerda al Gobierno lo que mandan los tratados internacionales, la ley y la jurisprudencia del máximo tribunal.

Por lo expuesto, sigue siendo decisivo el apoyo de la ciudadanía para que no se consume esta nueva arbitrariedad. Se ha generado un nuevo petitorio en Change.org ( http://www.change.org/orgullodeserjuez), que puede ser firmado por cualquier ciudadano. Diversas agrupaciones se manifestaron abiertamente en contra de esta persecución: el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Abogados Previsionalistas, la Asociación Argentina de Derecho Procesal, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, la Asociación Argentina de Jubilados Aportantes, la Mesa Nacional de Jubilados, y las agrupaciones Gente de Derecho y Será Justicia, entre otros.

Una alternativa válida frente al autoritarismo es la unión de los ciudadanos para defender pacíficamente, pero con energía, el valor de la libertad, cuya amenaza nos concierne y nos afecta a todos. Cualquiera de nosotros puede ser, el día de mañana, atacado injustamente por el Estado, como lo es hoy el juez Herrero.

Si el Consejo de la Magistratura remueve a Herrero, se estará removiendo a otro juez probo e independiente del Poder Judicial.

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