El lawfare como escapismo político y judicial

No hay una conspiración contra gobiernos ni contra determinados dirigentes políticos; hay causas plagadas de pruebas sobre hechos de corrupción

La destemplada reacción de muchos dirigentes del oficialismo que se escandalizan por lo que consideran una conspiración judicial y mediática contra gobiernos "populares", a la que identifican con el lawfare va sumando un estudiado dramatismo con cada fallo judicial ratificatorio de la contundencia de las pruebas en su contra en los resonantes casos de corrupción en los que son investigados.

El más contundente rechazo a esa supuesta confabulación corrió por cuenta de Cristina Kirchner, a través de la carta pública que ya hemos comentado desde estas columnas. En su escrito, la vicepresidenta de la Nación cruzó un límite institucional delicadísimo: acusó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ser responsable de esa supuesta perversa "articulación mediático-judicial para perseguir y encarcelar opositores".

Nada más alejado de la realidad que la diatriba de la doctora Kirchner. Como abogada, debería saber que los casos de corrupción que están actualmente sometidos a la Justicia –que tanto la atormentan y enardecen– se apoyan en evidencias que incluyen la confesión de los propios actores partícipes en los delitos investigados. Si aún hay sentencias pendientes, ello responde a la lentitud y complejidad de los procesos judiciales. A esto se debió, por ejemplo, la excarcelación y el envío a detención domiciliaria de varios exfuncionarios durante sus gestiones como jefa de Estado, cuyas prisiones preventivas excedían los plazos legales.

Es ciertamente entendible por otra parte que la aplicación del principio de presunción de inocencia, que rige mientras no se alcance una sentencia definitiva, disguste a buena parte de la sociedad, especialmente cuando ha sido testigo de una multiplicidad de hechos que no hacen más que confirmar la validez de las pruebas que lleva a muchísimos jueces a dictar fallos condenatorios contra funcionarios y exfuncionarios de aquellos gobiernos.

La mayor parte de las causas en las que está siendo investigada Cristina Kirchner refieren a actos de corrupción. Entre ellas, una de las más contundentes y probadas es la denominada "cuadernos de las coimas", avalada por la confesión de quienes participaron de los hechos allí descriptos. Una muestra de esa contundencia es que la Cámara Federal de Casación Penal acaba de validar los testimonios de los arrepentidos que declararon en ese expediente, rechazando, en un fallo de 200 páginas, el planteo de los acusados, que apostaban a que la causa se derrumbara. Así, la Cámara homologó 31 acuerdos en esa causa en la que se investiga a la doctora Kirchner por haber liderado una asociación ilícita para recaudar coimas de empresarios de la obra pública. Entre las declaraciones en poder de la Justicia se cuenta la que establece que los bolsos que contenían el dinero recolectado iban al domicilio de la familia Kirchner, en la calle Uruguay, en el barrio de Recoleta.

La operación de los hoteles de la exmandataria es otro caso evidente. Expone la forma de transferir dinero a sus propietarios (la familia Kirchner) por parte de personas relacionadas con ellos, a las que se favoreció con generosos y abundantes contratos de obra pública. Es un procedimiento de manual para el lavado de dinero mal habido. El propio excontador de los Kirchner, Víctor Manzanares, ha dado los detalles y ha ayudado a comprender la forma en que el matrimonio expandió aceleradamente su fortuna durante el tiempo en que solo tenía cargos públicos. Cabe recordar que Manzanares volvió a ser noticia a principios de este año cuando denunció en los tribunales de Río Gallegos haber recibido amenazas: un llamado intimidatorio en el celular que tiene con GPS y que está vinculado a la pulsera electrónica, que depende del Ministerio de Seguridad.

No es el único ejemplo. El escandaloso exjuez Norberto Oyarbide confesó públicamente que fue duramente presionado durante la presidencia de la hoy titular del Senado de la Nación para dictar en tiempo récord una sentencia exculpatoria del matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito.

Insistir con el lawfare en este contexto se asemeja más a una clara estrategia pergeñada por sus abogados que a una lógica y realista aceptación de los hechos.

Al referirse a la supuesta persecución que denuncia el oficialismo, el reconocido abogado y profesor de Derecho Constitucional Roberto Gargarella decía con acierto en una reciente columna de opinión que, en las últimas épocas, el kirchnerismo "fue menos víctima que verdugo del Poder Judicial", que si hubo en América Latina una fuerte avanzada judicial sobre líderes políticos es porque los niveles de corrupción "han sido extraordinarios", y que si las únicas víctimas del supuesto lawfare son los gobiernos populares, cómo se explica que "entre los ‘perseguidos’ internacionalmente se amontonen, junto con los expresidentes ‘progresistas’, políticos de ‘derecha’ y empresarios ‘conservadores’ que –se suponía– deberían haber sido protegidos por el poder neoliberal" (Uribe, Kuczynski, Alan García, Vizcarra Cornejo, Odebrecht). Y agrega otro dato que no puede soslayarse. La teoría del lawfare puesta en boca del kirchnerismo no puede esclarecernos que Dilma Rousseff haya sido la principal impulsora de la delación premiada, aprobada en Brasil, en 2013.

Lo realmente lamentable de todo este recreado relato es la firme voluntad de sus escribas y propaladores de seguir victimizándose y, entre otras cuestiones que tampoco hay que perder de vista, de seguir usando ese y otros falsos argumentos para negarse a sancionar una ley de ficha limpia, que impida presentarse a elecciones de cargos públicos a los procesados por corrupción que cuenten con una condena firme en segunda instancia judicial.

No se puede negar que el lawfare es siempre una posibilidad. Pero el intento de categorizar de esa forma los juicios por corrupción de la administración kirchnerista es solo un escapismo.

El presidente Alberto Fernández,que apoyó la lamentable carta pública de Cristina Kirchner, debería dejar que la Justicia actúe, respetando plenamente la división de poderes.