El mecenazgo porteño

Las autoridades del Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires anunciaron días pasados los proyectos culturales que se beneficiarán con el programa de mecenazgo bajo la ley de participación cultural vigente desde octubre del año pasado.

La norma mencionada reemplazó un sistema anterior, que regía desde 2008. La sanción de la nueva ley significó una sensible mejora del sistema de mecenazgo de la ciudad, que tuvo el mérito adicional de haber sido el primero en ponerse en práctica en la Argentina.

Los mecanismos de este tipo, que, con variantes, existen en otras jurisdicciones y países, son, sin duda alguna, una herramienta esencial para el desarrollo de la cultura. Al mismo tiempo, su propia naturaleza exige la existencia de mecanismos de selección que aseguren su transparencia: no debe olvidarse que el mecenazgo, tal como está concebido en la ciudad de Buenos Aires, no consiste en otra cosa más que en destinar fondos públicos a fomentar pocas y determinadas actividades culturales. Esos fondos, de lo contrario, irían a engrosar las arcas municipales para la atención de todas las otras necesidades que están a cargo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por eso, los mecanismos de selección por los cuales se determina quién, cómo y por qué ha de ser favorecido deben ser impecables. Más allá de algunas escasas críticas puntuales, más derivadas de la existencia de recursos finitos que de certezas, el sistema porteño ha funcionado acertadamente.

La ley de participación cultural introdujo innovaciones sustanciales al sistema, que deben ser juzgadas favorablemente. Una de ellas es la exigencia de que no todo el apoyo que reciba un proyecto provenga del dinero que, de otra manera, el patrocinador debería ingresar como impuestos o gravámenes municipales. Ahora se exige que este contribuya con un porcentaje escalonadamente creciente de fondos propios. Esta modificación no solo tiene consecuencias económicas favorables para el presupuesto de la ciudad, sino que afecta también el "ánimus" con el que los contribuyentes evalúan los proyectos que habrán de favorecer con su propio dinero. La cercanía de los donantes a la naturaleza y características de los fenómenos culturales dignos de apoyo tiene un efecto notable sobre el ambiente artístico y literario de la ciudad.

Otra innovación positiva es la limitación de la cantidad de proyectos por presentar por cada posible beneficiario del sistema, lo que redunda en una mayor variedad de alternativas.

Señalados esos puntos positivos, cabe identificar algún aspecto adicional que debería merecer la atención de la autoridad de aplicación. Valga como ejemplo el de los casos en que se han destinado fondos de mecenazgo para la reparación o remodelación de inmuebles de propiedad privada a los que el público en general no tiene acceso.

Agregar valor a bienes particulares con fondos públicos puede derivar en una grave distorsión de los propósitos del sistema y, eventualmente, en complicaciones legales de importancia. Si bien la inclusión social aparece como uno de los aspectos que se tienen en cuenta en las evaluaciones respectivas, el impacto al que hacemos referencia -vinculado, sobre todo, con la accesibilidad pública- es de naturaleza diferente y no debe ser soslayado.

Otra cuestión por analizar es si el sistema de mecenazgo no debería contemplar su aplicación a la adquisición de obras de arte o bienes patrimoniales mediante un esfuerzo colectivo cuando su venta al exterior podría implicar un daño irreparable al patrimonio cultural porteño. La urgencia de estas situaciones y el necesario análisis acerca de su mérito exigirían introducir modificaciones sustanciales a la legislación vigente, pero el costo de adaptación de las normas aplicables se vería más que excedido por los beneficios de proteger el patrimonio artístico argentino.

En otros países, los esfuerzos por adquirir para el dominio público obras de arte que de lo contrario partirían indefectiblemente al extranjero han sido organizados en forma de campañas de suscripción pública. Extender el mecenazgo a esas iniciativas sería un paso adelante en un área en la que la ciudad y el país carecen de herramientas necesarias.

Un corolario de todo lo anterior es evidente: todos los esfuerzos económicos a favor de la cultura no pueden estar circunscriptos a iniciativas espasmódicas o generadas únicamente por el sector privado: deben estar inscriptos en una política sostenida y consistente, de largo plazo y libre de vicisitudes y manipulaciones políticas partidarias.