El oficialismo pretende intimidar a los argentinos

Axel Kicillof es gobernador de Buenos Aires y candidato de Unión por la Patria a gobernar la provincia por un período más.

Ni en un país con valores republicanos determinados por la historia y por la Constitución ni en las democracias plenas de cualquier parte del mundo habría lugar alguno en el escenario público para alguien que haya abjurado de la seguridad jurídica. Solo habría espacio para el escarnio de sus compatriotas.

Tiempo atrás, en una visita al Congreso por cuestiones inexplicables vinculadas con el accionariado de YPF, Kicillof se permitió declarar que consideraba horrible la expresión “seguridad jurídica”. Quien detesta la seguridad jurídica se siente naturalmente cómodo bajo el paraguas, un tanto maltrecho ahora, de la primera actriz partidaria, pero Kicillof sigue siendo un peligro para la república. Su reelección, si se produjera, no daría mayor sosiego a los argentinos, aunque lo aplauda la caterva de los actuales funcionarios públicos aferrados a sus prebendas y empeñados en sembrar el pánico en caso de que la oposición triunfe en las próximas elecciones.

El menosprecio de Kicillof por el principio de seguridad jurídica no desentona con otras expresiones brutales, pero más concretas de la constelación oficialista que ha pretendido estos días conmover a la opinión pública.

No se ha privado de tal tipo de imprudencias Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial en apuros en ese doble papel. Se refirió al “pasado montonero” de Patricia Bullrich, pese a que la dirigente de Pro hizo ya una oportuna autocrítica de su militancia en la Juventud Peronista, mientras desde el kirchnerismo se siguen defendiendo los ideales de quienes sembraron la violencia en los trágicos años 70, a quienes incluso premió con cargos. Sugirió irresponsablemente un vínculo de Horacio Rodríguez Larreta con el suicidio de René Favaloro, al cumplirse cien años de su nacimiento. Y para coronar su campaña de miedo, denunció falsamente que la principal fuerza opositora planea terminar con el PAMI, cuando de lo que se trata es de ponerle fin a la corrupción que anida en su seno.

Tampoco fue ajeno a esta campaña Aníbal Fernández, encargado de la seguridad pública, quien había dicho que si gana la oposición “las calles van a estar regadas de sangre y de muertos”.

Kicillof terminó haciendo en la arena electoral una predicción difícil de superar en voluntad intimidatoria: “La derecha está dispuesta a asesinar gente”

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien regentea a su capricho la provincia más pobre de la república, incapaz de dotarla de una capacidad productiva que al menos reduzca la humillación que significa que de cada 100 pesos que gasta 93 provengan del Estado nacional, ha expresado, por su parte, que todo lo que dicen los dirigentes opositores “va a ser con derramamiento de sangre, porque es insostenible”.

Y el propio Kicillof, volviendo sobre el mismo tema, terminó haciendo en la arena electoral una predicción difícil de superar en voluntad intimidatoria: “La derecha está dispuesta a asesinar gente”.

El gobernador bonaerense se abraza hoy con el candidato presidencial de su facción, que desespera por lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero él se despacha con proclamas guerreras: “No le tememos al FMI. Kirchner lo sacó de una patada”. ¿De una patada? ¿O cancelando con el Fondo una deuda para contraer otra mucho más cara con el déspota venezolano que moriría tiempo después en brazos de los hermanos Castro? Sería bueno que hablara por una vez en serio, sin inventar situaciones de arrojo en la conducta del presidente codicioso con los dineros públicos, que desperdició los vientos favorables al país de principios de siglo. No debería olvidar que Néstor Kirchner entró en la Casa Rosada con el camino despejado de peligros inmediatos que le habían dejado los ministros Jorge Remes Lenicov y Roberto Lavagna durante la presidencia de Eduardo Duhalde y los precios excepcionales que tuvieron a principios de siglo los granos producidos por el campo.

En lugar de pretender intimidar a una población crecientemente harta de los desasosiegos suscitados por sus gobernantes, Kicillof debería dedicarle unos minutos a examinar el pavoroso cuadro que plantean algunos datos estadísticos de la provincia que gobierna en materia de delitos penales.

La política, se ha dicho bien, es un espejo de la vida, ajena a los laboratorios asépticos de las ideas platónicas. Pero hay límites naturales que, una vez transgredidos, quebrantan las bases mínimas de la convivencia civilizada. Es verdad que durante los prolegómenos de esta campaña electoral se han cruzado en campos de aliados imputaciones de una gravedad impropia no solo de la política, sino también de la ética. Pero la campaña organizada en términos sistemáticos que han lanzado los principales voceros de la fuerza gobernante para intimidar a la ciudadanía ha excedido lo conocido y tiene un claro y peligroso corte fascista.

¿Con qué derecho van a invocar el supuesto odio de quienes se han opuesto a sus designios antidemocráticos y claman con energía, además, por el triste papel de una Argentina que en estos últimos cuarenta años –los de la democracia recuperada– ha crecido menos que toda América Latina, región que a su vez ha crecido menos que el promedio de desarrollo en ese período en el mundo?

La oposición debe desarrollar sus reflejos y corregir sin demora sus errores para hacer frente a los viles ataques oficialistas

¿Acaso están avisando que las reformas estructurales que urgen al país para poner coto a su dramática involución deberán resolverse en la calle, antes, durante o después de que se resuelvan en el Congreso de la Nación? No olvidamos los asaltos a supermercados del Gran Buenos Aires a fines de 2001 ni la complicidad de algunos intendentes del peronismo, por más que haya habido esfuerzos por desligarlos de tamañas responsabilidades en los últimos años.

Qué decir de las actitudes del presidente de la Nación para abajo, con funcionarios que, tras el movimiento insurreccional que se levantó en Jujuy contra la reforma constitucional acordada por el gobierno radical con una franja amplia del peronismo, solo formularon declaraciones en desmedro de las fuerzas de seguridad. Estas procuraron con serias dificultades preservar el orden público ante grupos de forajidos que intentaron incendiar la sede de la Legislatura provincial. Todavía se prolongan cortes de rutas en actos sediciosos violatorios de la propia Constitución nacional como el que se cobró la vida de una mujer en estos días.

Es tal la angustia ciudadana por el desorden público, por la inseguridad personal y jurídica, por los ataques constantes al Poder Judicial en aras de lograr la impunidad de actos de corrupción por los que están encausados la vicepresidenta y otros funcionarios públicos, por el crecimiento de la pobreza y la indigencia, por la degradación de la educación pública y por otras tropelías de la presente administración, que no debe llamar la atención la pérdida de posiciones de las fuerzas oficialistas en los comicios parciales realizados hasta aquí.

De haber actuado la oposición con más sabiduría, con mayor cohesión y capacidad más aguzada en la focalización en los temas preocupantes para la sociedad, habría salido más beneficiada. Habría habido, probablemente también, un porcentaje menor de votos en blanco o anulados y una asistencia a las urnas compatible con mejores tradiciones electorales de participación ciudadana.

La oposición debe desarrollar sus reflejos y corregir sin demora tantos errores para hacer debido frente a los viles ataques oficialistas que podrían seguir amenazando y crispando a una ciudadanía demasiado cansada.