El peligroso laboratorio bonaerense

Entre los primeros actos de gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, aparecieron solapados dos decretos de significativa trascendencia: la designación del ministro de Salud Daniel Gollán –hoy diputado nacional– y del titular de la Agencia de Recaudación provincial (ARBA), Cristian Girard.

Con idéntica redacción, los considerandos de ambos decretos pretendieron eludir los obstáculos legales que enfrentaban estas designaciones. Los dos postulantes cargaban con una mácula expresamente prevista en las normas aplicables para la asunción de cargos públicos por estar personalmente involucrados en causas penales.

Sin embargo, afirmando que ambos postulantes “reúnen en plenitud los requisitos establecidos” respecto de los procesos penales que los comprometen se lee: “Dicho proceso se encuadra bajo el concepto de lawfare, entendido como el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación, donde se combinan acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa”. Y se agrega: “Una causa judicial iniciada en el marco de un proceso de persecución política, judicial y mediática inédito en la República Argentina desde el retorno a la democracia en 1983 no puede implicar impedimento alguno o inhabilidad para que ningún ciudadano pueda cumplir una función pública”.

A la ilegalidad de ambas designaciones, cuyos encuadres deberían ser a su tiempo investigados, por primera vez se intentó dar vida formal al instituto del lawfare.

Por otro lado, desde el inicio de su gestión, Kicillof dispuso reiteradamente medidas destinadas a desintegrar el formato institucional de la provincia de Buenos Aires como venimos señalando desde estas columnas.

Preocupa una planificada demora en la cobertura de cargos tanto en la jurisdicción (jueces y camaristas) como en el Ministerio Público (fiscales, defensores, asesores tutelares y curadores), con vacantes que superan ya el 20% del total. Luce paradigmático el caso de la Suprema Corte provincial, con tres de sus siete miembros sin designar, evidenciando la manifiesta decisión de vaciar económica y financieramente al Poder Judicial, sin reconocer además las imprescindibles mejoras presupuestarias frente al desatado impacto inflacionario. Se revela permanentemente la decisión de reducir al Poder Judicial para que no pueda cumplir las mínimas funciones propias del servicio de justicia.

La Justicia bonaerense se encuentra en evidente estado de emergencia y virtual paralización. Esta situación ha sido advertida recurrentemente por la Suprema Corte provincial, el Colegio de Magistrados y Funcionarios y el Colegio de Abogados bonaerense, entre muchas otras instituciones, personas y medios de comunicación.

Manifestaciones y declaraciones públicas de funcionarios y militantes suman campañas de desprestigio con foco en miembros del Poder judicial con la palmaria intención de privarlos de credibilidad, promoviendo la desconfianza en la Justicia en el afán por avanzar hacia un modelo de concentración que desplace al sistema judicial.

Como ya destacáramos, el empecinamiento oficial por desplazar de su cargo al procurador general Julio Conte Grand pretende eliminar toda garantía de imparcialidad en la conducción del Ministerio Público, para contar, en definitiva y entre otras cosas, con un reaseguro, aunque írrito, respecto de cualquier proceso de investigación sobre desvíos en la acción de gobierno.

El grave estado de situación provincial lesiona garantías básicas de los ciudadanos, como las vinculadas a la tutela judicial efectiva, el acceso a la Justicia y la asistencia a las víctimas, que encuentran respaldo en nuestros preceptos constitucionales y hallan fundamento supranacional en tratados y convenciones internacionales.

Día tras día, el deterioro de políticas institucionales con asiento en la acción del Poder Judicial respecto de los delitos en general, el combate del flagelo de la violencia de género y la lucha contra el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, se debilitan. Mientras tanto, la sociedad bonaerense sufre el crecimiento de la inseguridad con un imparable aumento del delito.

En paralelo a este accionar respecto de la Justicia, se avanza en la limitación de las potestades de los municipios, germen histórico de la estructura política y administrativa de la provincia, restringiendo sus recursos, sustrayendo sus funciones y sometiéndolos día tras día a una asfixia presupuestaria que cercena sus autonomías.

La provincia de Buenos Aires es, ya no caben dudas, el laboratorio experimental de un nuevo modelo político. Se pretenden allí centralizar las funciones estatales imponiendo un totalitarismo institucional, sin equilibrio ni controles, que no protege las garantías individuales, estructurado con el único fin de reunir y acumular poder, por fuera del concepto de servicio a la sociedad.

Con índices de pobreza en niveles alarmantes en el plano nacional, muy superiores en el territorio de la provincia, el modelo en experimentación se consolida en torno al sistema prebendario, que impone un sometimiento cuasi servil a los designios de quienes ejercen el poder virtualmente unificado.

Asistimos a un cruento ensayo de deconstrucción social y política y a la gestación de noveles formas de convivencia asentadas en la monopolización del ejercicio del poder, limitando y en última instancia avasallando, los derechos y las garantías individuales y colectivos.

El avance hacia la configuración de un modelo autocrático, situado claramente en las antípodas del sistema republicano debe preocupar y activar los mecanismos que las mismas instituciones prevén y que la ciudadanía debe reclamar sin más demoras.