Tasas exorbitantes y mal aplicadas
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Ha tenido ecos en nuestro país la alarma mundial por la severidad de las condiciones climáticas con las que podría manifestarse el fenómeno de El Niño entre la primavera de este año y el verano de 2026.
Desde Misiones y una parte considerable del Noreste Argentino hasta la provincia de Buenos Aires, se están oyendo voces para que se adopten las medidas preventivas al alcance de las autoridades nacionales, provinciales y municipales para contener en lo posible los efectos dañinos de El Niño.
En una reciente declaración, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) exhortó a las autoridades gubernamentales, en lo que pareciera tener como destinatarios directos a los altos funcionarios bonaerenses, a no olvidar que el distrito cuenta con 120.000 kilómetros de caminos rurales que se encuentran en pésimo estado a lo largo de numerosos municipios. Los reclamos se han hecho sentir con fuerza en partidos como Rojas, Colón, Magdalena, Punta Indio, Saladillo, 9 de Julio, General Alvarado y General Pueyrredón.
Se multiplican los testimonios sobrecogedores. Alba Galilea Hereñu, directora de la Escuela Primaria N° 6 de Vergara, partido de Magdalena, cada vez que llovía se estancaba en caminos anegados, intransitables, con su automóvil. Debió endeudarse para comprar a crédito una camioneta 4x4 que le permitiera asistir diariamente a los seis alumnos de aquel establecimiento rural. El 24 de abril dirigió una carta al intendente de Punta de Indio, David Angueira, porque debe atravesar ese municipio para llegar al destino escolar y, si llueve con alguna intensidad, la señora Hereñu no tiene otro remedio para llegar a su escuela que extender en 50 kilómetros el recorrido diario.
Son frecuentes las quejas de productores rurales ante la exorbitancia de las tasas por conservación de caminos y por los desvíos en que suelen incurrir en tales exacciones fiscales, al aplicarse lo recaudado a otros destinos por subterfugios de la administración distrital.
Un estudio de Abeceb, la consultora en asuntos económicos a cargo de Dante Sica, ha señalado que los montos por tasas se han triplicado en la provincia de Buenos Aires en los últimos ocho años, con aumentos en las alícuotas que han ido del 0,71% a más del 3% según los municipios.
La tasa de inspección de seguridad e higiene es uno de los seis tributos que explican, en conjunto, el 85% de la recaudación tributaria nacional, según el último vademécum tributario del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Que una tasa municipal comparta ese grupo con el IVA o Ganancias, entre los 150 gravámenes vigentes en el país, mide cuánto crecieron en la última década.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha estado atenta a la reiteración de hechos que llegan, por parte de los gobernantes, a confundir los conceptos de impuesto y tasa, que es la contraprestación por un servicio concreto brindado desde algún nivel del Estado.
En los autos “Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos y Jubilados de la Fraternidad, Sección Pergamino FC Mitre c/ Municipio de Pergamino s/pretensión declarativa de certeza”, el más alto tribunal del país actualizó, en la dirección correcta, su jurisprudencia sobre tasas. Lo hizo en una sentencia del 10 de septiembre, en la que dijo que “al cobro de toda tasa debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado del contribuyente”.
El máximo tribunal fue aún más lejos: determinó que para la fijación de una tasa deben contemplarse dos requisitos concurrentes. Uno, de orden general, que establezca un tope de recaudación en función del costo global de las prestaciones directas e indirectas que demanda organizar y poner a disposición el servicio. Su incumplimiento, dijo, “torna por sí solo ilegítima la tasa”. El otro requisito fijado por la Corte refiere a cada contribuyente y decide que es “inválida la carga exorbitante desconectada del costo de prestarle el servicio”.
La jurisprudencia no puede ser más firme en relación con las obligaciones que asisten a los poderes públicos sobre las recaudaciones por tasas y por la responsabilidad de mantener transitables las vías públicas. Pero no hay justicia cuando esta cae en demoras de dilatación inconcebible.
Ocurrió eso en Colón. Solo después de 9 años de litigio por el estado de los caminos rurales, la Municipalidad de ese partido del norte bonaerense fue condenada por el juez en lo contencioso administrativo de Pergamino a reparar en un plazo de 60 días los caminos de aquella jurisdicción y mantenerlos en debido estado con una periodicidad razonable.
El fallo concernía a la demanda iniciada por un productor que por largo tiempo no pudo acceder a su campo, trabajar, y entrar y sacar animales e insumos, a raíz de la gravedad de los anegamientos habituales producidos por lluvias. Por vía separada, la Sociedad Rural de Colón se dirigió al intendente local para que informara sobre la recaudación y el destino que otorgó a los recursos destinados a la red vial durante los últimos cuatro años.
Así las cosas, la opinión general del país debería valorar aún más de lo que lo hace la contribución del campo a la creación de riqueza. El campo carga no solo con el peso de una exacción tributaria excesiva y discriminatoria a raíz de gabelas estrictamente dirigidas a la producción agropecuaria como son las retenciones, bien que disminuidas, y hasta eliminadas en algunos casos, en relación con las que habían impuesto los gobiernos kirchneristas, pero que persisten con porcentajes importantes sobre cultivos esenciales como la soja, el maíz y el trigo.
Un campo que por añadidura debe soportar la desidia de gobernadores e intendentes configura un cuadro injusto e inadmisible, que explica en no pocos casos la orientación del voto rural en la provincia.
