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El plan Bonex y la confianza pública
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El proyecto de ley por el cual el gobierno nacional propicia la sustitución obligatoria de los depósitos bancarios reprogramados por un bono a diez años en dólares o a cinco años en pesos es la dolorosa consecuencia de un proceso en el cual los múltiples desequilibrios del sector público y la incapacidad para disciplinar las cuentas fiscales han sido permanentemente trasladados al sector privado hasta el punto de provocar el colapso del sistema financiero.
En las últimas semanas se asistió a un fenómeno por demás curioso, al compás de la continua fuga de dinero de los bancos y al drama de millones de ahorristas que veían cada vez más lejana la posibilidad de reencontrarse con el capital que en su momento les confiaron a las entidades bancarias.
Se trata de un fenómeno dado por el hecho de que ninguna de las partes involucradas en este juego deja de tener razón. Los ahorristas tienen sus legítimos motivos para demandar la devolución del dinero que depositaron en los bancos; no sólo confiaron en su país, sino que lo hicieron al amparo de una ley de intangibilidad de los depósitos sancionada por ambas cámaras del Congreso de la Nación, que garantizaba el monto, el plazo y la moneda de origen de su inversión, más allá de las normas constitucionales que resguardan el derecho de propiedad. Los jueces que hicieron lugar a miles de recursos de amparo de los ahorristas tienen sus razones, ya que han actuado en defensa de elementales derechos establecidos en las leyes y en la Constitución. Por último, los bancos también tienen sus razones al reclamar que se ponga fin al llamado goteo de fondos que se encontraban en el corralito, dado que es sabido que no existe sistema financiero en el mundo capaz de sobrevivir si todos los ahorristas convergen al mismo tiempo para retirar sus depósitos.
Hubiera sido preferible que, desde un primer momento, el intervencionismo estatal cediera su lugar al acuerdo entre las partes involucradas, esto es, entidades financieras y ahorristas. Lamentablemente, el cambio de reglas de juego, con la devaluación de la moneda y la pesificación de deudas que de otro modo no iban a poder ser saldadas, generó asimetrías y serias dificultades para aquel acuerdo, dando paso a un largo camino de marchas y contramarchas desde el gobierno nacional que ha derivado en un intento de solución bastante parecido al que se adoptó a comienzos de 1990 con el primer plan Bonex.
En aquella oportunidad, cuando Carlos Menem ejercía la presidencia de la Nación y Antonio Erman González estaba al frente del Ministerio de Economía, la República enfrentaba su segundo estallido hiperinflacionario en escasos meses y el Gobierno decidió extraer recursos del sector privado -más concretamente, los depósitos a plazo fijo superiores al millón de australes- y convertirlos en un bono a diez años con el fin de financiar al sector público.
La situación a la que se ha llegado ahora, 12 años después de aquella confiscación de ahorros privados, reconoce un origen semejante. La incapacidad de quienes administraron el Estado nacional y muchas provincias condujo a un endeudamiento desproporcionado; el sector público consumió la mayor parte del crédito del sistema financiero para paliar su abultado déficit fiscal, provocando una fuerte elevación de las tasas de interés, asfixiando al sector privado y aumentando la recesión. La desconfianza generada desde el Estado provocó durante todo el año último una continua fuga de depósitos e hizo colapsar al sistema bancario, proceso que se agravó al declararse el Estado en default.
Pese a que, frente a las justificadas demandas de los ahorristas, el Gobierno ha preferido descargar sus críticas contra las entidades financieras -cuya mayor culpa pasa por haberle prestado demasiado dinero a un sector público que sabían insolvente-, el diagnóstico de los actuales males no es complejo: la sociedad toda, y los ahorristas en particular, está pagando con sus penurias los múltiples desequilibrios generados desde las administraciones nacional y provinciales.
Lo lamentable es que el presidente Eduardo Duhalde, en tanto representante de la clase política que nos condujo a este descalabro, parezca ignorar en su discurso este diagnóstico, que también explica la licuación de los ahorros de los aportantes al régimen de jubilaciones privadas.
La iniciativa oficial de convertir en bonos la totalidad de los depósitos reprogramados sólo puede aceptarse en función de la emergencia y en tanto y en cuanto se contemple la situación de las personas enfermas o mayores -el límite de 75 años parece muy alto y merecería flexibilizarse-, que no pueden esperar cinco o diez años.
Pero será fundamental entender que toda emergencia tiene un límite y que la perduración de la propia democracia se pone en riesgo cuando desde el Estado se revocan permanentemente las normas de convivencia y se altera la estabilidad de las reglas de juego en nombre de una emergencia que no termina de resolverse.
La única solución posible pasa por la recuperación de la confianza. Y la confianza no se recuperará en tanto los principales sectores políticos que han tenido la responsabilidad de gobernar en los últimos tiempos, comenzando por el actual jefe del Estado, no admitan públicamente que la gravísima situación actual es producto de que la mayor parte del dinero al que hoy no pueden acceder los ahorristas ha sido consumida y derrochada por un sector público voraz, que durante años tomó prestado mucho más de lo que podía y que hoy no está en condiciones de devolver.
Si el al parecer inminente canje de depósitos bancarios por bonos de un Estado que ha caído en cesación de pagos no es acompañado por una serie de reformas estructurales que dejen de lado cualquier tipo de clientelismo político o de demagogia populista, si no se produce un ajuste por medio de la eliminación de nichos parasitarios y corruptelas, si no se eliminan las jubilaciones de privilegio y las prebendas de la dirigencia política y si no se avanza hacia una regionalización del país, con la consecuente desaparición de un gran número de legislaturas y concejos deliberantes, de nada servirá el esfuerzo de tantos argentinos y la confianza sólo será en la Argentina una expresión que adornará los diccionarios.
