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El Plan Jefes y Jefas de Hogar
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Ante la dramática situación social padecida por millones de argentinos, el Gobierno ha lanzado el Plan Jefes y Jefas de Hogar, por el cual se les otorgan 150 pesos mensuales a los jefes y jefas de familia que están desocupados. Es plausible el esfuerzo realizado porque, al margen de numerosas fallas que lo afectan, en menos de tres meses un millón y medio de familias está recibiendo apoyo financiero del Estado. Dada la urgencia de esta coyuntura, la transferencia directa de dinero es la vía más ágil para llegar a los más necesitados.
Sin embargo, es esencial corregir algunos aspectos de la gestión del plan, ya que han surgido irregularidades que, de no ser revertidas, pondrán en riesgo la credibilidad y la legitimidad del programa. Entre otros inconvenientes, ya se ha comprobado que apenas un escasísimo porcentaje de los beneficiarios cumple la contraprestación laboral exigida por el plan oficial.
Por ello, debe ser encarada rápidamente la solución de las irregularidades descubiertas, algunas de las cuales son consecuencia de la urgencia con que fue elaborado y puesto en práctica el programa y otras provienen de los tradicionales vicios que son inherentes al clientelismo político.
Para empezar, es menester poner en marcha el control ejercido por los consejos sociales locales, terminando de conformarlos donde aún no se ha hecho y haciendo efectivos los ya existentes. La única manera de garantizar la transparencia en el manejo del programa es a través de un mayor involucramiento de los representantes de la comunidad, quienes deben ejercer toda su autoridad para evitar el más mínimo desvío respecto de las pautas fijadas. La mayor participación de las organizaciones comunitarias abonará el principio de subsidiariedad que debería prevalecer en todos los programas sociales, de manera tal que el Estado delegue todas aquellas funciones para las cuales hubiere actores sociales más aptos y capacitados.
Con el mismo objetivo, el Estado nacional tiene que ser inflexible con aquellas provincias que aún no han completado las bases de datos de los beneficiarios. De ese modo se podrá determinar en forma más precisa si quienes han sido incluídos en el programa son efectivamente los más necesitados y no reciben algún otro beneficio del Estado. Dada la limitación que hay en los recursos y la moderna tecnología disponible para comprobar probables desvíos, no es admisible en modo alguno el lujo de que los fondos lleguen a favorecidos por cualquier otro plan social, mientras hay desposeídos marginados de cualquier clase de ayuda.
La correcta completa aplicación de dichas medidas permitiría que la selección de los beneficiarios fuese más estricta, pues los criterios establecidos inicialmente por el programa son demasiado genéricos. Se debe priorizar a los indigentes, que son aquellos que ni siquiera tienen para comer. Por otra parte, también debe haber garantías de que quien recibe el subsidio hace, en efecto, la contraprestación laboral.
Asimismo, es imprescindible realizar un gran esfuerzo para poner en práctica el efectivo control del cumplimiento de los compromisos que deben asumir los beneficiarios en cuanto a la atención sanitaria y educativa de sus hijos. Eso es lo que hace que el programa esté por sobre el mero asistencialismo y ayude a fortalecer las capacidades de los más jóvenes para que se sobrepongan estructuralmente a la pobreza. Los consejos sociales locales tambien tienen que intervenir en la implementación de esos controles, que requieren un enorme trabajo de organización.
Finalmente, la gestión del programa debe ser concentrada en un organismo independiente y profesionalizado, cuyos funcionarios no dependan de los avatares de la política partidista. En ese sentido, sería conveniente que el protagonismo que la esposa del presidente de la Nación ha asumido en este tema fuese atenuado con absoluta premura. Determinación que permitiría convertir el programa en una verdadera política de Estado, único camino para que esa muy positiva iniciativa tuviese continuidad en el tiempo y quedase totalmente al margen de los manejos e intereses políticos. En definitiva, la única forma en que en un país serio y confiable debe ser encarada la resolución de los problemas de cualquier índole.
