El Poder Judicial, en problemas

Episodios recientes han puesto en evidencia las dificultades que seguirá sufriendo la Justicia en su esfuerzo por recuperar la independencia, el prestigio y la credibilidad, si continúa sometida, como ha ocurrido hasta ahora, a las presiones políticas y al consecuente manoseo de la dignidad de los magistrados.

No es ése el camino más favorable para que la ciudadanía restablezca la imprescindible confianza que debería depositar en las instituciones judiciales y en quienes las desempeñan. Confianza que, por supuesto, se fue diluyendo a fuerza de públicos y muy resonantes tropiezos.

Gravísimas, por ejemplo, fueron las recientes denuncias de una ex jueza de la provincia de San Luis, quien reveló que al ser propuesto su nombramiento por el Poder Ejecutivo provincial, se le exigió que firmara su renuncia anticipada al cargo para el cual se la proponía, con la fecha en blanco. Naturalmente el documento quedaba en manos del poder administrador, paradójicamente el Ministerio de Legalidad. Ante la resistencia inicial de la ex jueza, se le exhibieron otras renuncias de magistrados firmadas sin fecha, señalándose que en la provincia las cosas se hacían de esa manera.

La falta de colaboración de la ex jueza en una operación de prensa contra otros colegas, que insólitamente le fue requerida desde el poder político, resultó suficiente para que la magistrada amaneciera una mañana enterándose de que "había renunciado" a su cargo y que la dimisión había sido aceptada.

Vergonzoso resulta el procedimiento, que según se ha sabido, no es exclusivo de la provincia de San Luis, y reprochable la conducta de la ex jueza por haber aceptado el condicionamiento, aunque luego lo hubiese denunciado a la justicia federal de Mendoza y la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

Otra controversia totalmente discordante con la mejor tradición judicial argentina fue la que se produjo por causa de las protestas por el fallo que confirmó la excarcelación de Omar Chabán, con motivo de la tragedia de la discoteca República Cromagnon. Los reclamos de los familiares, la indignación popular fomentada por algunos medios, los disturbios callejeros y las inadecuadas quejas presidenciales que criticaron una decisión judicial, impulsaron a los camaristas que resolvieron el recurso a solicitar su excusación para seguir entendiendo en el caso, por sentir que habían perdido "la calma de espíritu" necesaria para seguir en la causa.

La excusación fue rápidamente rechazada por sus colegas de la Cámara, quienes pusieron las cosas en su lugar, como correspondía en derecho. Los restantes camaristas alegaron que separar del caso a sus colegas constituiría "una claudicación inaceptable", que la excusación debe referirse a causas anteriores al proceso, y que, de aceptarse este precedente, "cualquier protesta masiva contra un fallo judicial podía ser empleada como un espurio procedimiento para apartar magistrados" de un litigio cuyas definiciones contraríen las expectativas de la parte perdedora.

Las sentencias judiciales no tienen por qué ser del agrado de nadie y, a veces, ni siquiera de quien gana el pleito, pero ciertamente no son dictadas con la intención de ser aplaudidas. Sencillamente, responden a la evaluación de los hechos del caso y su adecuación a la ley vigente. Equivocados o no, los magistrados se deben a sí mismos la mínima coherencia con sus propios actos, a los cuales tienen que atenerse.

En definitiva, los jueces son servidores de una dama con los ojos vendados y, por lo tanto, no vidente, aunque no a la realidad que los circunda ni a los preceptos de la ley, sino a toda influencia ajena a la soledad del despacho judicial. Es imposible omitir estas dos situaciones y cómo contrastan con la sana intención de recuperar la independencia y el prestigio del Poder Judicial.

Ambos conflictos han tenido solución dentro del sistema o la tendrán, pero no se debe olvidar que se está hablando de la más importante de las magistraturas públicas, aquella que es guardiana de la Constitución Nacional, ley de leyes, y de la libertad, la honra y los bienes de los ciudadanos.

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