El positivo balance de las elecciones con boleta única
Tras el auspicioso debut del nuevo sistema en los comicios nacionales, la BUP debería extenderse a provincias y municipios
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El debut de la Boleta Única de Papel (BUP) fue muy auspicioso, se votó rápido y el nuevo instrumento fue fácilmente comprendido por la ciudadanía, de manera que el porcentaje de votos nulos fue de apenas el 2,5 % en todo el país cuando se esperaba que superara el 4% con motivo del cambio de usos y costumbres que representaba. También facilitó el escrutinio en las mesas resultando pocas diferencias entre el muestreo provisional a cargo del poder ejecutivo y el escrutinio definitivo a cargo de la justicia electoral.
El nuevo instrumento de votación le otorga mayor libertad a los votantes para elegir sus opciones, liberándolo de las largas listas sábana que resultaban más funcionales a los punteros políticos y a la prácticas clientelares que afectan la transparencia del sistema representativo; por ese motivo desde 2007 la Cámara Nacional Electoral recomendó su aplicación exhortando a los poderes políticos a reflexionar sobre ese cambio, al que se sumaron distintas organizaciones de la sociedad civil que militaron en favor de un cambio más participativo.
Recordemos que aquel año el gobierno nacional suspendió las elecciones internas partidarias alegando razones económicas internacionales y aumentó el número de votantes por mesa de 300 a 400, sumado ello a la ausencia masiva de autoridades de mesa, se generó confusión en los comicios y el traslado de las internas a la elección general incentivó un número inusual de “robo de boletas” que el actual sistema de boleta única impide.
En esa oportunidad la Cámara Electoral convocó a su Consejo de partidos políticos y a su Foro de la sociedad civil para recoger propuestas de mejoras que se implementaron en la elección 2009 devolviendo la confianza a nuestro tradicional sistema electoral, entre las que se destacó la designación de delegados judiciales en las escuelas y la colocación de cuartos oscuros adicionales con boletas de resguardo ante eventuales faltantes y otras prácticas irregulares; pero también desde ese momento alzó su autorizada voz en favor de un cambio de modelo que ya se utilizaba para los argentinos residentes en el exterior y los electores privados de libertad.
Hubo que esperar hasta el año pasado para que el Congreso recibiera el mensaje de la sociedad y sancionara la ley que implementó el nuevo modelo para las elecciones nacionales; la oportunidad de una elección legislativa intermedia en la que se elegían diputados nacionales y solamente ocho provincias elegían también senadores fue una buena oportunidad para ponerla a prueba. Hubo que salvar distintas situaciones nuevas originadas por el reemplazo de un candidato a diputado oficialista en la provincia de Buenos Aires y algunas dificultades en otras provincias que obligaron a imprimir nuevamente boletas con defectos.
Fue llamativo que el Ministerio del Interior delegase en el Correo la contratación de las empresas encargadas de imprimir las boletas y los padrones, así como la contratación directa de la empresa a cargo del escrutinio provisorio. Hay cosas para mejorar: el costo de las boletas fue elevado y habrá que mejorar el diseño de nombres, símbolos, colores y fotografías.
Pero la experiencia positiva del 26 de octubre no oculta la necesidad de realizar un análisis que contemple cómo funcionaría la BUP en el contexto de una elección presidencial en la que también se elegirán legisladores, gobernadores de provincias y otras autoridades provinciales. Nuestro país tiene un modelo presidencialista y eso significa que las elecciones presidenciales suelen tener mayores niveles de participación, pero también de confrontación.
Una primera consideración importante por tener en cuenta es que en esta oportunidad fueron suspendidas las PASO y eso también repercutió en el diseño de las boletas, de manera que en algunos distritos las boletas fueron muy largas. En Córdoba hubo 18 candidatos y en la Provincia de Buenos Aires, 15, algunos de los cuales pertenecían al mismo sector político. El problema radicó en que las agrupaciones políticas tienen adaptadas sus cartas orgánicas a las PASO y su suspensión de las mismas -por única vez- las encontró sin un esquema vigente para dirimir sus diferencias.
La Cámara Electoral dictó una acordada recordando que los partidos políticos deben cumplir con la democracia interna que les exige el artículo 38 de la Constitución Nacional, pero pocas agrupaciones cumplieron la indicación de instrumentar algún mecanismo para ese fin y que ahora habrá que atender, ya sea reponiendo las PASO o bien modificando esa ley con otras particularidades como, por ejemplo, que las internas sean voluntarias y no obligatorias.
Otro tema de trascendencia institucional es la actual BUP no permite la simultaneidad de elecciones nacionales y provinciales, que es algo que debería estudiarse detenidamente frente a una elección presidencial y legislativa, ya que el modelo actual incentivó la separación de las elecciones provinciales para sus autoridades locales, incluyendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia homónima. En los casos en que se votó el mismo día las elecciones no fueron simultáneas sino “concurrentes” con urnas y boletas diferenciadas como en Mendoza, Santiago del Estero y Catamarca, entre otras, lo que obligó a una compleja y costosa logística.
No es un tema menor sino de diseño político institucional que llevaría a la descentralización de los procesos electorales a la mexicana en lugar de su concentración a la manera brasileña por mencionar dos países federales de nuestro continente. El último modelo es mejor, más eficiente y confiable. La eventual balcanización de nuestro sistema electoral le daría a muchos gobernadores la posibilidad de decidir discrecionalmente qué sistema electoral utilizar, algo que ya ocurre en algunas provincias con las leyes de lemas y los acoples.
Otro problema muy serio es el narcotráfico, una realidad que está entre nosotros como también emergió en esta elección. En nuestro país existe una legislación nacional en materia de control de financiamiento que controla la justicia federal, pero hay ausencia de legislación sobre esa materia en las provincias. Es algo que también advirtió la Cámara Electoral en sus acordadas y pronunciamientos. Debe atenderse con mucha seriedad esto, ya que los objetivos del narcotráfico son territoriales y la experiencia latinoamericana demuestra que suelen poner el foco en las elecciones locales.
Es de esperar que los intereses de la ciudadanía pesen, en adelante, sobre los de los aparatos clientelares y que tanto provincias como municipios adhieran a la BUP.
Tipo de trabajo:
opinión
