El putsch sobre la Justicia (Parte I)
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LA NACION
Una verdadera reforma no busca anular uno de los poderes del Estado; se logra con un país unido y conducido por dirigentes honestos y bienintencionados
Más de una vez, desde este espacio editorial, hemos criticado los inadecuados y hasta desesperados avances del Gobierno sobre la Justicia y los organismos de control, pero conviene hacer un repaso de lo que está ocurriendo. Si el término putsch se asocia al golpe de Estado, hoy podría describir el ataque que dos de los poderes del Estado están llevando contra el Poder Judicial.
Todos los días hay novedades en esta guerra: el jueves 4 del corriente mes, el Senado aprobó pliegos de nuevos jueces –dos amigos del oficialismo en juzgados claves– y una reforma a la ley de defensa de la competencia para sumar un nuevo organismo de control.
Este putsch se preparaba antes de asumir, con las letanías de Cristina Kirchner alegando ser víctima de persecución política y del lawfare. Este último concepto es diferente en el mundo pero, en la versión criolla, la vicepresidenta lo utiliza como escapismo para descalificar la acción de los tribunales que persiguen la corrupción sistémica en niveles gubernamentales, en alusión a un insano contubernio entre los servicios de inteligencia, la Justicia y algunos medios de prensa, una guerra mediática-judicial. Ahora bien, si utilizamos su acepción, debemos señalar que ella tiene su responsabilidad en estos sucios procedimientos y, si no la podemos señalar como su inventora –pues el maridaje entre servicios y justicia comenzó con Carlos Menem– en verdad ha sido una dilecta discípula que supera al maestro. Baste recordar las operaciones que, durante su gobierno, armó contra políticos opositores como Enrique Olivera y Francisco de Narváez, o, más recientemente, los juicios en los que – recurriendo al forum shopping (o abuso de jurisdicción)– se inventaron en juzgados amigos, como el de Dolores en el verano del 2019 contra el fiscal Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro y otros, y el de Lomas de Zamora, en 2020, también contra fiscales y periodistas (la llamada "Operación puf puf"), justamente con el objetivo de hacer caer la denominada "causa cuadernos de las coimas".
Recién llegada al actual gobierno, Cristina Kirchner se lanza sobre los órganos de control al designar a Carlos Zannini en la Procuración del Tesoro, a Félix Crous en la Oficina Anticorrupción (que inmediatamente se retira como querellante en las causas de corrupción), a Cristina Caamaño en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y a Carlos Cruz en la Unidad de Información Financiera (UIF). En el Ministerio de Justicia, impuso al viceministro, a la directora del Sistema Carcelario y al director de Testigos Protegidos, y el dirigente Juan Grabois controla los Centros de Acceso a la Justicia. También impone su gente en la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que, durante la anterior gestión, se encargó de ocultar a la Justicia el entramado societario de la corrupción. Tomó la AFIP, en la que disolvieron los grupos especializados en corrupción. Ubicó a un juez adicto en la Cámara Nacional Electoral. En el Congreso copó la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, cuya actuación más reciente busca dilatar en todo lo posible el cumplimiento de las condenas de personas sospechadas de corrupción, así como también las comisiones de Acuerdos y de Justicia, con Anabel Fernández Sagasti, y Oscar Parrilli, respectivamente.
Graciana Peñafort, abogada de confianza de la vicepresidenta, continúa con esa responsabilidad, ahora como directora de Asuntos Jurídicos del Senado, pero pagada por todos nosotros.
Que un presidente de la Nación, que tiene prohibido inmiscuirse en causas judiciales, diga que hay que meter mano en la Justicia, da una idea de la gravedad de la situación""
Como parte de este ataque letal a todas nuestras instituciones, se invocó la pandemia para liberar presos y disimular la salida de los amigos. En diciembre pasado, finalmente la vicepresidenta logró acordar en el Consejo de la Magistratura, en este crucial organismo que propone y remueve a los magistrados y en el que el Gobierno estaba en minoría. Continúa pugnando por anular las declaraciones de los arrepentidos y para que se declare inconstitucional ese régimen. Desde el Senado, ha separado jueces que no eran de su agrado reemplazándolos por amigos. Ataca a los magistrados que le resultan molestos y consigue desplazarlos o correrlos al rincón. Hacia mediados de año, como el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, no dimitía, redobló sus embates contra su persona y contra el diseño del organismo, proponiendo diversos cambios.
Sus ataques se expanden a la provincia de Buenos Aires donde se intenta desplazar a su procurador general, Julio Conte Grand. Recientemente, logró media sanción un proyecto para cambiar el sistema de defensa de la competencia que, mal usado, será un poderoso instrumento de dominación. Y, desde fines del mes pasado, refuerza su ofensiva contra la Corte Suprema de Justicia con presiones, con inadmisibles insultos y con propuestas insensatas, criticando el diseño constitucional del más alto tribunal del país, por la forma de designación de sus miembros y por su carácter vitalicio, diseño que se corresponde con el esquema republicano de protección de la ciudadanía, la que se vería afectada por un sistema judicial cambiante e inestable.
La vicepresidenta –que está visto que ostenta el poder real del país– está lógica y profundamente preocupada con su situación judicial y reiteradamente se refiere de manera imprudente sobre la Justicia, en contraste con el silencio que guarda respecto de otros temas gravísimos como la salud, la educación y la pobreza. Su objetivo es eludir los procesos en su contra, pero también pretende el poder hegemónico ("el poder es impunidad", decía Alfredo Yabrán) y, aun, por venganza.
Acosada, el tema absorbe su vida; acorralada, plantea una guerra total que libra en todos los frentes simultáneamente y a una velocidad difícil de seguir, que procura también dejar sin reacciones a la oposición. Todo lo que no le sirve para su principal objetivo pasa a segundo orden, con la excepción, claro está, de mantener su poder. Ya no procura disimular sus intenciones y no deja duda alguna de quién está detrás de estos embates y así se pone al frente de las propuestas de cambio, impone a sus abogados personales en las comisiones de reforma o procura designarlos como jueces o al frente de instituciones como la Procuración el Tesoro o la asesoría jurídica del Senado de la Nación.
Aun así, los cambios no van con la velocidad que ella pretende, por lo que su paciencia con el Presidente parece haber terminado al atribuirle la responsabilidad de las demoras. Esto provoca que, para apaciguarla, Alberto Fernández se extralimite proclamando que "hay que meter mano a la Justicia". Que un presidente de la Nación, que tiene prohibido inmiscuirse en las causas judiciales, apele a esta expresión tan chabacana para plegarse y calmar a su díscola y nerviosa vicepresidenta, da una idea de la gravedad de la situación.
Ciertamente, nuestro sistema judicial padece muchos problemas, por lo cual el ciudadano de buena fe pudo inicialmente considerar positiva esta pseudo reforma judicial. Lo que hemos relatado, empero, debe convencerle de que nada de esto anida en las intenciones del Gobierno, especialmente de quien ejerce el poder real en el país, por lo que hay que mirar debajo del título, donde no percibimos más que un plan de impunidad, asalto al poder y venganza.
Una verdadera reforma de la Justicia solo será posible con un país pacificado, unido, conducido por dirigentes honestos y bien intencionados.
Mañana: "Meter mano a la Justicia"
LA NACION
