1
Elecciones en Nicaragua
3 minutos de lectura'
LA NACION
Desoyendo los llamados a una reforma electoral que permita elecciones transparentes en el país, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada en los hechos por el presidente Daniel Ortega, aprobó el nombramiento de los magistrados para el Consejo Supremo Electoral, con una mayoría afín al partido de gobierno, que organizará los próximos comicios del 7 de noviembre.
Las controvertidas reformas a la ley electoral, que fueron propuestas y aprobadas por la mayoría absoluta de diputados oficialistas, establecen inhibiciones de candidatos de la oposición, anulan la observación electoral y dejan el control absoluto de los próximos comicios en manos del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Además, le dan a la policía la potestad de autorizar o no las reuniones políticas de los opositores, niegan el financiamiento a los candidatos que aspiran a participar en el proceso e inhiben de facto a aquellas personas que hayan participado en las protestas de 2018, que el gobierno catalogó como un intento de golpe de Estado.
Se trata, en definitiva, de una elección bajo estado policial, con presos políticos, sin libertades públicas, y con leyes para inhibir a candidatos dirigidas a asegurar la eliminación de la competencia política. Sobre el particular, la citación por parte del Ministerio de Gobernación a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, por supuesto lavado de dinero en los reportes financieros de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro en el período de 2015 a 2019, constituye otra clara muestra de ello.
Con esta acción intimidatoria y represiva, se busca inhabilitarla, ya que las encuestas que se conocen hasta el momento la ubican con buenas probabilidades de derrotar a Ortega si las elecciones fuesen verdaderamente libres, transparentes y con la autorizada observación de veedores internacionales.
El presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, van nuevamente por la reelección y para ello han aumentado el asedio policial y judicial contra las voces de la oposición y los medios independientes en su afán por allanarse el camino a las elecciones, lo que motivó severas críticas. Así, por ejemplo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, manifestó: “Nicaragua se encamina a tener la peor elección posible”.
En sentido similar, la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, Julie Chung, afirmó que el presidente nicaragüense abre las puertas para unas “elecciones viciadas”, y el obispo Silvio Báez, una de las voces más críticas de Ortega y trasladado a Roma por el Vaticano ante las amenazas del régimen, también manifestó: “En Nicaragua, la dictadura cierra todas las puertas a una salida democrática”.
La pareja dictatorial nicaragüense no busca más que instaurar en el país una dinastía familiar a lo Somoza. Para lograrlo está dispuesta a seguir recurriendo a todo tipo de acciones dirigidas a impedir elecciones libres y transparentes en Nicaragua, colocando al país al borde del abismo de la ilegitimidad.
Más leídas de Editoriales
