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En secreto, la SIDE gasta cada vez más
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Resulta inquietante que la Secretaría de Inteligencia haya incrementado considerablemente sus gastos durante el último período presidencial. Mucho más preocupante es que la sociedad siga sospechando justificadamente que esos recursos están vinculados con actos de corrupción o con operaciones políticas que nada tienen que ver con la seguridad del Estado.
En un mundo globalizado, la información es el bien más preciado y efímero. De recopilar parte de esa información se ocupan los servicios de inteligencia, cuyo propósito, al suministrarla al poder público, es proteger los intereses, la integridad y la defensa territorial del Estado. Es impensable un país moderno sin una asistencia de este tipo, sobre todo por las amenazas que, como el terrorismo, acechan contra él. Es impensable, también, que el gasto en esta área, naturalmente reservado por razones de seguridad, se haya disparado un 83 por ciento en los cuatro años de gestión del ex presidente Néstor Kirchner.
La pregunta, frente a la abultada cifra que surge de un estudio hecho sobre la base de datos oficiales por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), es el motivo por el cual los gastos de la Secretaría de Inteligencia (la ex SIDE) se han incrementado hasta alcanzar un presupuesto propio de 388 millones de pesos en un país en el cual no se han registrado últimamente conflictos ni ataques externos.
En un sistema republicano, los servicios de inteligencia deben actuar en forma reservada, pero en un período prudencial tienen que rendir cuentas sobre sus actividades y sus erogaciones. No es posible que la Secretaría de Inteligencia siga siendo blanco de fundadas sospechas sobre pesquisas de ciudadanos que no representan peligro alguno para el Estado, financiación de campañas electorales y operaciones políticas que no guardan relación con su razón de ser.
El informe del Cippec determina que los gastos reservados de la ex SIDE, titulados "servicios no personales", alcanzan este año el 66 por ciento del total de la partida del organismo (257 millones de pesos). En 2004, ese rubro representaba el 38 por ciento. En los cuatros años de presidencia de Néstor Kirchner, la partida total se elevó de 138 millones a 250 millones de pesos.
El discurso oficial, totalmente alejado de la posibilidad de que la central de inteligencia sirva para otros fines que no sean los específicos, dista de aquellas sospechas de las que es objeto. Una de las dudas, entonces, es la causa por la cual el índice de precios oficial, defendido por el Gobierno, no parece ser la base de los cálculos de los organismos estatales, empezando por aquellos que, como la Secretaría de Inteligencia, tienen gastos reservados de imposible seguimiento. En la percepción popular, el organismo actúa en forma independiente del Estado e investiga delitos como si fuera una policía paralela. También se piensa que se lo usa en forma discrecional para oír en forma ilegal a políticos, periodistas y empresarios, y armar operaciones de chantaje y extorsión.
Es fundamental que deje de obrar de ese modo. En especial, porque sus integrantes, dotados con fondos millonarios y sofisticadas tecnologías, tienen la facultad de invadir vidas privadas, sin control siquiera del poder político en un país con una oposición desperdigada e incapacitada de acceder a determinados registros que deberían ser obligatorios y usuales.
En los Estados Unidos y en la mayoría de los países de la Unión Europea, los parlamentos deben ser informados con detalladas rendiciones de cuentas sobre ciertas acciones y gastos de los servicios de inteligencia. A su vez, determinadas operaciones deben ser autorizadas por ellos. En el Capitolio, por ejemplo, los miembros en cada cámara del Parlamentary Inteligence Oversight Committee (PIOC) deben ser notificados sobre las tareas secretas antes de que sean realizadas.
Los documentos clasificados cobran estado público, en los Estados Unidos y otros países, cuando cumplen 25 años, pero normalmente lo hacen antes, por pedido de individuos interesados en algún tema en particular. En la Argentina, según la ley de inteligencia nacional, "el acceso a dicha información será autorizado en cada caso por el presidente de la Nación o el funcionario en quien se delegue expresamente tal facultad".
Sin transparencia, el Estado pierde todo crédito. Legisladores de la oposición han dejado saber con preocupación que últimamente se han realizado escuchas ilegales de teléfonos de figuras públicas, como integrantes del gabinete del ex gobernador Felipe Solá, diputados oficialistas y ex ministros. También eso les habría sucedido a los legisladores nacionales opositores Federico Pinedo (Pro), Eugenio Burzaco (Pro) y Eduardo Macaluse (ARI), así como al ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian, a varios legisladores porteños, al conmutador del palacio, donde funciona la Legislatura porteña, a empresarios y periodistas.
Frente a estas denuncias y las fundadas sospechas, cuesta entender cuál es la causa real por la cual se incrementa aún más un presupuesto de por sí elevado y libre de todos los controles necesarios.
Si bien resulta lógico que un Estado cuente con gastos reservados para cuestiones vinculadas con su seguridad, no es comprensible que esas erogaciones permanezcan eternamente en secreto, al tiempo que sería inadmisible que se empleen para acciones que rocen la ilegalidad.
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