Es necesario saber la verdad

Desde estas páginas hemos venido sosteniendo la necesidad de dar respuesta a numerosos interrogantes en torno al fallido episodio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido el 1º de septiembre último. Innumerables voces se levantaron para intentar acallar y repudiar cualquier opinión. Sea como fuere, de lo que no quedan dudas es de que se trató de un hecho delictivo, un escándalo mediático convertido en feriado nacional, con marchas de apoyo, misas y denuncias en foros internacionales que continúa sin esclarecerse y que claramente pretende distraer la atención respecto de los avances en otras causas judiciales que tienen a la vicepresidenta sentada en el banquillo de los acusados.

El tiempo y la investigación a cargo de la ahora recusada jueza María Eugenia Capuchetti, más los esfuerzos de la querella y del oficialismo en general, no han aportado aún certeza alguna en torno a este infausto incidente con ribetes ciertamente increíbles, que se aproxima a un juicio oral. Tampoco han sido despejadas las dudas de una opinión pública reiteradamente impactada en su buena fe y, por tanto escéptica, que solo atina a descreer, harta ya de relatos mentirosos como los del “asesinato a manos de la Gendarmería” del joven Santiago Maldonado, “sensaciones de inseguridad” o más pobres en Alemania que en la Argentina, entre muchos otros. Ninguno de los interrogantes en la causa ha sido rebatido o descalificado, al menos como línea válida de investigación. No solo eso, sino que pareciera que los nuevos elementos acrecientan aún más las dudas, a pesar de que la vicepresidenta insista –sin ofrecer pruebas– en que detrás del atentado hubo “gente pagada por empresarios ligados al macrismo”.

El accionar oficial sigue alegremente alejado de un sincero compromiso con la verdad, como correspondería a una causa de esta relevancia.

Ningún cuestionamiento se ha levantado contra los integrantes de una custodia cuya actuación permite sin lugar a dudas hablar de negligencia o inacción, menos aún se han peritado sus teléfonos. Tampoco respecto del personal policial a cargo de la seguridad aquel día, que omitió realizar la pertinente consulta con la jueza y el fiscal de turno, o de la Policía Federal, que no participó en las escuchas directas ordenadas y que demoró en ocuparse del “copito” con intenciones homicidas que, sin esposas, permaneció largamente en el patrullero tras el hecho, entre otros aspectos igualmente graves. Curiosamente, todos los protocolos brillaron por su ausencia en una emergencia que agigantó el desempeño de La Cámpora “supliendo” fallas de las fuerzas supuestamente a cargo.

Con cámaras de seguridad oportunamente retiradas, la propia policía aseguró documentalmente que la supuesta jefa de la banda atacante no se encontraba en las inmediaciones, cuando luego se comprobó que sí lo estaba. Queda también sin esclarecer la “estelar” actuación televisiva de integrantes de “los copitos” pregonando una tan sugestiva como guionada vocación opositora y sus vínculos con cierto periodista identificado como cliente de un equipo jurídico siempre cercano al poder.

Demasiados indicios, graves y concordantes, e irregularidades por demás contundentes como para evitar que seis de cada diez argentinos duden. Como ya es habitual en nuestro país, celulares que convenientemente no pueden peritarse impiden la revelación de algún dato que conduzca a la verdad. ¿Será que en la Argentina resulta definitivamente imposible investigar con certezas dispositivos electrónicos? ¿Será por impericia? ¿Ignorancia? ¿Complicidad? ¿O todo a la vez?

Como ya es habitual, las pistas falsas o las que no conducen a ningún lado aparecen de la mano de abogados que se repiten.

Varias de ellas fueron plantadas con la desesperada intención de cargarle a la banda de “los copitos” un prontuario delictivo del que carece, inventando una perversa supuesta participación en el intento de homicidio de parte de sectores destacados de la oposición política, insistiéndose con vehemencia y premura en violar domicilios e invadir la intimidad de personas que resultó que nada tenían que ver.

Como si todo eso no fuera suficiente, el presidente de la Nación, soslayando una vez más el decoro y evidenciando el desconocimiento de nuestra Constitución respecto de lo vedado al Poder Ejecutivo, se entromete abiertamente en causas judiciales, denostando y calumniando jueces cuando ve peligrar sus expectativas o la de sus mandantes. Todo vale a la hora de lograr los objetivos.

Un círculo vicioso que incluye a funcionarios de toda laya, abogados, servicios de inteligencia, pseudoservicios y exservicios e integrantes de bandas bien conocidas se amontonan para difamar, escrachar, armar pruebas, levantar falsos testimonios y justificar lo injustificable en pos de disciplinar, cuando no de silenciar. Es de toda obviedad que el aceite de estas voluntades son el dinero y el poder. Los tiempos se acortan y las maniobras distractivas cobran mayor peso cuando la Justicia se yergue como amenaza de los sueños de impunidad.

Como en una fractura expuesta, todo está a la vista. El relato, una vez más, se desvanece ante lo que asoma con fuerza como verdad. Los interrogantes se multiplican y las respuestas siguen faltando.