Escandalosas estafas con desaparecidos

Muchas veces no se valora el minucioso trabajo de numerosos investigadores independientes que persiguen loables ideales. Tal es el caso de José D’Angelo Rodríguez, autor de Mentirás tus muertos – Falsedades y millones detrás del mito de los 30.000 desaparecidos y de La Estafa con los desaparecidos-Mentiras y millones. Su incansable labor deja al descubierto otra enorme trama de corrupción pública, ahora en torno a la ley “reparatoria”, sancionada en 1994, que contempla una reparación pecuniaria como indemnización a los causahabientes de personas desaparecidas o fallecidas por el accionar de agentes estatales o grupos paramilitares, anterior a diciembre de 1983. Las malversaciones detectadas en la verificación y pago de esos beneficios han dado lugar a una investigación en el juzgado a cargo de Ariel Lijo.

Dado que el Estado se ha negado reiteradamente a brindar información sobre esta cuestión, personas cuya identidad se desconoce se han presentado a lo largo de los años a cobrar indemnizaciones con información falsa. Son percepciones que promedian, para cada trámite denunciado, los 20 millones de pesos, un descomunal perjuicio al erario.

Con información precisa de medios de aquella época, de los órganos de prensa de las propias organizaciones guerrilleras y la cita de libros de numerosos autores, en muchos casos exintegrantes de las organizaciones guerrilleras que partir de 1984 lanzaron al mercado editorial más de tres centenares de obras sobre lo sucedido en aquellos años, D´Ángelo revela que se han presentado a cobrar esas indemnizaciones miembros de organizaciones guerrilleras que nunca estuvieron desaparecidos; familiares de muertos en ataques de la guerrilla terrorista contra unidades militares, policiales o contra civiles, que ocasionaron enfrentamientos armados con las fuerzas estatales que tuvieron amplia repercusión periodística en aquellos momentos, con cadáveres identificados y entregados a sus deudos.

Entre los casos denunciados hay también combatientes ejecutados por las propias bandas terroristas como “traidores” por la “justicia revolucionaria” que ejercían según sentencias difundidas en sus órganos de prensa. Algunos de estos asesinatos fueron publicitados por las propias bandas terroristas para “ejemplificar” a sus miembros. Entre los múltiples casos fraudulentos denunciados, aparecen como víctimas de la represión estatal civiles que fueron asesinados en atentados producidos por la propia guerrilla y no por el Estado . Figuran también como desaparecidos integrantes heridos durante ataques de Montoneros, que fallecieron recientemente, o casos comunes de desaparición en los que nada tuvieron que ver las fuerzas estatales, atribuidos a particulares, sindicados como presuntos autores en largas investigaciones judiciales que se extendieron en la época democrática.

Existe un vil modus operandi que se reitera en la maniobra defraudatoria. El Estado confeccionó tres informes con listados de víctimas: el conocido como “Nunca Más” o Conadep, de 1984; un segundo confeccionado por el gobierno de Néstor Kirchner, en 2006, y un tercero denominado Registro único de victimas del terrorismo de Estado (Ruvte), de 2015 durante la administración de Cristina Kirchner. Varios de los casos fraudulentos descubiertos y pagados a particulares figuraban en los dos primeros informes. Una vez cobrados, fueron borrados del Ruvte, de modo de hacer desaparecer cualquier evidencia.

La cantidad de casos falsos detectados indica que la maniobra no fue producto de errores o de un accionar individual o aislado. Indubitablemente, fue una estructura organizacional abocada a su creación para lograr rédito económico. Con la finalidad de beneficiar a terceros, y seguramente también a propios, se contó con la ineludible complicidad de funcionarios públicos que aprobaron los pagos sin verificar si encajaban o no en las causales señaladas por la ley o que simplemente los autorizaban sabiendo que no correspondían.

La investigación judicial ha avanzado con el pedido al Ministerio de Economía para que proporcione el listado completo de personas que cobraron indemnizaciones por aquellas “leyes reparatorias”, incluidos los pagos a gestores, estudios jurídicos u organizaciones que hubieran intervenido en los trámites, así como la remisión de los legajos confeccionados por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de los casos objeto de la denuncia.

No hay lugar en la democracia para ámbitos carentes de control, de transparencia y de la debida rendición de cuentas de los dineros públicos. Las diligencias de prueba adoptadas por el juzgado y respaldadas por la fiscalía llevarán a la comprobación de lo que se avizora, lamentablemente, como una de las defraudaciones más escandalosas, desde el punto de vista moral y material, sufridas por el Estado argentino en toda su historia.

Mientras los esfuerzos estatales se concentraron en garantizar impunidad y rédito económico para los terroristas, además de homenajes con museos, monumentos y cargos, las 11.552 víctimas identificadas de la violencia armada guerrillera continúan silenciadas, sin reparación ni justicia en una flagrante asimetría insistentemente denunciada desde el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv).

Nada justifica tamaño recorte en la memoria colectiva. Es tiempo de dejar atrás una dolorosa y añosa indiferencia. No hay víctimas buenas según premisas ideológicas. Los derechos humanos son universales. Una Justicia independiente debe poner las cosas nuevamente en su lugar, sacando a la luz la verdad de los hechos y reparando a quienes, mereciéndolo, aún aguardan.