Fantasmas con beneficios
Es preciso recuperar la transparencia que ha perdido la Agencia Nacional de Discapacidad, cuyo cierre ha anunciado el gobierno nacional
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“Los muertos que vos matáis gozan de buena salud”, señala el irónico refrán atribuido, tras mucho debate, a Juan Ruiz de Alarcón, en su obra La verdad sospechosa, allá por el siglo XVII. El Gobierno comienza a destapar una verdad al menos sospechosa respecto de unas 178.000 personas fallecidas que figuran activas en la percepción de asistencia como titulares de certificados de discapacidad (CUD). La información surge del entrecruzamiento de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y del Registro Nacional de las Personas (Renaper). Fueron los comprometedores audios del extitular de la agencia Diego Spagnuolo los que obligaron a una auditoría integral del organismo. Un segundo cruce de datos permitirá identificar a los profesionales y las entidades que podrían estar involucrados en la presunta estafa.
No son pocos quienes sostienen que las revisiones en la Andis debieron haber comenzado antes. Los audios, que sugieren la potencial existencia de un circuito de pedido de coimas, fueron desestimados por Spagnuolo luego de presentar los resultados de un peritaje que aseguran que fueron manipulados mediante inteligencia artificial. La causa judicial avanza. Hasta el momento, los planteos de nulidad no prosperaron.
Por su parte, el Foro Permanente de Discapacidad acusó al Gobierno de buscar confundir a la opinión pública con las denuncias. El intento oficial de derogar la ley de emergencia en discapacidad fue duramente resistido por la oposición e incluso por varios aliados del oficialismo. Ante el rechazo de la Cámara de Diputados, denuncian que el Gobierno pretende instalar la idea distractiva de un “curro masivo” que sirva como excusa para los ajustes que, se decía, pretendían realizar en esa área. Entre otras cuestiones, aclaran que contar con un Certificado Único de Discapacidad (CUD), un documento gratuito que acredita una condición, no implica necesariamente un cobro, por lo que estiman que no corresponde afirmar que habría 178.000 pensiones cobradas de manera irregular y que, si tanto tiempo el sistema funcionó de manera anómala, el Estado tiene mucho para decir sobre su responsabilidad.
Para acceder a una pensión no contributiva no se exige el CUD sino el Certificado Médico Obligatorio (CMO) expedido por hospitales públicos. Voceros del Foro critican que, en dos años de gestión, recién ahora se conforme un padrón actualizado y rechazan las acusaciones respecto de facturaciones irregulares de prestadores cuando el PAMI, Incluir Salud y demás obras sociales deben autorizar mes tras mes las prestaciones. “Se busca instalar sospechas generalizadas para ensuciar a todo el sector”, alertan. Exigen que los funcionarios brinden las aclaraciones pertinentes para resguardar la reputación de las personas con discapacidad y de los prestadores que actúan correctamente.
Cabe recordar que auditorias médicas realizadas en varias regiones del país -también cuestionadas por algunos sectores-, con una muestra de 2559 casos sobre un universo de unos 400.000 beneficiarios, detectaron que apenas el 7% reunía los requisitos exigidos para el cobro de pensiones no contributivas. El golpe económico al Estado se estimó entonces en 3400 millones de dólares por fondos mal asignados. El reparto de manga ancha que primó a lo largo de varias gestiones habla de la falta de sensibilidad de quienes las otorgaban y del perjuicio económico que ello significó para las arcas públicas.
Fue el sucesor de Spagnuolo, el médico Alejandro Vilches, quien destapó las últimas irregularidades denunciadas frente a las cuales pidió la baja inmediata de los CUD observados. De momento, se analiza judicializar tanto a los que podrían haber estado haciendo uso de los beneficios como a los prestadores involucrados que habrían continuado facturando para beneficiarios fantasmas. En la mira están los cobros efectuados, en particular aquellos ligados al uso de medicamentos de alto costo, como los indicados para la leucemia linfoblástica que experimentaron un incremento del 27%.
El Gobierno anunció a fines de año que, finalmente, la Andis deja de existir y será absorbida por el Ministerio de Salud, convertida en secretaría. Manuel Adorni describió que el organismo sumó “toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente” lo cual provocó irregularidades. De aquí en adelante prometen que las políticas de discapacidad se administrarán con mecanismos de control y sin discrecionalidades, reduciendo en un 45% la estructura jerárquica, pero sin aplicar recortes en las pensiones o prestaciones.
En la política del “no hay plata”, la prioridad sigue siendo que cierren las cuentas, para lo cual el Presidente se ha propuesto terminar con mecanismos sostenidos por quién sabe cuánto tiempo generando millonarias sangrías a las arcas públicas. Mientras muchas personas con auténticos problemas de salud deben demostrar anualmente su discapacidad permanente, otras que no necesitarían ningún beneficio pudieron haber estado usufructuándolo. Cierto es que dichas prácticas deben terminar, pero tampoco corresponde confundir a la población en un afán por sacar algún rédito político.
Llegar a la verdad debe ser el objetivo. Disfrazarla de un color diferente para otros fines sería más de los mismo. Penalizar debidamente a quienes sin vergüenza expolian los recursos públicos es un imperativo. Recuperar la transparencia y optimizar la utilización del dinero de todos es mandatorio.
Tipo de trabajo:
opinión
