FARC: asignaturas pendientes
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LA NACION
Como cada 9 de abril desde hace diez años, Colombia conmemoró el Día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado. La ocasión resultó propicia para recordar que, transcurridos más de cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, los cabecillas y excombatientes de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aún adeudan el justo reconocimiento a las víctimas y su debida reparación.
La organización insurgente, una máquina de guerra irregular capaz de producir profundos daños de cicatrización lenta, fue también una de las mayores y más funestas empresas de la ilegalidad y del crimen que haya conocido la historia de Colombia.
Las FARC cometieron atrocidades sin justificación alguna: asesinatos, secuestros, violaciones, abortos forzados y reclutamiento de niños y adolescentes. No menos importantes son aquellas otras aberraciones vinculadas con el narcotráfico.
El Acuerdo de Paz contenía una serie de disposiciones que, de forma general, consagraban el deber de reparar integralmente –en lo material y en lo moral–, a las víctimas del conflicto armado. Según datos oficiales, el enfrentamiento con la guerrilla dejó cerca de nueve millones de víctimas colombianas.
Durante los últimos tres años, la Unidad de Víctimas de Colombia informó que repararon administrativa y judicialmente a más de 310 mil víctimas. Asociaciones de víctimas y organizaciones regionales han exigido al grupo guerrillero mayor celeridad y cumplimiento de los compromisos de verdad, justicia y reparación.
Acatando uno de los puntos del Acuerdo de Paz, las FARC crearon su propio partido político, al que denominaron inicialmente Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, denominación que en la actualidad cambiaron por Comunes. Esa modificación no borra los abominables crímenes cometidos por la guerrilla y, aunque actualmente ejerzan como políticos y se muevan en la vida civil, los antiguos cabecillas de esta organización aún deben responder a las víctimas.
Julián Gallo, senador del partido Comunes, que era conocido con el alias “Carlos Antonio Lozada” en las FARC, sostuvo hace pocos días que debe ser el Estado el que repare a las víctimas de la agrupación ilegal, una respuesta cínica que refleja la total desconsideración de los excabecillas guerrilleros frente al daño realizado.
La gravedad de la situación de las víctimas reconoce efectos sobre la sociedad colombiana en su conjunto, por lo que su reconocimiento debe entenderse como una necesidad nacional. Es, pues, de esperar que los responsables de los crímenes de lesa humanidad y delitos de guerra, algunos de los cuales ocupan bancas en el parlamento colombiano, cumplan su obligación reparatoria, entreguen tanto bienes como armas, informen detalladamente sobre sus negocios criminales y expulsen de su partido a quienes siguen delinquiendo.
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