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Fotomultas: no es control ni prevención, es mafia
Urge desmantelar de raíz el sistema que permitió convertir la prevención y seguridad viales en un negociado escandaloso y en una estafa a los contribuyentes
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LA NACION
Las fotomultas nacieron como una herramienta para prevenir accidentes, ordenar el tránsito y promover una conducción responsable. En la provincia de Buenos Aires, aunque no es la única, hace tiempo que dejaron de cumplir ese objetivo. Lo que debía ser un instrumento de seguridad vial derivó en un sistema nefasto, exclusivamente recaudatorio y plagado de incentivos perversos, en el que la prioridad de evitar siniestros ha quedado claramente relegada. Cuando una estructura se sostiene sobre intermediarios innecesarios, ausencia de controles, repartos de dinero imposibles de justificar y sospechas judiciales de enorme gravedad, ya no alcanza con hablar de irregularidades. Funciona como una mafia.
La investigación judicial que involucra al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, cuyo procesamiento fue recientemente ratificado por la Cámara Federal de Casación, avala lo que afirmamos. A D’Onofrio, allegado a Sergio Massa, se lo acusa de lavado de activos vinculado con las fotomultas y a la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Además, junto con él aparecen denunciados en la causa exfuncionarios y hasta exjueces. Se trata de una red de gestores que se presume que contactaban a infractores para ofrecerles dar de baja sus multas mediante el pago de entre el 30 y el 50 por ciento del valor original.
Nadie discute que exceder los límites de velocidad debe ser castigado. Lo inadmisible es que detrás de semejante flujo de recursos no aparezcan ni el debido control estatal ni una política consistente de prevención y educación vial
También se sospecha con fundamento si el entramado de las fotomultas pudo haber tenido conexiones con otras estructuras de poder político. En ese contexto aparecen menciones al exintendente y exjefe de Gabinete provincial Martín Insaurralde en distintos expedientes que buscan determinar el alcance del negociado. La Justicia deberá determinar las responsabilidades individuales, pero el funcionamiento del esquema aparece ya largamente extendido.
La provincia recauda hoy un porcentaje por cada multa y otro es para cada municipio. Hasta allí, el esquema podría parecer razonable. Lo escandaloso comienza después. En numerosas comunas, ese ingreso no permanece íntegramente en las arcas del distrito. Mediante convenios de asistencia técnica con universidades se arma una triangulación que permite evitar licitaciones públicas y trasladar la contratación efectiva a esas casas de estudio eligiendo así al proveedor que se quiere beneficiar. Es la universidad la que acuerda con la empresa privada proveedora del sistema. Todo ello bajo contratos que, en muchos casos, resultan extraordinariamente favorables para los privados.
La utilización de universidades como intermediarias desnaturaliza completamente el sistema. Instituciones creadas para enseñar, investigar y formar profesionales terminan integrando un circuito de recaudación escandaloso. Al mismo tiempo, ese mecanismo evita procedimientos competitivos de contratación y reduce costos impositivos que deberían afrontar los municipios si llamaran directamente a licitación.
Por otro lado, la legislación es terminante en cuanto a quién debe controlar. Dice que las acciones vinculadas con el contralor directo de las infracciones no pueden privatizarse ni concesionarse. Deben quedar exclusivamente en manos de la autoridad pública. La propia norma establece que el incumplimiento de ese requisito provoca la nulidad absoluta de las actas y las priva de todo vínculo jurídico exigible. Sin embargo, el corazón del sistema funciona exactamente al revés. La cámara pertenece a un privado. El software pertenece a un privado y el procesamiento inicial de las imágenes queda en manos de privados. En muchos casos ni siquiera existe una constatación efectiva realizada por un agente estatal al momento de labrar el acta. Esa ausencia es el requisito central que la ley exige precisamente para impedir que la potestad sancionatoria del Estado termine delegada en empresas cuyo negocio depende de hacer cada vez más multas. Perversos incentivos.
El Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, en su capítulo sobre control de velocidades, también resulta clave. Establece que “cuando las autoridades jurisdiccionales no operen en forma directa los sistemas de registro fotográfico, contratando con empresas privadas ese servicio, la contraprestación a cargo de los entes públicos contratantes no podrá consistir, total o parcialmente, en porcentajes del producido de las multas aplicadas ni en ningún otro parámetro vinculado al rendimiento económico del equipamiento aportado”. Es decir, el servicio debería ser pagado por su prestación y no por la cantidad de multas que genera. No obstante, en buena parte de la provincia la retribución termina ligada al volumen de infracciones y, por ende, a la recaudación, conformando un círculo tan vicioso como insaciable.
En el caso bonaerense las fotomultas terminaron convirtiéndose en una verdadera trampa cazabobos
Por lo demás, en el caso bonaerense las fotomultas terminaron convirtiéndose en una verdadera trampa cazabobos. Las cámaras aparecen muchas veces ubicadas en puntos donde resulta materialmente imposible adecuar la velocidad en tramos brevísimos. A ello se suma el constante incremento del valor de las sanciones. Hoy, una multa por exceso de velocidad puede oscilar entre 340.000 y 2.300.000 pesos. Nadie discute que exceder los límites de velocidad debe ser castigado. Lo inadmisible es que detrás de semejante flujo de recursos no aparezcan ni el debido control estatal ni una política consistente de prevención y educación vial.
La decisión del municipio de San Isidro de suspender el sistema tras detectar inconsistencias en los convenios con universidades demuestra, precisamente, que el problema existe y que puede revisarse. La medida se adoptó hasta adecuar el esquema a la normativa vigente y garantizar que las fotomultas respondan exclusivamente a criterios de seguridad vial.
No es ni inocente ni casual el silencio de muchos municipios y de la propia provincia sobre estos despropósitos. Si un conductor comienza a cuestionar judicialmente multas emitidas sin la intervención efectiva del agente estatal, podría abrirse una discusión de enormes consecuencias. Si los jueces concluyeran que esas actas fueron confeccionadas violando los requisitos legales, no solo podrían declararse nulas las futuras infracciones, sino que podrían multiplicarse los reclamos de quienes ya las pagaron. Eso ayuda a comprender por qué casi nadie quiere discutir el fondo del problema. Si se cae una pieza de ese andamiaje mafioso, puede tambalear la totalidad de un sistema que jamás debió funcionar de esa forma.
Mientras la provincia y los municipios sigan tolerando un sistema basado en incentivos económicos prohibidos, convenios opacos, ausencia del contralor estatal que exige la ley y una recaudación que desnaturaliza el verdadero sentido, las fotomultas dejarán de ser percibidas como una política de seguridad vial. Serán siendo vistas por los ciudadanos como una maquinaria de recaudación organizada y funcional a intereses ajenos al bien común. Por eso ya no alcanza con corregir algunos excesos, sino que es imprescindible desmantelar de raíz este apañamiento delictivo y reconstruir un sistema de control que vuelva a responder al único fin que la ley admite: prevenir accidentes, proteger la vida y hacer cumplir las normas con transparencia. Todo lo demás es mafia.
Tipo de trabajo:
opinión
