Fugas carcelarias: solo la punta del iceberg

Doce fugas de comisarías porteñas en los primeros cuatro meses del año representan no solo un peligro para los vecinos de la ciudad y para quienes por distintas razones la frecuentan, sino también una señal de alerta sobre las debilidades de un eslabón clave para el sistema de seguridad pública: el encarcelamiento de delincuentes.

Los calabozos de esas dependencias están preparados para albergar momentáneamente a detenidos, en espera del traslado a una unidad penitenciaria en caso de que la Justicia dicte una medida de restricción de la libertad. Sin embargo, en la práctica, se convirtieron en lugares de alojamiento a largo plazo, que demandan para su control la asignación de recursos humanos, restándose de esa manera uniformados a las necesarias tareas de patrullaje. La repetición de evasiones marca la porosidad de esa insuficiente solución a la urgencia, que mantiene semioculto el grave problema de la falta de cupos en las prisiones federales para el traslado de presos.

Un informe publicado por la Procuración Penitenciaria Nacional aporta datos concretos sobre esta peligrosa situación: al pasado 16 de abril estaban bajo custodia de la Policía de la Ciudad 1940 personas privadas de la libertad. En las alcaidías porteñas se albergaba a 1246 (se trata de centros primarios de detención que tienen habilitadas 798 camas); en las comisarías vecinales se notificaron en ese momento 459 internos, cifra que casi duplica el cupo máximo fijado en 243 plazas, mientras que otros 235 se encontraban en el tránsito de ser alojados en uno u otro lugar con existencia de calabozos.

El documento establece también que un procesado con prisión preventiva pasa, en promedio, 60 días para llegar a una alcaidía y que allí aguarda otros 127 días para el traslado a una unidad penitenciaria federal. Las comisarías no son la estructura adecuada para que se cumpla una pena.

Este conflicto es de larga data y demanda una solución de fondo que puede llegar a través del diálogo sincero y con buena voluntad entre autoridades de la ciudad de Buenos Aires y del gobierno nacional, cuyo interlocutor en el tema es el Ministerio de Seguridad, a cargo desde diciembre pasado del Servicio Penitenciario Federal.

El fondo del problema, sobre el que pocos quieren hablar, es la necesidad de construcción de cárceles. Todo lo demás es una mera “reparación” de urgencia

Si bien es cierto que las cárceles federales están sobrepasadas en su capacidad (11.554 presos en unidades con 10.932 plazas, según la estadística de marzo último), las conversaciones entre los funcionarios son necesarias para encontrar alternativas con vistas a hallar una solución a este tan largo como creciente conflicto. Hay que tomar en cuenta que la ciudad de Buenos Aires es el único distrito que requiere acuerdos con la Nación para albergar a personas que cometen delitos en su territorio, ya que aún no está finalizada la transferencia de competencias de la Justicia nacional a la porteña.

En cambio, hace años que se completó el proceso de asimilación porteña de la responsabilidad de prevención e investigación del delito, por lo que se da la paradoja de que, a mayor eficacia del sistema de seguridad local, se agrava el problema, ya que la Policía de la Ciudad detiene a delincuentes, pero las autoridades distritales dependen de otros para conseguir plazas de alojamiento.

Durante la administración de Alberto Fernández, la mala predisposición nacional llevó a que la Ciudad reclamase por la vía judicial la apertura de cupos para trasladar a presos desde comisarías hacia cárceles federales. Ahora, al menos, hay diálogo y se acordó que el Servicio Penitenciario Federal recibirá cada semana 90 detenidos porteños, con cupos para 70 mayores y el resto de las plazas destinadas a adultos jóvenes y mujeres. Lo que no es poco, pero falta abordar una estrategia de mediano y largo plazo.

El fondo del problema, sobre el que pocos quieren hablar, es la necesidad de construcción de cárceles. Todo lo demás es una mera “reparación” de urgencia. Las autoridades nacionales, que diseñan un plan para la edificación de dos nuevas prisiones, esperan que el gobierno porteño avance en la edificación de su propio complejo penitenciario dentro del predio carcelario de Marcos Paz. En 2018, se firmó un convenio al respecto. El diseño de esa prisión está pensado para el alojamiento de 2200 presos, con la idea de reemplazar al penal instalado en Villa Devoto. También descomprimiría la convulsionada situación de la custodia de detenidos en comisarías y, además, permitiría que esos calabozos volviesen a tener la función primera de albergarlos solo hasta la decisión de un juzgado de procesar con prisión preventiva o liberar a esas personas. Sería adecuado, a su vez, acelerar el proceso de incorporación y formación de guardicárceles porteños, que evitarían que el trabajo de vigilancia de detenidos sea cumplido por policías, sin capacitación para esa cuestión, y representaría un paso más hacia la autonomía plena de la ciudad de Buenos Aires.

La fuga de presos de comisarías sobrepobladas no es un tema menor. Ya se han señalado los riesgos de la llamada “puerta giratoria”, cuya existencia queda expuesta por la reiteración de hechos delictivos cometidos por personas que estaban en las calles pese a cargar sobre sus espaldas con varios procesos penales.

Los jueces se amparan en la falta de cupos en los penales para dictar excarcelaciones, incluidas las que causan asombro en la sociedad al conocerse los abultados antecedentes de un detenido. Eso demuestra, una vez más, la importancia de contar con lugares preparados para albergar a quienes cometieron delitos.