Golpe a las barras bravas

Las noticias de carácter policial que suelen involucrar facciones de barras ligadas al fútbol no son una rareza en nuestro país. Tampoco su habitual conexión con algunos sectores políticos que utilizan estas organizaciones delictivas como fuerzas de choque o para negocios espurios. La reciente movilización de violentos hinchas del club Laferrère, quienes se mostraron con armas y una ametralladora a bordo de un colectivo de línea en el cual se trasladaron a su cancha, en La Matanza, da cuenta tanto de la peligrosidad como de la impunidad de estos grupos.

Sin embargo, lo acontecido en torno al club Los Andes, de Lomas de Zamora, adquiere mayor magnitud, dado que tras una larga investigación se descubrió la actividad de una asociación ilícita orientada a un amplio menú de delitos, que incluye extorsiones, empresas fantasma y facturas truchas, entre otros negociados.

Casi cinco años después de una denuncia, fueron detenidos 16 sospechosos y se secuestró una flota de autos, camionetas y motos valuada en 140 millones de pesos; también se decomisaron unos 24 millones pesos y algo más de 108.000 dólares y se incautaron 45 armas de fuego y 886 municiones de diferentes calibres. Entre los detenidos por la Gendarmería Nacional por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, se encuentra Walter Coronel, alias Tintín, señalado como el jefe de la barra brava de Los Andes, quien el año pasado había sido absuelto en un caso de doble homicidio ocurrido en las inmediaciones del estadio de San Lorenzo, en el Bajo Flores.

Si bien el origen de la denuncia de un vecino del club de Lomas de Zamora se centró en la tenencia y venta de estupefacientes, la detención de los 16 sospechosos se produjo por lavado de activos y por integrar una asociación ilícita destinada a cometer una amplia gama de delitos.

La pesquisa corroboró que los delincuentes extorsionaban a empresarios de la construcción para poner su gente en las obras y también los obligaban a colocar baños químicos de una empresa vinculada a Coronel.

Sin una fuerte voluntad política, no será fácil desterrar los hechos asociados a redes delictivas con ramificaciones en todos los ámbitos

Entre los detenidos hay cuatro sospechosos que tenían pedido de captura por un ataque a balazos en medio de una disputa entre dos facciones de la barra brava de Los Andes. El tiroteo se produjo en marzo de 2023 en las inmediaciones del colegio Ejército de Los Andes a partir del accionar de la facción oficial de la barra que se referenciaba en Coronel, en ese momento en prisión por una causa de juego clandestino y que había sido absuelto en un juicio por dos crímenes en la interna de Boca Juniors, dado que Coronel era el referente de La Doce en Lomas de Zamora.

Además, Coronel y su hermano Hernán regenteaban la tribuna de Los Andes durante la presidencia de Víctor Grosi, secretario general de Sitraic, gremio de la construcción paralelo a la Uocra. Desde febrero del año pasado, Omar Plaini, dirigente del gremio de canillitas y senador provincial bonaerense, se convirtió en el nuevo presidente del club.

La barra de Los Andes acumula en su repudiable historial muchos episodios de violencia. Por ejemplo, en 2021, se produjo un ataque a tiros contra la sede del club y en mayo de 2023 seis personas identificadas como integrantes de las facciones de la hinchada fueron detenidas tras un ataque a balazos ocurrido cerca del estadio del “Milrayitas”, como le dicen a esa entidad, antes de un partido que debía disputar con San Miguel.

Es sabido que uno de los negocios ilegales de los barra suele ser la reventa de entradas para los partidos, pero esta asociación ilícita alcanza otra dimensión, ya que involucra a un contador, un armero y uno de los criminales, que tenía a su nombre una empresa fantasma sin empleados y facturas truchas destinadas a blanquear el dinero obtenido en forma ilegal.

Sin una fuerte voluntad política no será fácil desterrar los hechos asociados a redes delictivas con ramificaciones en todos los ámbitos. No obstante, es imprescindible que las fuerzas de seguridad y la Justicia avancen en forma contundente contra el delito para desarticular de raíz a las mafias que se esconden bajo las tribunas de las instituciones, muchas veces al amparo de sectores políticos y sindicales.