Ineptitud y defraudación moral en el plan de vacunación

Mientras la sociedad se sigue preguntando con absoluto derecho cuántos de los casi 80.000 muertos por Covid podrían haber salvado sus vidas si hubieran llegado al país, antes del inicio de la segunda ola del virus, algunas de los 13.300.000 vacunas que el gobierno nacional pudo haberle adquirido al laboratorio estadounidense Pfizer, las autoridades nacionales continúan dando respuestas que, lejos de aclarar la situación, solo apuntan a buscar culpables fuera del círculo oficial y siembran una sensación cada vez mayor de defraudación moral en la opinión pública.

La improvisación del gobierno de Alberto Fernández para enfrentar la crisis sanitaria derivada de la llegada del coronavirus quedó de manifiesto desde un principio. Su ineptitud se plasmó con las reiteradas promesas sobre el arribo de millones de vacunas durante el último verano –el propio Presidente habló de diez millones de vacunados para fines de diciembre, cifra a la cual solo se llegó cuatro meses después–, y tomó otro color cuando se descubrió que, en medio de la escasez de dosis, no pocos funcionarios y amigos del poder, sin respetar elementales protocolos, habían logrado inocularse, postergando a una vasta porción de la población de riesgo.

Al igual que frente a las informaciones sobre aquellos vacunatorios vip, el Gobierno sigue mirando para otro lado a la hora de explicar el affaire por la no llegada de vacunas de Pfizer, laboratorio que utilizó a unos 6000 argentinos para sus ensayos y del que se esperaba, por esa razón, que proveyera a la Argentina una buena cantidad de dosis contra el Covid. Estamos hablando de una vacuna que, a diferencia de la rusa Sputnik V y de las chinas, cuenta con reconocimiento oficial de las principales organizaciones internacionales y que, próximamente, abastecerá al continente europeo, para el que Pfizer se ha comprometido a enviar un total de 1800 millones de dosis. Más aún, este fabricante ha abastecido a Uruguay con un gran número de dosis que, originalmente, estaban reservadas para la Argentina.

Las “razones contractuales” que esgrimieron algunos funcionarios o la virtual imposibilidad de cumplir sus compromisos por la necesidad de privilegiar a la población de los Estados Unidos, según el presidente Fernández, habrían impedido, de acuerdo con el relato oficial, un entendimiento con ese laboratorio. Nada se supo, entretanto, de otras negociaciones con proveedores tales como Moderna o Johnson & Johnson. Como si hubiera una decisión implícita del gobierno argentino de no requerir vacunas desarrolladas por compañías de los Estados Unidos, para privilegiar tratos con Rusia y China o con proveedores que pudieran contar con un socio local, como en el caso de las vacunas de AstraZeneca.

Las dudas se agigantaron en las últimas horas, luego de que Santiago Cornejo, director para América Latina del Fondo Covax, creado por la Organización Mundial de la Salud, revelara que el gobierno de Alberto Fernández rechazó la inclusión de dosis de Pfizer entre los envíos de vacunas dirigidos a nuestro país. Ayer, sin embargo, el mismo directivo de Covax aclaró que, en realidad, la Argentina tenía interés en recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo Covax, pero no pudo hacerlo por no haber acordado con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante.

A estas alturas, nadie puede descartar que el fracaso de las gestiones para obtener vacunas de Pfizer pueda explicarse por idénticas razones por las que el gobierno argentino se ha ubicado del lado de la organización terrorista Hamas para apoyar en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una investigación sobre posibles abusos por parte de Israel en el territorio de Gaza. O por las mismas causas por las cuales la Argentina abandonó al grupo de países que demandan al régimen de Nicolás Maduro en el Tribunal Internacional de La Haya por presuntos delitos de lesa humanidad.

No menos inquietud provoca una investigación publicada en el diario inglés The Guardian, según la cual una agencia de relaciones públicas vinculada a Moscú les habría ofrecido dinero a influencers para que ensuciaran a la vacuna de Pfizer con fake news.

La salud de los argentinos no puede depender de mezquinos intereses políticos ni de condicionamientos ideológicos. La presente crisis sanitaria, que solo ayer sumó 35.017 contagios y 587 muertos, exige soluciones inmediatas y negociar con todos los laboratorios del mundo que puedan garantizar la provisión de vacunas eficaces contra el coronavirus.

Entretanto, corresponde que el Gobierno deje de buscar chivos expiatorios para eludir responsabilidades en los desaguisados de su gestión en materia de vacunación, y se disponga a actuar con la máxima transparencia en una cuestión que debería ser una política de Estado y no un conjunto de medidas al servicio de una fracción política.