Irán se aferra a la represión
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La dictadura iraní ha reactivado su maquinaria de represión social. Los iraníes afrontan una situación muy complicada, ya que sufren tanto las bombas como persecuciones y ejecuciones a las que se suman la carestía y al aumento del costo de la vida. Las autoridades han sobrepasado tantas líneas rojas que la mayoría de los iraníes está convencida de la necesidad de acabar con la dictadura.
El 18º Informe Anual sobre la Pena de Muerte en Irán, publicado conjuntamente por Iran Human Rights (IHR) y ECPM (una ONG con sede en París que documenta y denuncia la situación de la pena capital en Irán) revela una escalada sin precedentes en el uso de este instrumento por parte de la República Islámica en 2025. Al menos 1639 personas fueron ejecutadas, lo que supone un drástico aumento del 68 % en comparación con las 975 ejecuciones registradas en 2024. Este incremento representa el mayor número de ejecuciones registradas en Irán desde 1989.
Las cifras disponibles sobre la cantidad de ejecuciones en los meses transcurridos de 2026 siguen siendo parciales y variables, ya que el gobierno de los ayatolás no publica datos oficiales completos y muchas de ellas se llevan a cabo en secreto, sin anuncio público. Según IHR, Irán ha ejecutado al menos a 511 personas este año. La cifra incluye al menos 29 personas condenadas por su participación en las protestas antigubernamentales de enero, 16 mujeres y 13 presos políticos vinculados a grupos de oposición prohibidos por la dictadura.
Recientemente, el gobierno dictó un decreto para reforzar el uso obligatorio del hiyab, aumentando la vigilancia de la policía religiosa, reactivando los grupos civiles que hostigan verbalmente a las mujeres por sus vestimentas y endureciendo las penas. El Estado ha convertido la vestimenta en un problema policial y sometido a vigilancia la presencia pública de la mujer.
Por otro lado, el parlamento iraní aprobó un proyecto de ley que contempla penas de hasta dos años de cárcel por conceder entrevistas, participar en conversaciones o mantener cualquier tipo de contacto con medios de comunicación considerados hostiles. La prohibición se extiende también al envío de videos, fotografías, audios y cualquier otro tipo de datos a medios no iraníes o a personas que desarrollen actividades periodísticas fuera del país.
La policía y las fuerzas de control civil han desplegado una ofensiva urbana que afecta directamente a la economía local. Las autoridades han clausurado de manera forzosa decenas de locales comerciales, restaurantes y cafeterías en más de 15 ciudades, en su mayoría bajo el argumento de que sus dueños no obligan a las clientas a cubrirse. La medida golpea uno de los pocos espacios de socialización disponibles para la juventud iraní, en un contexto marcado por la guerra con Estados Unidos, la inflación y las protestas reprimidas en enero pasado.
Para millones de iraníes la lucha por derechos y libertades básicas sigue costando cárcel y, en muchos casos, la vida. La violencia sistemática de la República Islámica contra su propio pueblo exige una firme respuesta internacional. Mientras el mundo mire para otro lado, el régimen seguirá decidiendo quién habla, quién calla y quién muere. El silencio no es neutralidad. Es complicidad.
