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Irresponsables e inaceptables declaraciones
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LA NACION
Tras el ataque mafioso al supermercado propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, mediante una feroz balacera que incluyó un mensaje que indudablemente iba a tener repercusión mundial –”Messi, te estamos esperando. Javkin [Pablo, intendente de Rosario] es narco; no te va a cuidar”, se registraron tan irresponsables como inaceptables declaraciones tanto del presidente de la Nación como de su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.
En un acto realizado en Salta, Alberto Fernández expresó: “Estamos haciendo mucho, pero evidentemente algo más habrá que hacer (…) El problema de la violencia y el crimen organizado es muy serio y hay que hacer algo por los rosarinos y los santafesinos”.
No menos disparatadas fueron las declaraciones del ministro de Seguridad: “Los narcos han ganado. Hace 20 años que estamos en esta situación”, opinó Aníbal Fernández como si no tuviera ninguna responsabilidad sobre el asunto, para luego agregar que los hechos de violencia que se suceden casi a diario en esa ciudad santafesina ocurren, “fundamentalmente, entre bandas narco”.
La principal sospecha del intendente Javkin recae sobre la policía y las fuerzas de seguridad federales, que tenían asignada esa zona para patrullar.
La situación que se vive en Rosario no es un hecho nuevo, agravado por la indiferencia e inacción de los mandatarios de todas las jurisdicciones que tendrían que haber actuado con mayor decisión y compromiso para combatir el crimen organizado a lo largo del tiempo.
Si el Presidente recién considera que “algo hay que hacer”, ¿no habrá llegado el momento, entre muchas otras medidas, de analizar seriamente la intervención al Servicio Penitenciario? Son irrefutables las pruebas que señalan que, desde las cárceles, se está conduciendo la mayoría, por no decir todas, las operaciones narco.
Sin violentar la legislación vigente, debería analizarse también la posibilidad de incorporar a las Fuerzas Armadas, ya sea para realizar estrictos y eficientes controles en los puntos fronterizos más vulnerables del país, transformados en verdaderos coladores para el ingreso de drogas y armas.
Resulta cada vez más evidente que el narcotráfico ha encontrado una tierra fértil para crecer en aquellos sectores de la sociedad con profundas necesidades en educación, salud y acompañamiento social. Es allí hacia donde deberían apuntarse las acciones para atacar el problema de fondo.
Al crimen organizado no se lo combate con frases para agradar a instancias superiores de la política. Tampoco con deseos. Se lo combate con hechos concretos, a partir de decisiones y acciones que busquen limitarlo a su mínima expresión.
El brutal avance del narcotráfico ha encontrado en la connivencia con sectores de la política y de la Justicia su mayor posibilidad de expansión, al punto de llegar a encaramarse como un Estado dentro del Estado en muchas regiones de nuestro país, no solo en la castigada Santa Fe. El avance del narcocrimen es una amenaza contra la propia democracia, contra la estabilidad y la seguridad ciudadanas y contra el desarrollo, imponiendo por la fuerza sus códigos y decidiendo quién vive y quién muere en el país.
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