Juez Rafecas, una postulación equivocada

Sobran antecedentes que demuestran la falta de idoneidad y de imparcialidad del magistrado para ocupar el cargo de procurador general de la Nación
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2 de febrero de 2020  

El discurso que dio ante la Asamblea Legislativa el presidente Fernández tuvo un tono conciliador y democrático. Sostuvo que "nunca más" habrá una Justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales, jueces parciales ni presiones e injerencias del Poder Ejecutivo en causas judiciales, y que "sin una Justicia independiente del poder político no hay república ni democracia".

Teniendo presente que estas nefastas prácticas se intensificaron durante los gobiernos nacionales instalados a partir de 2003, los compromisos declamados por el primer mandatario adquieren particular relevancia.

La reforma constitucional de 1994 incorporó al Ministerio Público Fiscal dentro del sistema de administración de justicia como un órgano independiente del Poder Ejecutivo y del Judicial, cuya función principal es defender la legalidad y los intereses de la sociedad en su conjunto.

El procurador general de la Nación dirige el Ministerio Público Fiscal, es el jefe de todos los fiscales nacionales y es también el fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, si estamos yendo hacia un sistema penal acusatorio en el que los fiscales tienen las más amplias facultades para decidir qué delitos investigar, ese cargo adquiere una relevancia superlativa.

La función del procurador general es de tal trascendencia constitucional que es frecuente que la Corte Suprema, en lugar de fundar sus sentencias cuando coincide con su opinión, simplemente adhiera a los fundamentos de su dictamen.

La Constitución nacional, debido a la superlativa importancia de las atribuciones que le otorga, exige que una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes del Senado se pongan de acuerdo sobre el candidato propuesto. Esto supone examinar su idoneidad, la trayectoria en los cargos que ha desempeñado y su independencia para tomar decisiones basadas en el bien común y no en los intereses de una facción política.

Por ello, la nominación del doctor Daniel Rafecas resulta contradictoria a la luz de las promesas presidenciales. El candidato no reúne los requisitos deseables para ese cargo y, por el contrario, cuenta con serios y comprobables antecedentes en su trayectoria como juez que confirman que no es ni imparcial ni independiente del poder de turno.

Durante la presidencia de Cristina Fernández, el juez Rafecas desestimó y mandó archivar la denuncia del fiscal Alberto Nisman, de cuya muerte se cumplieron días atrás cinco años. Nisman había denunciado a Cristina Fernández, a parte de su gabinete y a algunos personajes por encubrir a varios jerarcas iraníes a los que la Justicia imputa como responsables de la voladura de la AMIA, el mayor atentado sufrido en la historia de nuestro país.

La denuncia consta de cientos de fojas y muchas horas de grabaciones, y fue admitida por el fiscal interviniente, Gerardo Pollicita, quien pidió más de cuarenta medidas de prueba. Rafecas la desestimó por inexistencia de delito, sin investigar y en un tiempo que no le permitió siquiera escuchar el material de audio que acompañaba la denuncia. Citó a su despacho a dirigentes de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA), les comunicó su decisión desestimatoria y la firmó en su presencia. Fue tal el estrépito que generó la conducta del juez que llegó a pedirse su destitución por parcialidad y arbitrariedad.

Mediante una solicitada debidamente fundada, que la ley avala, pidieron la destitución más de un centenar de personalidades relevantes del país, como Marcos Aguinis, Elisa Carrió, Juan Carlos Cassagne, Juan O. Gauna, Luis Alberto Romero, Horacio Jaunarena, Waldo Wolff, Eduardo Elsztain, Gustavo Grobocopatel, Graciela Fernández Meijide, Marcelo Longobardi, Fanny Mandelbaum y Santiago Kovadloff, entre muchos otros.

Ese y otros escandalosos comportamientos de Rafecas motivaron varias denuncias que se acumularon ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, órgano que le aplicó una severa sanción disciplinaria consistente en la pérdida del 50% de su salario, por considerar que el magistrado había actuado en forma imprudente y prematura, que había faltado al decoro que debe primar en la actuación de los jueces al haberse reunido con una parte del proceso para adelantarle el sentido que tendría su fallo, que había realizado manifestaciones imprudentes e irrespetuosas sobre la salud mental del fiscal Nisman y que, incluso, llegó a especular sobre el resultado de las actuaciones en trámite ante el Consejo de la Magistratura al manifestar que sabía que los votos a su favor eran mayoría, por lo que su remoción no iba a prosperar. La sanción fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, no obstante, redujo la multa a un 25% de su salario.

La desestimación de la causa por la denuncia de Nisman fue apelada por los fiscales de primera y segunda instancia, Pollicita y Germán Moldes, pero el recurso no fue sostenido por el fiscal de Casación Javier De Luca y quedó desierto.

Sin embargo, luego de muchas vicisitudes procesales y por decisión unánime de la Sala I de la Cámara de Casación, la causa se reabrió y el juez Rafecas fue apartado de ella en duros términos. El tribunal destacó su conducta prematura, arbitraria y parcial. Otro tribunal procesó con prisión preventiva a los imputados, procesamientos que fueron confirmados por la Cámara Federal, lo que significó otra contundente descalificación de lo actuado por Rafecas y por los exmagistrados Jorge Ballestero y Eduardo Freiler. Hasta el hoy presidente Alberto Fernández en aquel momento criticó la actuación de Rafecas en esa causa.

Rafecas también tuvo una lamentable actuación en la causa que instruyó contra el presidente Fernando de la Rúa, contra varios senadores nacionales y algunos funcionarios del gobierno de la Alianza por el supuesto pago de sobornos para aprobar una ley de reforma laboral. El Tribunal Oral Federal N° 3, luego de varios meses de debate y habiendo escuchado a más de 300 testigos, consideró que los hechos imputados "no habían existido", que la denuncia era completamente falsa, calificó de embaucador al supuesto arrepentido Mario Pontaquarto y absolvió a todos los procesados.

En lo que aquí interesa, el tribunal reprochó a Rafecas una marcada parcialidad en la valoración de la prueba que fue manipulada para arribar a conclusiones prestablecidas, que hubo también graves irregularidades formales y hasta que "...constituye una afrenta que el sistema de enjuiciamiento penal permitiese el avance de la causa..."

Otro antecedente que lo aleja de la condición ética y de probidad que debe exigirse al procurador general de la Nación fue el escandaloso diálogo que Rafecas mantuvo por WhatsApp con Ignacio Danuzzo Iturraspe, el abogado de José María Núñez Carmona, amigo y socio de Amado Boudou, sobre el avance de la investigación en la causa Ciccone, que tramitaba en su juzgado. Ese abogado presentó en abril de 2012 el chat en el Consejo de la Magistratura, dado que el juez Rafecas había opinado sobre dicha causa, conducta reñida con la imparcialidad y el decoro que debe tener un magistrado, a tal punto que motivó su posterior apartamiento por la Cámara de Apelaciones.

En el chat difundido, Rafecas imprudentemente opina sobre la prueba de la causa iniciada por denuncia de Laura Muñoz, la exesposa de Alejandro Vandenbroele, sindicado como testaferro de Boudou, y cuya instrucción había delegado en el fiscal Carlos Rívolo. Afirma allí que el testimonio de la denunciante es "nulo", pero que "no se justifica ni siquiera pedir la nulidad", y ante la preocupación del abogado de parte Danuzzo por la investigación del fiscal, Rafecas lo tranquiliza diciendo que el fiscal "no tiene nada". "Yo vi los papeles, dan pena", le dice. Más adelante, aconseja que tengan "cuidado" con la AFIP, porque no sabe si es "terreno confiable". ¿Qué significa para un juez de la Nación que una dependencia de gobierno sea "confiable"?

También fue lamentable la actuación de Rafecas en la causa en la que se investigaba a unos ciudadanos serbios por narcotráfico. La Cámara Federal había ordenado su detención; sin embargo, Rafecas optó por dejarlos bajo prisión domiciliaria a pesar de existir constancias de que se trataba de líderes poderosos de una banda de narcotraficantes buscados en varias partes del mundo.

Estos narcos, pertenecientes a un peligroso cartel, fueron denunciados porque, mientras gozaban de ese beneficio que les concedió el juez, celebraban lujosas fiestas privadas en hoteles céntricos.

Afortunadamente, en una investigación posterior que llevó adelante la jueza María Servini de Cubría, en la que se logró capturar un poderoso cargamento de cocaína, se ordenó la inmediata captura de los involucrados, actuaciones que fueron confirmadas por la Cámara Federal y por la Cámara de Casación.

Por último, pero no menos importante, nombrar jefe de los fiscales a un hombre que destrató imprudentemente a un fiscal de la Nación, Nisman, cuando además ya había fallecido y cuya gravísima denuncia desestimó con una rapidez inusitada, resultaría un agravio para los integrantes del Ministerio Público Fiscal.

Hace falta que la sociedad recupere la confianza que ha perdido en su sistema de justicia, y eso será imposible sin jueces y fiscales intachables. Es evidente, por lo reseñado, una mínima muestra de los muchos motivos que justifican alertar sobre esta nominación, que el juez Rafecas carece de las cualidades y los antecedentes necesarios e imprescindibles para convertirse en procurador general de la Nación, por lo que su pliego no debería ser aprobado por el Senado.

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