Juicio político a la Corte: un grosero ataque a la república

La decisión presidencial de promover juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, apoyada con preocupante entusiasmo por gobernadores y legisladores adeptos, revela o bien un grosero desconocimiento de los principios fundamentales de nuestra organización o, lo que sería peor, una cínica despreocupación al respecto. El artículo 1° de la Constitución nacional dispone que la Nación argentina se organiza como una república. Ello requiere la separación de los poderes del Estado y su control recíproco. De este modo, el Poder Judicial de la Nación tiene como misión fundamental el control de la constitucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo y del Congreso. Guste o no, es un “contrapoder”, como lo recordó el propio Alberto Fernández hace algunos años, precisamente al criticar los embates de la actual vicepresidenta contra los magistrados que la juzgaban y que luego la condenaron con sobradas y fundadas pruebas.

Por otro lado, que sea el Presidente quien encabeza ese pedido enviando un proyecto al Congreso carece de validez, por cuanto la Constitución reserva solo a la Cámara de Diputados el derecho de acusar ante el Senado al jefe del Estado, al vicepresidente, al jefe de Gabinete, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema. Otro desconocimiento gravísimo para un presidente que es abogado.

Los argumentos que se esgrimen para justificar este nuevo embate son insostenibles en un sistema que respete el Estado de Derecho. Solo desnudan la obsesión del oficialismo para que queden impunes los graves actos de corrupción de funcionarios y exfuncionarios. Pretenden así someter la Justicia al poder político.

Como dijo hace casi 30 años el exintegrante de la Corte Enrique Petracchi, la misión de los jueces no es apoyar ni rechazar las políticas y actos de un gobierno, sino confrontarlos con la Constitución e invalidarlos cuando la contravienen. Por eso resulta otro absurdo que el pedido de juicio político se funde en que jueces “no elegidos” de la Corte, justamente en ejercicio de esa función de control, hayan dictado sentencias que invalidaron decretos del Presidente o leyes del Congreso. Semejante afirmación, en un contexto escolar, llevaría a reprobar de inmediato al alumno.

En cuanto al Congreso, difícilmente logre avanzar con semejante despropósito. Ninguna de las cámaras puede hoy debatir temas claves por falta de los más mínimos acuerdos, encerradas como están en una disputa política que las paraliza. Muchos legisladores del oficialismo, además, rechazan este disparatado proyecto presidencial y se avergüenzan de la descabellada estrategia de no pocos de sus pares de intentar hacer creer que podrán disponer allanamientos o citaciones de concurrencia obligatoria. Solo un juez competente puede instruirlas. El Congreso es un órgano político, no judicial.

Está más que claro que, con esta burda jugada, el Presidente también busca manipular la agenda pública con el tan infantil como imposible objetivo de que la ciudadanía olvide el desgobierno imperante, dado que su gestión no ha podido brindar respuestas, entre otros graves problemas, a los altísimos índices de pobreza e indigencia, la inseguridad, una moneda casi sin valor producto de la desenfrenada inflación, el trabajo en negro y la falta de inversiones por la desconfianza en el país.

Los intentos espurios para reformar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura; el proyecto para aumentar el número de miembros de la Corte, y las viles operaciones de inteligencia sobre magistrados, dirigentes políticos, empresarios y periodistas van en el mismo sentido de la inexplicable afrenta política contra los jueces del máximo tribunal.

Prácticamente la totalidad de la comunidad académica, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, asociaciones de jueces, fiscales, profesionales y empresarios han rechazado esta iniciativa. Como señaló el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), “si se concediese a un poder estatal el derecho de decidir libremente cuándo cumplir o dejar de cumplir una decisión de la Justicia, se alteraría el delicado equilibrio de frenos y contrapesos sobre el cual se asienta nuestra organización constitucional. Dejaríamos de estar gobernados por la ley y la Constitución, y nuestras vidas, fortunas y honor quedarían al arbitrio del poder de turno”. Esta afirmación adquiere hoy nueva dimensión cuando el Gobierno redobla la apuesta y pone a nuestro país al borde del quiebre institucional.

Es de esperar que esta iniciativa descabellada pronto sea descartada, por el bien de la república.