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Justicia bonaerense, saludables reacciones
Debemos asumir con seriedad y compromiso el objetivo de terminar con la impunidad, restaurar los valores y recuperar la confianza en las instituciones
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LA NACION
El desprecio de la administración nacional hacia el Poder Judicial se acentúa en la provincia Buenos Aires. Se evidencia en la falta de creación de cargos en respuesta al aumento de la litigiosidad y el delito, en la desidia respecto de la cobertura de vacantes –tres de siete miembros en la Suprema Corte y aproximadamente un 20% de magistrados en el área jurisdiccional y en el Ministerio Público–, en los insuficientes bajos niveles presupuestarios, y en los retrasos salariales que la sitúan por debajo de las demás jurisdicciones del país.
Los agentes del sistema judicial, compenetrados con su vocación de servicio y compromiso institucional, trabajan aun así con eficiencia y profesionalismo, muchas veces invisibilizados en su trascendente lucha contra enquistados focos criminales.
El año último, un integrante del máximo tribunal penal de la provincia, Martín Manuel Ordoqui, fue destituido por el Tribunal de Enjuiciamiento tras la acusación de la Procuración General y el consecuente proceso. Acto seguido, fue detenido en el contexto de la causa en la que se lo investiga penalmente por asociación ilícita, tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo.
Es clara la desidia del gobierno bonaerense: no solo limita el presupuesto judicial, sino que mantiene las vacancias y ataca a jueces probos y valientes
El juez con mayor jerarquía de la historia del Jurado de Enjuiciamiento había sido denunciado por formar parte de una asociación ilícita dedicada a asesorar y gestionar beneficios procesales, habiendo favorecido ilegalmente desde su lugar en el Tribunal de Casación Penal a varios delincuentes peligrosos. Logró que sus pares les redujeran penas y consiguieran excarcelaciones, además de filtrar información para facilitar la estrategia procesal de los reos. Se involucró personalmente en la gestión de las causas, al punto de redactar y corregir escritos que los defensores de los delincuentes iban a presentar y que él debería más tarde proveer.
El mes último, el Tribunal de Enjuiciamiento resolvió admitir la acusación formulada por la Procuración General y dispuso la inmediata suspensión del fiscal Claudio Scapolan, denunciado por perseguir de manera maliciosa a un juez de cámara, entorpecer una investigación penal, traficar, transportar y comercializar estupefacientes y por incumplimiento de la obligación de investigar. Se presume que se implicó en una banda dedicada a extorsionar para obtener dinero o bienes de manera ilegítima; en una red conformada por policías, funcionarios judiciales y abogados entre otros. Investigaciones fraguadas con allanamientos –muchos de ellos sin orden de un juez y dispuestos por el mismo fiscal de urgencia– dirigidas a amenazar a los propietarios con plantarles estupefacientes en sus casas si no entregaban dinero.
Próximamente será juzgado el ya suspendido y escandaloso juez de Avellaneda Silvio Luis Carzoglio, denunciado por la Procuración General y por los colegios de Abogados de Avellaneda, Lanús y el de la provincia de Buenos Aires. En la causa seguida al “rey del corte”, en referencia a la reducción de autos robados, se lo acusa de haber librado órdenes para allanar 18 inmuebles sin fijar fecha para las diligencias. Esto causó la nulidad de los allanamientos y de los actos posteriores y, en definitiva, que quedara en libertad uno de los actores más importantes de un negocio que tantas vidas se cobra.
También habría intervenido ilegalmente en causas de otros jueces, concediendo arrestos domiciliarios, salidas laborales y morigeraciones de prisiones preventivas a presos que no eran suyos, librando oficios a la policía y al servicio penitenciario, pero evitando siempre comunicar sus intervenciones al juez de la causa.
En su momento, había sido investigado por extorsionar a funcionarios policiales en una causa que terminó archivada por la imposibilidad de avanzar por sobre sus fueros.
El sistema bonaerense se encuentra a las puertas de un pronunciamiento judicial de enorme relevancia, en un caso en el que se investigan conductas que comprometen a representantes de la sociedad platense; una asociación ilícita enquistada en el poder de la capital provincial, capaz de controlar la seguridad y el aparato represivo del Estado para sus propios fines, conocida como Megabanda de La Plata, o La banda del juez.
Lo más notable en un principio fueron robos de grandes cantidades de dinero y valiosos bienes –muchos nunca declarados por sus dueños–, en viviendas y negocios que demandaban un buen trabajo de inteligencia previa, pues los delincuentes sabían qué iban a buscar y dónde encontrarlo. Las víctimas eran, en general, grandes comerciantes platenses, personas vinculadas al negocio del fútbol y aparentes testaferros.
La banda también estaría vinculada al negocio de los estupefacientes, que no solo distribuía, sino que sustraía a otras bandas rivales aprovechando para eso algunos resortes del poder estatal que manejaba.
En el robo automotor, adulteraba la documentación para vender enteros o desarmados los vehículos, prestarlos a clientes de talleres mecánicos que no sabían que los autos que habían dejado para reparar se usaban para cometer delitos. Se trata de una compleja red que involucraba a mecánicos, agencieros y vendedores de repuestos. La labor profesional del Ministerio Público logró reunir un sinnúmero de pruebas y descubrió las conexiones y la fluida organización de esta organización ilícita que también cometió homicidios. Se identificó el gerenciamiento de César Melazo, poderosísimo y muy temido juez de garantías de la capital provincial, con el comisario Gustavo Bursztyn, con Rubén Orlando “Tucumano” Herrera, empresario de la noche y jefe de la barra brava de Estudiantes de La Plata. Los policías de la banda liberaban una zona cuando era necesario e incluso participaban de la planificación operativa de los hechos.
Los golpes se concretaban mientras Melazo se encontraba de turno para garantizar impunidad. Permitía o prohibía atacar a posibles blancos de la banda e, incluso, llegaba a ordenar en algún caso la restitución de lo robado. Tomaba decisiones en causas de otros jueces o las manejaba sin la necesaria intervención del Ministerio Público; absolvía a unos e implicaba a otros de acuerdo a lo decidido en el nivel superior de la banda.
Están también complicados en este expediente el referido Martín junto con otros jueces de la Cámara de Casación aludidos en las escuchas telefónicas y otras pruebas.
Además de los aceitados vínculos y el nivel de especialización interna, se habría acreditado que la banda se infiltró en la estructura del Poder Judicial con inmediato conocimiento del avance de las investigaciones que la podían complicar. Tenía información precisa sobre delitos pasados y por cometerse y vínculos con funcionarios policiales y judiciales para entorpecer las investigaciones.
Nos encontramos frente a una trama muy oscura de homicidios no resueltos, corrupción y negociados; una red delictiva en la que no todos los integrantes de la asociación se conocían entre sí y que eran intercambiables.
La periodicidad y habitualidad de trato entre miembros de la banda permitió acreditar la existencia de una asociación ilícita. Surge sin lugar a dudas que cualquier riesgo o amenaza contra un miembro de la banda impactaba de forma directa contra los intereses de los demás, por lo cual la asociación, de manera constante y coordinada, buscó protegerlos y protegerse.
La sociedad bonaerense contempla con expectativa varios hitos de una recuperación institucional liderada por componentes valientes y probos del Poder Judicial. En un contexto de franca adversidad y a contramano de lo que ha sido la política implementada en materia de Justicia por la actual administración bonaerense, peligrosamente subordinada a las directivas del Poder Ejecutivo Nacional, los ciudadanos tenemos que apoyar calurosamente a quienes se han puesto sobre sus hombros tan difícil tarea. Terminar con la impunidad y restaurar los valores perdidos debe ser un compromiso compartido por quienes apostamos a recuperar la confianza en las instituciones.
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