Juzgados por detener a un narco
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LA NACION
En la lucha contra el narcotráfico se habla de manera insistente sobre la importancia de contar con uniformados debidamente capacitados, pero, sobre todo, probos y honestos, sin compromisos con el hampa. Podríamos decir que la batalla estará perdida si quienes deben terminar con este flagelo actúan en complicidad, tal como surge claramente a la luz de distintos ejemplos, no solo ocurridos en Rosario sino también en el conurbano bonaerense.
En agosto de 2022, un par de narcotraficantes llevaba entre sus ropas más de un kilogramo de cocaína. En un control en Salta, dos efectivos de Gendarmería detectaron la situación y, como corresponde, los detuvieron. Uno de los delincuentes, Emanuel Ronald Tufiño, quiso huir para lo cual se defendió a golpes y blandiendo un cuchillo mientras amenazaba a los gendarmes con que los encontraría en Orán y con que tenía familiares en la Justicia. Viéndose obligados a reducirlo dada su resistencia, los uniformados le produjeron un golpe en la cara.
La Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del Fiscal Eduardo José Villalba, pide tres años de prisión de cumplimiento en suspenso e inhabilitación especial por el doble del tiempo de condena para los gendarmes Luis Alberto Sanguina y Nahuel Alejandro Esquivel. Se les atribuye la coautoría del delito de severidades, esto es por haber supuestamente impuesto un trato riguroso con incidencia sobre el cuerpo o la salud del detenido.
Corresponde destacar que el fiscal califica de “víctimas” a los delincuentes, quienes ya recuperaron su libertad, mientras los efectivos que realizaron de manera responsable su trabajo, poniendo en juego la propia vida, enfrentan un juicio y corren el riesgo de ser prontamente despedidos de la fuerza.
Una vez más, será misión de una justicia independiente y desprovista de ideologizaciones poner las cosas en su lugar. Frente a tantas vidas truncadas en Rosario en estos días, situaciones como la descripta deberían constituir un severo llamado de atención.
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