La depredación ictícola

El modelo de industrialización impulsado por el gobierno nacional desconoce a una industria como la pesca, que es estratégica para la Argentina desde el punto de vista laboral, social, ambiental y económico. La crisis que atraviesa hoy el sector no deriva sólo de la depredación de un recurso tan valioso del Mar Argentino, aunque con ciclos propios de renovación, como es el ictícola, sino que se arraiga también en causas político-históricas, incluso con ribetes diplomáticos, que amenazan con dejarla colapsada.

La disputa entre la Argentina y Gran Bretaña por la soberanía sobre las islas Malvinas tiene correlato en la industria pesquera nacional. Hace tiempo que fuentes de la Armada de nuestro país advierten sobre las actividades pesqueras españolas en aguas aledañas a las islas, con permisos otorgados por el gobierno británico, que no computan regalías ante la Argentina. Estas aguas corresponden a la llamada Falkland Conservation Zone (FCZ o Zona de Conservación de las Malvinas), establecida unilateralmente por Gran Bretaña, que se superpone con la Zona Económica Exclusiva de nuestro país. Esto plantea una compleja situación diplomática y ambiental, ya que las autoridades de las islas adelantan las fechas de apertura de la pesca de recursos como el calamar illex y comprometen seriamente la preservación de la especie.

El cuadro se ve agravado por una irregularidad aún mayor en la operación de algunas empresas del sector con el aval del gobierno nacional. Estas empresas, en abierta contradicción con lo fijado por ley del propio Congreso Nacional, mantienen sede en nuestro país y operan en nuestras aguas con permisos de pesca gestionados ante el Reino Unido. Esto significa que, mientras meses atrás el Gobierno forzaba a sus socios del Mercosur a firmar la resolución que prohíbe a embarcaciones con bandera de Malvinas atracar y descargar en sus puertos, esas mismas autoridades permiten que empresas radicadas en el continente tengan doble matriculación en sus buques.

La escalada de los costos internos se conjuga con un dólar estancado y una fuerte caída de los precios internacionales y de la demanda. El resultado es un cóctel explosivo para una industria con valor agregado que es netamente exportadora, pues 95 de cada 100 toneladas que se pescan y procesan tienen ese destino. Retrato de la crisis es la reciente expropiación de la española Vieira por el gobierno de la provincia de Santa Cruz, asfixiada en sus cuentas por el gobierno nacional. La compañía llamó a concurso de acreedores a partir de un millonario pasivo financiero contraído en su casa matriz, pero la provincia se apresuró a dictar la expropiación. El polémico Omar Suárez, un dirigente gremial con históricos y cuestionados vínculos con el Gobierno, fue seleccionado para el manejo de la empresa.

Aun cuando el Gobierno ha saldado una deuda largamente reclamada por la industria como la reglamentación de la ley federal de pesca, con la fijación de las correspondientes cuotas de captura, es imperioso contar con una política económica e institucional para el sector a la altura de la circunstancias. No basta con garantizar la preservación de los recursos del Mar Argentino, sino que se debe promover el crecimiento de una industria que genera alimentos para el mundo, recursos para el Tesoro y trabajo para miles de familias a lo largo del extenso litoral marítimo de nuestro país.

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