La hora de la Justicia

En estas últimas semanas han dado comienzo algunos juicios orales de resonancia, seguidos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otras altas autoridades de su gobierno. También están imputados otros funcionarios públicos que gozaban de su entera confianza, así como empresarios de estrecha relación con esos mismos funcionarios. Es claro que en esos juicios se debatirá si efectivamente existió un esquema de corrupción y complicidad entre todos los imputados, de manera de privar a las arcas del Estado de ingresos genuinos que tanta falta habrían hecho para atender las necesidades básicas de la Nación. Los jueces y los fiscales que actuaron en la etapa de investigación y recolección de pruebas creen haber reunido suficientes evidencias para su presentación ante los tribunales de enjuiciamiento, y estos tendrán ahora la oportunidad de juzgar si todo ello sucedió o no.

La estrategia definida en forma frecuente por los acusados ha sido victimizarse. Afirman casi al unísono que son "perseguidos políticos", sometidos a una suerte de conspiración judicial alimentada desde el actual gobierno nacional y magnificada por los medios de prensa que consideran faltos de independencia.

Sin perjuicio de que cada imputado es libre de presentar la visión del caso de mayor utilidad para sus intereses, hay algunos factores de orden institucional sobre los que conviene llamar la atención. Resulta indudable a estas alturas la existencia de una campaña montada por candidatos opositores y sus voceros más conspicuos destinada a incomodar a los jueces que deben actuar en estos procesos. Las advertencias del flamante postulante presidencial por el kirchnerismo, Alberto Fernández, acerca de qué les espera a quienes han escrito, en sus palabras, "barrabasadas" contra su jefa política, así como el anuncio de Eugenio Raúl Zaffaroni de una ley que revisaría las sentencias que se dicten, son mensajes dirigidos a los magistrados que deben actuar en este tipo de procesos. Experiencias pasadas de "carpetazos"; algún exjuez, como Norberto Oyarbide, que admitió haber sido tomado "del cogote" (es de suponer que metafóricamente) para favorecer al matrimonio Kirchner; proyectos de normas que buscaron someter a la Justicia con la excusa de "democratizarla", y otras criaturas afines no resultan antecedentes muy gratificantes en un panorama de eventual retorno de la oposición a los cargos más relevantes del poder.

Pero en atención al estado actual de la situación, claramente hay cosas por las que el gobierno de Mauricio Macri debería bregar para llevarle algo de tranquilidad a la administración de Justicia en general, y de rebote, a aquellos sectores de la población que, sanamente, aguardan a que estos juicios sirvan como punto de partida para un renacer republicano. Nos referimos a la necesidad de brindar en lo inmediato, tanto a jueces de los tribunales orales como a los fiscales que actúan ante ellos, el apoyo institucional y los recursos necesarios para la grave tarea que tienen por delante.

En la actualidad, para dar un ejemplo, las fiscalías de juicio se encuentran sobrepasadas de tareas y con variados procesos orales a los que deben atender casi en simultáneo, con escaso personal a su cargo. Es como si pretendiéramos asignarle a una persona una responsabilidad mayúscula y, por falta de comprensión del problema, le retaceáramos los recursos necesarios para estar a la altura de esa responsabilidad. El resultado, en esas condiciones, no podrá nunca ser aquel al que buena parte de la sociedad aspira.

Los magistrados, por su parte, deben igualmente contar con la necesaria tranquilidad de espíritu. Para ello, es importante estar atentos al desarrollo de las audiencias públicas para que estas se cumplan en un clima de normalidad. En este último aspecto, es auspicioso que distintos jueces de la Corte Suprema, incluso aquellos que han estado divididos en sus votaciones recientes, hayan salido al unísono a criticar con firmeza algunas expresiones desafortunadas por las que se anuncian "revisiones" de futuras sentencias, mediante mecanismos incompatibles con la Constitución Nacional.

Es evidente que ha llegado la hora de los jueces para echar luz definitiva sobre los casos de corrupción. Pero también lo es de que tanto ellos como los fiscales sean dotados de herramientas y reaseguros para que puedan cumplir su tarea sin obstáculos y con la serenidad que se espera de ellos.