La impostergable ley de financiamiento político

Si el Congreso no sanciona la norma que regula los aportes a los partidos en las campañas electorales, la transparencia sufrirá un nuevo revés
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13 de mayo de 2019  

Amenos que la Cámara de Diputados de la Nación le dé sanción definitiva en estos días a la ley de financiamiento político, resultará imposible garantizar la transparencia de los fondos de las fuerzas que competirán en el proceso electoral de este año .

Ha pasado ya demasiado tiempo de idas y vueltas para la sanción de esta imprescindible norma, que fue hace poco aprobada por el Senado y que debía ser tratada la semana pasada por la Cámara baja, pero cuyo debate quedó una vez más postergado por la falta del número de legisladores necesarios. En principio, el proyecto podría ser tratado esta semana. Pero si ello no ocurre y prosiguen las dilaciones, deberemos resignarnos a convivir con la falta de cristalinidad, a 40 días del vencimiento del plazo para presentar listas de precandidatos a cargos electivos nacionales, y a tres meses de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

No hay dudas de que la transparencia del financiamiento electoral es uno de los factores determinantes de la calidad de una democracia. No llegar a las próximas elecciones nacionales con una nueva ley que termine con los actuales vicios de las campañas proselitistas sería una desilusión y un fracaso de quienes alientan una nueva política.

Durante mucho tiempo venimos conviviendo con una deficiente o nula rendición de cuentas sobre los gastos en las campañas, con la existencia de falsos aportantes de recursos a los partidos, con donaciones encubiertas, con comprobantes de gastos "truchos" y con dirigentes y candidatos que solo esperan los tiempos de campañas para llenar sus bolsillos. Seguramente este último vicio no alcanza a todos, pero sería hipócrita de cualquiera no admitir esta realidad.

Después de las revelaciones aportadas por la investigación periodística sobre los cuadernos de las coimas y de los testimonios de no pocos empresarios que adujeron que el dinero que aportaban a funcionarios kirchneristas era justificado como aportes para las campañas electorales, se torna particularmente importante e indispensable avanzar en la nueva ley de financiamiento político. Hasta hoy, las empresas tienen prohibido hacer aportes de campaña, pero es un secreto a voces que los pagos "en negro" eran bastante habituales.

La iniciativa que debe debatir Diputados fue aprobada a mediados de abril por el Senado con 48 votos contra dos, y tiene como uno de sus puntos más destacados la bancarización total de los aportes a los partidos y la eliminación de los pagos en efectivo, algo que permitirá identificar a los aportantes. Se permitirán los aportes de las empresas, pero ninguna agrupación política podrá recibir de una misma persona física o jurídica más del 2% de los gastos admitidos en una campaña. Y no se permitirán contribuciones anónimas, ni de gremios, ni de municipios, ni de empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas; ni de proveedores de la Nación, las provincias o los municipios; ni de quienes exploten juegos de azar.

Cabe esperar que, aun cuando presente aspectos corregibles, la norma sea finalmente sancionada para que la transparencia se imponga sobre toda sospecha.

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