La lucha contra la delincuencia exige una política de Estado

La nueva polémica por las pistolas Taser ha puesto en evidencia las dificultades de la dirigencia política para convertir la lucha contra la delincuencia en una política de Estado, al margen de las disputas partidarias y de los prejuicios de tipo ideológico.

Los altos grados de confusión y de oportunismo político presentes en la coalición gobernante en el orden nacional quedaron de manifiesto en los últimos días. Más precisamente, cuando el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, anunció que el gobierno nacional había adquirido cien pistolas Taser luego de que él mismo sostuvo en reiteradas oportunidades que la Argentina no estaba “ni por casualidad preparada” para la utilización de esas armas no letales.

Las pistolas Taser son empleadas por cuerpos policiales y de seguridad en más de 100 países. Su característica es que disparan dardos electrificados que permiten inmovilizar durante unos 60 segundos a un delincuente sin matarlo. Las versiones más modernas incluso tienen una videocámara capaz de filmar y grabar el audio del ambiente, por lo cual queda registrado el proceder del policía y si este comete un error o un abuso en su empleo.

Los altos grados de confusión y de oportunismo político presentes en la coalición gobernante en el orden nacional quedaron de manifiesto en los últimos días

Se trata de un arma de uso intermedio entre la pistola reglamentaria, que puede ser mortal para la otra parte o para terceros inocentes, y la tonfa o bastón de seguridad, que es útil pero limitado al momento de detener una agresión. Estas pistolas llevan unas dos décadas de utilización, con positivas experiencias en tres circunstancias claves en materia de seguridad:

• Cuando el agresor a un policía o civil ataque con un cuchillo, elemento cortante o palo a corta distancia. Para estas agresiones, que en muchos casos llegan a ser mortales, se requiere una respuesta proporcional. La Taser paraliza al agresor, permite desarmarlo y esposarlo, y evita así que pueda seguir con su ataque.
• Cuando la situación de inseguridad ocurre en un ámbito densamente poblado, donde el uso del arma de fuego se torna muy peligroso para terceros, tales como estaciones de ómnibus, trenes y subtes o aeropuertos. Una bala perdida puede afectar con alta probabilidad a personas que se crucen o se encuentren cercanas a una línea de disparo.
• Cuando una persona tiene un brote psicótico y se pone extremadamente agresiva, convirtiéndose en un peligro para sí misma y para terceros. Esta arma eléctrica reduce al agresor y permite contenerlo y hasta medicarlo sin que agreda.

Quienes delinquen deben dejar de percibir que sus actos no tienen consecuencias

Durante los últimos años el kirchnerismo puso trabas legales basadas en prejuicios ideológicos para bloquear el uso de las pistolas Taser. El actual gobierno obstaculizó la importación de esas armas, impidiendo que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y otras policías de todo el país pudieran incorporarla.

Tras varios hechos lamentables donde fueron heridos y perdieron la vida policías de la Ciudad y federales, como también ciudadanos comunes, el gobierno nacional ha decidido comprar 100 armas Taser mediante una contratación directa por adjudicación simple, y se ha comprometido a facilitar su compra a las distintas jurisdicciones que tienen trabada su adquisición desde hace años por decisión de las propias autoridades nacionales.

Si bien el cambio de actitud del gobierno nacional es positivo, cabe preguntarse sobre el motivo de esta decisión cuando falta menos de un año para el final de su mandato y por la desprolijidad que constituye esta compra sin licitación.

Es imprescindible que, junto con la necesaria transparencia, la lucha contra la inseguridad adquiera la seriedad que exige el deber del Estado de garantizar la protección de la sociedad para que quienes delinquen dejen de percibir que sus actos no tienen consecuencias y hasta son apañados por el poder político.