La millonaria causa YPF y la responsabilidad de Lijo
El juez federal propuesto para la Corte Suprema dejó durmiendo 19 años una denuncia penal por la venta de acciones del Estado en la petrolera
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Como este diario ha ido informando periódicamente, una porción de la deuda pública en dólares de la Argentina está siendo litigada en los tribunales de Nueva York. Uno de esos juicios, relacionado con la venta de parte de las acciones de YPF, involucra al grupo Eskenazi, al grupo Petersen, al fondo Burford y al grupo Eton Park. La jueza federal a cargo del caso, Loretta Preska, condenó a la Argentina al exorbitante pago de 16.100 millones de dólares.
Tal sentencia aún no se encuentra firme y, en fecha reciente, la organización no gubernamental Republican Action for Argentina Inc. (RA4ARG) se presentó en ese expediente y solicitó ser tenida por parte interesada, con el fin de que se reviera el caso. Según denunció la ONG, el origen de la deuda está viciado, a partir de una adquisición ilícita de acciones de YPF por parte del grupo Eskenazi, favorecido por el matrimonio Kirchner, entonces en el poder.
En una denuncia penal, formulada en 2006 por la entonces diputada Elisa Carrió, se cuestionaba la operación de venta del paquete accionario de YPF en poder del Estado a favor del grupo Eskenazi
La presentación de la ONG, asistida de una nutrida prueba, invoca como uno de los soportes sustanciales de su pedido un informe preparado por la Unidad de Información Financiera (UIF) en 2018 que, conforme allí se dice, reúne una cantidad de datos relevantes que ameritan la investigación judicial. Ese informe de la UIF, paradójicamente, no es novedoso. Fue agregado hace casi siete años en una denuncia penal formulada desde mucho antes, en 2006, por la entonces diputada nacional Elisa Carrió. En esta denuncia se cuestionaba, precisamente, la licitud de la operación de venta del paquete accionario de YPF en poder del Estado a favor del citado grupo empresario. Cabe preguntarse cómo es posible que, luego de 19 largos años, no haya habido avances significativos en la causa, ya sea procesando a los involucrados en la maniobra o bien desestimándola. ¡Han pasado casi dos décadas desde su inicio! Pues bien, la respuesta es conocida por todos: el juez federal en cuyo juzgado se tramita la causa es Ariel Lijo, quien se ha caracterizado por cajonear expedientes de alto impacto que duermen el sueño de los justos en su tribunal.
Esa presentación fue comunicada a las partes del juicio y la débil respuesta del estudio jurídico que representa a la Argentina, contenida en una carilla y media, provoca asombro. Quizá ella tenga su respuesta en tecnicismos procesales que ignoramos, pero, en vista de la magnitud de la condena, merecería una explicación por parte de las autoridades. En efecto, el 24 de febrero último, antes de que la Nación respondiera sobre la presentación de la ONG, los diputados Marcela Campagnoli, Paula Oliveto Lago y Juan Manuel López acercaron a la Procuración del Tesoro el informe de inteligencia de la UIF (mencionado y adjuntado por la ONG ante la jueza norteamericana) y otras pruebas que reforzaban la presentación de la organización civil. Sin embargo, la Argentina respondió que no conocía a la ONG. También omitió toda referencia al informe de la UIF en el que se apoyaba la ONG, argumentando que si RA4ARG acompañaba la prueba de sus alegaciones, la recibiría. Al mismo tiempo, aclaró que parte de los argumentos de la ONG eran objeto de “investigación” en la Argentina, omitiendo poner de manifiesto que hace 19 años que esa causa, aún abierta en el tribunal del juez Lijo, no ha logrado esclarecer nada.
Es evidente que si la jueza Preska o, en su momento, la Cámara de Apelaciones no deciden profundizar la investigación propuesta por la ONG Republican Action for Argentina, el millonario reclamo de los actores quedará firme y nuestro país deberá afrontar su pago. Es evidente también que, una vez más, la inactividad injustificable y la ineficiencia del juez Lijo facilitan que gravísimos hechos denunciados en su juzgado queden impunes. Ello pone de manifiesto, una vez más, que este magistrado no está en condiciones de cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es el responsable directo de que esa causa no haya rendido fruto alguno en 19 años.
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