La modernización laboral, en las Termópilas
Para crear empleo genuino, la Argentina requiere bajar impuestos al trabajo y costos del despido, además de negociar convenios por empresa
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El proyecto de ley de modernización laboral configura una oportunidad sin igual de comenzar a transformar a la Argentina desde sus cimientos. No se trata de una utopía libertaria para satisfacer los postulados de una ideología, sino de recuperar las herramientas que requiere una sociedad para la prosperidad de sus habitantes.
Nuestro país tiene que superar su profunda crisis institucional –no solo económica– recreando instrumentos básicos perdidos luego de tantos años de inflación, corrupción estructural y malversación del accionar estatal. Se han desvirtuado sus reglas de juego fundacionales, subastando el escudo y la bandera al mejor postor. No es un problema de políticas mejores o peores, sino de lograr que las instituciones funcionen de manera imparcial, conforme al bien común y no al bolsillo de pocos.
Estamos tan habituados a la convivencia precaria, a los vaivenes del dólar, a las escaladas de precios, huyendo de las cargas tributarias, buscando “curritos” estatales, temerosos de la violencia callejera, escépticos de la honradez policial, descreídos de la Justicia, admirados de la picardía ajena, habituados a los “bolsos”, las excepciones y los peajes, que no tenemos conciencia de la gravedad del diagnóstico.
El tránsito hacia un país normal implica atravesar un desfiladero cercado por muros pétreos para impedir cualquier cambio del statu quo. La Argentina no tiene moneda y por ende, ni ahorro, ni crédito, ni inversión. ¿Qué país funciona así? Por eso, la inflación está siempre acechando, atando las manos del Banco Central, dificultando la reactivación y la acumulación de reservas. Cualquier nuevo programa u organismo que en otras latitudes serían formas razonables de satisfacer demandas colectivas, en nuestras orillas son botines para clientelismo y el desvío de fondos.
La modernización laboral pretende desmontar una estructura desnaturalizada a través de los años. Si en algún momento implicó reconocer derechos para equilibrar las fuerzas del capital y el trabajo, con el paso del tiempo se convirtió en una red de intereses que gravitan sobre los sindicatos, los tribunales, el ministerio sectorial, la financiación de la salud y la militancia política que desvirtúan sus fines
En cuanto a las provincias, el blindaje del federalismo resguarda impuestos y tasas municipales insoportables para la producción, el comercio y la ciudadanía. Para peor, parte de la población apoya a quienes nos han llevado a esta situación, prefiriendo recibir un plato de lentejas a intentar lo desconocido. Tampoco hay espacio social para realizar cambios que afecten empleos, aunque improductivos. Cuando no son pedradas, son amparos. Cuando no movilizaciones, cautelares. Siempre hay alguna resolución, algún inciso, algún estatuto para invocar derechos adquiridos. Por esas Termópilas riesgosas debe intentar moverse quien desee sacar a la Argentina de su drama secular.
Suele decirse que las reformas propuestas por Federico Sturzenegger responden al error de creer demasiado en el mercado, cuando en los países más avanzados existe un balance entre la intervención pública y la mano invisible. En estos últimos, el Estado desarrolla infraestructura e impulsa sectores estratégicos, corrigiendo resultados por razones de equidad para lograr cohesión social, aunque aumente la riqueza.
Esa crítica sería válida en Italia, Polonia o Canadá, pero no en la Argentina, donde, como dijimos arriba, se han destruido las instituciones y el propio Estado ha sido convertido en un mercado. Es tiempo de sanearlo, impidiendo que, con el poder de su imperio, haya burdas transferencias de ingresos para algunos a costa de los demás, generando distorsiones que bloquean el crecimiento. Un pequeño antibiótico de Adam Smith para curar años de infección populista nunca vendrá mal.
La modernización laboral pretende desmontar una estructura desnaturalizada a través de los años. Si en algún momento implicó reconocer derechos para equilibrar las fuerzas del capital y el trabajo, con el paso del tiempo se convirtió en una red de intereses que gravitan sobre los sindicatos, los tribunales, el ministerio sectorial, la financiación de la salud y la militancia política que desvirtúan sus fines en provecho de operadores tan listos para lucrar como lobos de Wall Street.
En la Argentina no hay problemas de empleo, sino de informalidad
El mundo moderno, alterado por la irrupción de productos chinos, la emergencia de tecnologías disruptivas y los nómades digitales, requiere reducir costos, atraer inversiones, atenuar la presión fiscal, facilitar el empleo y adecuar los formatos laborales para sobrevivir. La Unión Industrial Argentina lo llama “nivelar la cancha” para poder competir y tiene razón. Lo sabe porque sus pymes están en la primera línea de fuego.
En la Argentina no hay problemas de empleo, sino de informalidad. Sobre un total de unos 24 millones de trabajadores, hay 6,4 millones con dependencia privada y 3,4 millones en el Estado, además de 1 millón de autónomos y 4 millones de monotributistas. El empleo público (sobre todo en las provincias) es en gran medida desempleo disfrazado e implica costos que se reflejan en ingresos brutos o en tasas municipales. Para reducirlo también se necesita alentar el empleo privado en todo el país.
El 42% de quienes trabajan lo hacen de forma irregular, “en negro” o por cuenta propia. Son 9,6 millones de personas sin estabilidad, ni cobertura social. Ello afecta la sustentabilidad del régimen previsional, cargado de jubilados sin años ni aportes, enfrentado a la extensión de la vida y arrinconado por fallos judiciales, justos pero impagables. Apenas hay 1,5 aportantes por cada uno de los 7,5 millones de beneficiarios, cuando la proporción debería ser de 4 por 1. De eso también trata la modernización laboral: se necesitan más espaldas juveniles para sostener tanta tercera edad.
Como lo señalamos desde esta columna, para crear empleo genuino se deben bajar aportes y cargas sociales; reducir el costo de los despidos cuyos montos exorbitantes fuerzan el cierre de empresas (y desalientan la creación de nuevas) y llevar la negociación colectiva a convenios por empresa para alejarla de la política y acercarla a la sensatez de las realidades particulares. A ello apunta el proyecto de modernización laboral.
El 42% de quienes trabajan lo hacen de forma irregular, “en negro” o por cuenta propia. Son 9,6 millones de personas sin estabilidad, ni cobertura social. Ello afecta la sustentabilidad del régimen previsional
La elevada litigiosidad demuestra la trama de intereses que vinculan a los sindicatos con los tribunales, los peritos y la industria del juicio, como ocurre con los accidentes de trabajo, a pesar de las ART. Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), este año se sumaron más de 120.000 nuevos pleitos. Ello no se debe a más accidentes, sino a peritajes y tasas de interés infladas, con abogados y peritos que cobran porcentuales y no sumas fijas. Es ilustrativo que, cerca de paradas con mucho tránsito, haya carteles de abogados para “Despidos” o “Accidentes” cuando deberían ofrecerse “Empleos” en un país tan despoblado como el nuestro.
La CGT critica el proyecto por “quitar derechos a los trabajadores” sin advertir que el histórico “pueblo trabajador” no se limita a quienes ellos protegen. La mayor parte no tiene acceso al empleo regular ni a sus beneficios, por las mismas barreras que ellos defienden. El sindicalismo advierte una amenaza a su poder político y económico, sustentado en la personería gremial única, su control sobre los convenios colectivos por actividad, las homologaciones discrecionales y, por sobre todas las cosas, los enormes recursos que manejan de las obras sociales desde 1970.
La Argentina necesita un shock de confianza para reactivar su economía y despejar su horizonte de nubarrones populistas. La aprobación de la modernización laboral -cuyo tratamiento en el Senado fue diferido para febrero- no solo implicará un aliento formidable a la creación de empleo por el impacto de su propia letra, sino también por el mensaje que su sanción implicará con respecto a la posibilidad de realizar cambios estructurales. Sin ser derrotados en las Termópilas.
