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La participación en las ganancias
El Estado debería instrumentar incentivos, absteniéndose de aplicar porcentajes y formas de distribución obligatorias
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Con la autoría del diputado Héctor Recalde y el patrocinio de hecho de la CGT, ha ingresado a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Quedarían obligadas a cumplir con esa ley las sociedades que empleen más de 300 personas, aunque en un futuro se incorporarían también aquellas que no alcancen ese número. Se propone que queden exentas las cooperativas y las entidades sin fines de lucro.
La fundamentación del proyecto pasa principalmente por su referencia al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1957. En él se establece para el trabajador, junto con otros derechos sociales, el de la participación en las ganancias de las empresas. Han pasado 53 años y es en ocasión de este proyecto legislativo que aquella estipulación constitucional pueda transformarse en ley. Esto significa que sólo a partir de su sanción habrá procedimientos definidos cuyo incumplimiento pueda ser materia judicial. En otras palabras, la participación en las ganancias en un porcentaje y con un mecanismo de distribución establecidos pasaría a ser de cumplimiento obligatorio por parte de las empresas. El derecho de los empleados y la obligación de las empresas se configuraría así definitivamente.
La doctrina social de la Iglesia, desde la encíclica Rerum Novarum de León XIII hasta la Centesimus Annus de Juan Pablo II, ha destacado la importancia de que los trabajadores y sus empleadores converjan en un interés común en beneficio de la empresa y de quienes dedican sus esfuerzos a ella. Este propósito se conjuga con la dignificación del trabajo y con los mejores resultados para la comunidad en su conjunto.
La Centesimus Annus dice: "La Iglesia no tiene modelos para proponer? reconoce también la legitimidad de los esfuerzos de los trabajadores por conseguir el pleno respeto de su dignidad y espacios más amplios de participación en la vida de la empresa, de manera que, aun trabajando juntamente con otros y bajo la dirección de otros, puedan considerar en cierto sentido que «trabajan en algo propio», al ejercitar su inteligencia y libertad". La participación de los trabajadores en las ganancias no se explicita en las encíclicas papales como una propuesta ni menos como un procedimiento excluyente, aunque con claridad se valora como una iniciativa patronal ponderable.
Debe considerarse positivamente todo esfuerzo e iniciativa empresaria que busque compartir los resultados con todos quienes aportaron con su trabajo a conseguirlos. También debería acordarse como un hecho plausible que el Estado instrumente incentivos, y no compulsión, para alentar esas iniciativas. Pero distinto es legislar de forma de obligar a hacerlo, imponiendo porcentajes y formas de distribución. En este caso ese porcentaje adquirirá para la empresa el carácter de un impuesto. Y los empleados que lo reciban lo observarán como un beneficio social, ajeno a cualquier impulso solidario que pudiera despertarles sentimientos de lealtad y colaboración.
Para quien estudie una nueva inversión en la Argentina, la introducción de un porcentaje obligatorio de distribución de ganancias a los empleados será proyectado como una reducción de la rentabilidad esperada. Dado un nivel mínimo de rentabilidad exigido, ya de por sí muy alto en consideración del riesgo país, habrá aún menos inversiones y menos creación de empleo. La nueva ley beneficiaría a quienes ya tienen trabajo, pero tendría como contrapartida menos oportunidades para quienes hoy no lo tienen.
Si algo preocupa hoy en nuestro país es la precariedad de la reactivación económica por no estar sustentada en un aumento de su capital productivo. Con excepción de algunas actividades, como las construcciones residenciales de alto valor, la hotelería y el juego, ha habido en general insuficiencia de inversiones. Han influido la falta de reglas impositivas estables bajo la presión de un gasto público desenfrenado, la inseguridad jurídica, los controles de precios, el falseamiento estadístico y otros rasgos negativos de esta gestión de gobierno. Debería ponerse especial cuidado en no crear nuevos hechos que produzcan desaliento en los inversores, como entendemos lo hará el proyecto de ley que comentamos, si es sancionado.
