Vacantes en la Justicia: un desafío a la calidad institucional
Las postergaciones en la integración de los juzgados son insostenibles; un sistema republicano exige nombrar magistrados probos y honestos
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Al finalizar 2025, la Justicia argentina enfrenta un déficit crítico: un tercio de los cargos de jueces, fiscales y defensores nacionales y federales permanecen sin designar. Esta parálisis política, que ignora el reclamo de los magistrados y de la sociedad, diezmó al Poder Judicial y dejó huecos alarmantes en su estructura.
Las cifras resultan elocuentes: el 37% de los puestos clave se encuentran vacantes. La actual administración ostenta un récord negativo: enfrentó la mayor cantidad de renuncias de jueces y fiscales en promedio –motivadas, en gran parte, por la incertidumbre en torno al régimen jubilatorio– y no realizó ni un solo nombramiento en dos años de gestión gubernamental, más allá de intentos fallidos o renovaciones por límite de edad.
Frente a este escenario, el presidente Javier Milei reconoció que la cobertura pendiente oscila entre el 30% y el 40%, pero sostuvo que “no es el momento” de enviar los pliegos. Para el primer mandatario, la demora se explica por un “orden de prioridades”. “Cuando llegue el momento lo voy a hacer. Me parece que tengo todavía que resolver otras cosas”, declaró días atrás durante una entrevista a LN+. Con respecto a la Corte Suprema, Milei fue tajante: no enviará candidatos al Senado mientras no tenga asegurados los dos tercios de los votos, según dijo, porque se niega a hacer cualquier tipo de concesión al kirchnerismo para alcanzar el consenso.
Esta estrategia inmovilizó 203 pliegos de otras tantas vacantes que están estacionados en el Poder Ejecutivo, pese a las promesas de funcionarios de enviarlos al Congreso, incluyendo una conferencia de prensa en la que se anunció esta medida que nunca se materializó.
Una Justicia incompleta equivale a una democracia a medias. Dilatar las designaciones somete a la ciudadanía a una justicia de emergencia, lenta y atendida por jueces “prestados”
En la reciente cena anual de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, señaló que las vacantes son su “principal preocupación”. Si bien destacó el “esfuerzo extraordinario” de los jueces que, mediante subrogancias, cubren múltiples juzgados para sostener el servicio, advirtió sobre los riesgos sistémicos. Rosatti alertó que si el mecanismo constitucional vigente no logra cubrir los puestos, siempre existe la amenaza de recurrir a sistemas menos republicanos, como la elección a dedo o la elección popular.
En sintonía, Andrés Basso, presidente de la citada asociación, calificó las cifras de vacantes como “inéditas” y contundentes. Advirtió que esta situación “perjudica directamente a los justiciables y afecta la imagen del sistema judicial”, nutriendo una “crisis de credibilidad” que exige una pronta respuesta y madurez institucional. Además, lanzó una advertencia sobre factores externos que buscan “debilitar la independencia judicial” al cuestionar la inamovilidad de los magistrados.
Si la Argentina aspira a reconstruir la confianza en sus instituciones, debe comenzar por garantizar que los jueces, fiscales y defensores accedan a sus cargos por mérito, con independencia y con el reconocimiento social que merece una función tan esencial.
El momento de actuar es ahora: la postergación es insostenible, pues una Justicia incompleta equivale a una democracia a medias. Dilatar las designaciones somete a la ciudadanía a una justicia de emergencia, lenta y atendida por jueces “prestados”.
La cobertura de vacantes no es un mero trámite burocrático, sino una demanda ineludible para la buena calidad democrática, que requiere un Poder Judicial con todos sus jueces, probos y honestos.
