La Plata, en emergencia climática
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LA NACION
En la Argentina, suele ocurrir que luego de una tragedia se suceden debates sobre sus pormenores y causas; sin embargo en la mayoría de los casos, tras la efervescencia informativa de los primeros días, el intercambio de opiniones e ideas deja, poco a poco, lugar a la inacción y al olvido.
Uno de los hechos que generó conmoción pública, nueve años atrás, fue la gran inundación de la ciudad de La Plata, que provocó 89 muertes y cuantiosas pérdidas económicas.
En ese momento, la capital bonaerense fue víctima de la desidia y la falta de preparación de los gobiernos municipal y provincial para afrontar una crisis de hipótesis conocida, dado que La Plata está rodeada de cursos de agua y de zonas inundables.
Pasó casi una década de aquel fatídico hecho y ahora otro gobierno municipal está a punto de suscribir un convenio con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), avalando que a partir de la declaración de emergencia climática, se avance en un plan para reducir y mitigar los riesgos que ese escenario anticipa.
Esta declaración se enmarca en advertencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), camino que han seguido ya más de 2000 gobiernos locales en todo el mundo.
Al conocerse esta iniciativa del gobierno platense, surgieron cuestionamientos de asambleas vecinas de zonas inundables y una denuncia, por parte de la oposición, de supuesta subejecución de partidas destinadas a afrontar esta problemática.
La declaración de emergencia climática para la ciudad de La Plata fue votada recientemente por su Concejo Deliberante y regirá por el término de 18 meses, plazo que coincide con la finalización del mandato de su actual intendente, Julio Garro. El fundamento de esta resolución “es continuar trabajando para instalar a La Plata como pionera en la gestión del riesgo, reconocer la problemática y apuntar a transformarla”.
En lo que hace al convenio con la UNLP, se avanzará en la fase 2 del Plan de Reducción del Riesgo por Inundaciones (PRRI), ya que en la fase 1 se llevó a cabo un estudio para determinar las zonas más vulnerables en cada barrio y trazar planes de acción. Ahora en la fase 2, se ampliará el sistema de alerta temprana, que hoy está constituido por 16 estaciones meteorológicas que advierten al instante los cambios en el clima. A esto se sumaron cinco estaciones hidrometeorológicas que miden en tiempo real las fluctuaciones en el caudal de los arroyos aledaños.
Desde el gobierno local también comunicaron sobre obras de infraestructura concretadas y destacaron la ampliación de recursos humanos y de técnicos de Defensa Civil.
Sin embargo, asambleas vecinales de inundados pidieron una reunión urgente con el jefe comunal para conocer los alcances de la medida y denunciaron lo que parece una paradoja: la parálisis de acciones para mitigar el impacto de las tormentas. No obstante, los vecinos también solicitaron audiencia a nivel provincial con el ministro de Infraestructura bonaerense, Leandro Nardini, a quien le enumeraron un cúmulo de obras aún pendientes en la cuenca.
Una declaración de emergencia puede ser un disparador para presionar a que cada actor con responsabilidad en el tema adopte las políticas necesarias para resolver los problemas e impulse las acciones necesarias.
Ni una declaración ni una ley, por mejor redactada que esté, resuelve por sí sola las cuestiones de fondo y, más allá de las rivalidades y especulaciones políticas, los diferentes niveles gubernamentales deben hacerse cargo de la situación. Tanto el gobierno municipal como el provincial deben abocarse decididamente a que no se repitan los terribles hechos del 2 de abril de 2013.
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