La prensa no conspira, incomoda

Al inaugurar la Convención Constituyente de La Rioja, donde tiene mayoría absoluta con 27 de los 36 constituyentes, el gobernador kirchnerista Ricardo Quintela pidió aprobar una reforma que refuerza el control sobre los medios y atenta contra el ejercicio de la libertad de prensa. Aunque todavía no se conoce el trazo fino de la reforma, se especula que buscará bloquear a los medios, crear de un holding estatal para la región del NOA y distribuir arbitrariamente la pauta oficial.

Quintela había criticado a los medios nacionales porque, a su juicio, difunden “información podrida”, no “verificable”, y llamó a buscar la capacidad para “bloquearlos” en las provincias del norte. En esa oportunidad criticó puntualmente a LN+ y a TN, señales a las que acusó de tener “intereses claramente definidos”.

Las críticas a sus dichos no se hicieron esperar. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) advirtió sobre el peligroso antecedente venezolano y manifestó, entre otros conceptos, que “la libertad de expresión y la tarea de medios y periodistas no son concesiones de las autoridades”, sino “un derecho ciudadano y así deben ser ejercidas y respetadas”.

La Academia Nacional de Periodismo señaló que “lo que pretende hacer Quintela es una aberración política” y una “pésima manera de celebrar los 40 años de democracia en el país”.

Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sumaron categóricamente en rechazo a la propuesta de Quintela.

Fundación LED (Libertad de Expresión+Democracia) anticipó que impugnará la reforma si llega a ser aprobada, pues viola postulados de la Constitución nacional, mientras que numerosos periodistas alzaron también sus voces desde distintos ámbitos, denunciando el atropello que la vil y corrupta maniobra reformista busca instaurar.

Las relaciones entre la prensa independiente y los gobernantes suelen ser tensas, pues estos últimos se ven conminados a respetar las leyes viendo limitadas sus atribuciones. Pocos entienden la valiosísima misión de los medios de comunicación como observadores de quienes ostentan el poder, obligados así a manejar correctamente los recursos públicos, respetando la institucionalidad y sin abusar de las facultades que la ciudadanía les confiere como servidores públicos.

La razón de ser de un periodismo responsable es precisamente cuestionar, controvertir y fiscalizar la gestión de los actos de gobierno, fiel a una tan incómoda como insustituible misión de funcionar como contrapoder. Sin libertad de prensa, la democracia queda seriamente expuesta a riesgos, porque les cercena a los ciudadanos su derecho de contar con suficientes elementos de juicio para tomar decisiones.

Responsabilizar a la prensa por los desaciertos o escándalos que involucran a un gobierno o a sus funcionarios, alentar discursos en contra de los medios o hacer interpretaciones que aumentan la confusión, crea un fundado e inquietante manto de duda sobre el futuro de la libertad de prensa y la libre expresión cuando un gobernador evidencia semejante desapego a la tradición republicana y amenaza con tamaño atropello.