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La publicidad oficial como censura
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La libertad de expresión es una de las bases de los derechos y las libertades democráticas. Por ello, cuando los periodistas y los profesionales de la comunicación son silenciados, ellos no son las únicas víctimas de las leyes y las prácticas represivas; también lo son todas las personas que se ven privadas de su derecho a la información. La distribución arbitraria de la publicidad oficial es utilizada para premiar o castigar a periodistas y medios de comunicación por su línea editorial. En efecto, la discriminación, el abuso y la falta de criterios transparentes en la adjudicación de publicidad oficial constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión.
La adjudicación de publicidad oficial para premiar a los medios dóciles u oficialistas, así como la amenaza o directamente el retiro de ella por parte de organismos públicos a los medios críticos e independientes, constituye un mecanismo de censura indirecta. En las democracias establecidas, donde es impensable o ciertamente difícil aplicar la censura grosera y la persecución física, la discriminación en el otorgamiento de publicidad estatal suele ser un instrumento privilegiado de los gobiernos para acallar las críticas.
En su último informe regional, la Organización de Estados Americanos (OEA), por medio de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, cuestionó la falta de regulación en la asignación de la publicidad oficial en la Argentina. "Tomando en cuenta las denuncias sobre asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial en el país -indica el texto-, la Relatoría Especial considera importante que se pueda avanzar en la consideración de proyectos de ley pendientes en el Congreso que procuran regular la asignación de publicad oficial."
No es la primera vez que esa entidad pone la mira en la forma en que el gobierno nacional distribuye la publicidad oficial. Las críticas empezaron casi desde el inicio de la actual gestión, que dispuso un aumento exponencial del gasto en propaganda en los medios y abrió la puerta a denuncias sobre la aplicación de "premios y castigos" a los medios según su política editorial.
La mención del problema con la publicidad oficial sólo aparece en el apartado correspondiente a la Argentina, mientras que los otros nueve países sobre los que se hacen comentarios específicos registran problemas de otro tipo, según el análisis del relator especial. Diversas organizaciones no gubernamentales argentinas reclamaron a la Casa Rosada que promoviera una ley de regulación de ese gasto, que por el momento se distribuye según los criterios de la Secretaría de Medios a cargo de Enrique Albistur.
Por otra parte, la organización Reporteros Sin Frontera, en su Reporte Anual 2007, respecto de la Argentina manifiesta que "mientras siguen siendo bastante tensas las relaciones entre la Presidencia y la prensa, la presión política y el chantaje de la publicidad oficial han llevado a un cierto número de medios de comunicación, nacionales o regionales, a censurar sus programas (...) el chantaje de la publicidad oficial ha obligado en muchas ocasiones a los medios de comunicación a someterse a la voluntad editorial de los gobernadores, o de los cargos públicos".
También el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés) se refirió, en su informe anual "Ataques a la prensa", a la situación en nuestro país. "La tolerancia gubernamental ante las críticas se está agotando", señaló y agregó que durante 2006 "el gobierno del presidente Néstor Kirchner continuó su práctica de distribuir publicidad oficial a los medios que lo apoyan e impedir que la reciban quienes lo critican". Las autoridades fueron también acusadas de "interferencia editorial en la abrupta cancelación de dos programas independientes en medios estatales", en referencia a los programas de Pepe Eliaschev y Víctor Hugo Morales, en Radio Nacional y Canal 7, que fueron levantados del aire.
Como ya fue señalado desde esta columna editorial, el manejo arbitrario de la publicidad oficial para premiar a quienes guardan complacencia con el Gobierno y castigar a las voces críticas es una práctica lamentable que vulnera la libertad de prensa. El gobierno nacional tiene el derecho de elegir dónde publicitar los actos oficiales, pero como responsable de la administración del Estado debe garantizar que los millonarios fondos fiscales destinados a ese fin no sean utilizados como prebendas, herramientas de presión o un modo de censura.
