La seguridad, tan devaluada como la inflación oficial

Podría decirse que la política de seguridad del gobierno nacional es coherente con lo que predican los principales funcionarios y operadores políticos kirchneristas: como para ellos el delito es una mera sensación, resulta inútil dedicarle más recursos, planes y esfuerzos. Es decir, lo que no existe no merece ser considerado. Esa "coherencia" para la negación es una de las explicaciones para fundamentar las razones que llevaron al Gobierno a presentar el presupuesto de gastos 2013 para la administración pública nacional con apenas un incremento del 12,1 por ciento en el área de seguridad, cuando el promedio general de los ajustes supera el 25 por ciento en los restantes rubros.

El oficialismo en la Cámara de Diputados convalidó esa percepción al sancionar el proyecto del Poder Ejecutivo como un mero trámite –ahora debe ser discutido en el Senado, aunque dada la holgada representación kirchnerista en esa Cámara el tratamiento puede resultar aún más veloz–, sin objetar el magro aumento de las partidas destinadas a seguridad como tampoco la exagerada previsión presupuestaria para otros rubros como, por ejemplo, el absurdo Fútbol para Todos .

El incremento del 12,1% para seguridad representa apenas un punto por encima del cálculo oficial de inflación previsto por el Indec (10,8%), que a su vez representa menos de la mitad del índice estimado por las consultoras privadas para el próximo año (entre el 25 y el 27 por ciento). En otros términos, a los ojos del Gobierno, la seguridad estará garantizada en 2013 con apenas un pequeño retoque en las partidas que, como siempre ocurre en el Estado, terminan agotando su mayor porcentaje en el pago de sueldos. Poco será entonces lo que quede para ser invertido en tecnología, equipamiento y capacitación para los miembros de las fuerzas de seguridad.

En cambio, el presupuesto ha previsto un aumento del 72% para Fútbol para Todos, mientras que el Congreso obtendrá un 40 por ciento más y subirán 27,8% las partidas destinadas a la prensa y difusión de los actos de gobierno.

Sólo la ideologización y la negación del problema explican, aunque no justifican, semejante destrato para un área tan sensible como la seguridad. Diariamente se conocen nuevas estadísticas sobre el delito en el país, provistas por asociaciones privadas, por la Justicia o por organismos internacionales, pues el Gobierno ha dejado de brindarlas oficialmente hace varios años.

Sin embargo, las pocas veces que se refieren al tema, las autoridades repiten en forma monocorde que la Argentina no está entre los países con mayores tasas de delitos. Curiosamente, nunca dicen de dónde obtienen esos datos, máxime cuando, como publicó recientemente LA NACION, el último informe del Observatorio Hemisférico de la Organización de Estados Americanos (OEA) reveló que nuestro país tiene la tasa de robos más alta de América: 973 delitos de ese tipo cada 100.000 habitantes. En la región, el promedio es de 456.

En la misma muestra de la OEA, la Argentina aparece con una tasa de homicidios de 5,5 cada 100.000 habitantes, siendo que sólo tres países de América tienen tasas menores.

Por su parte, la Procuración General bonaerense dio a conocer que en el primer semestre de este año, se abrieron 19.571 causas judiciales tan sólo por robo de autos, es decir, más de 100 vehículos desaparecen por día a manos de delincuentes en el distrito más grande del país, que concentra el 40% de la población nacional. Todo ello, acompañado por un mayor grado de violencia que ha derivado muchas veces en la muerte de la víctima del robo.

El escaso aumento de las partidas para seguridad se inscribe, además, en un momento en el que el Gobierno viene de afrontar un inusual reclamo de gendarmes y prefectos para que no se les recortaran sus salarios hasta en un 60 por ciento. Esos uniformados pedían, además, un salario mínimo de 7000 pesos, que el Gobierno asegura que no puede abonar. A cambio, les seguirá abonando adicionales no remunerativos, es decir en negro. Así, el empleador que debe dar el ejemplo incumplirá, una vez más, la ley que todos están obligados a acatar.

Una situación diametralmente opuesta al escaso interés por actualizar debidamente las partidas destinadas a seguridad, se ha venido manifestando con el desembozado interés del Gobierno por cubrir vacantes judiciales en fueros en los que se tramitan causas en las que el kirchnerismo aspira verse beneficiado. Mientras ello ocurre, hay sólo dos magistrados para controlar a 3000 presos. Son los jueces de ejecución penal. Uno de ellos, precisamente, fue quien decidió liberar al violador reincidente que terminó con la vida de Tatiana Kolodziez, la joven chaqueña de 33 años que fue violada y asesinada por un hombre sentenciado a 24 años de prisión por cuatro violaciones.

La falta de recursos materiales y humanos podría aún agravarse, pues es probable que a lo largo de 2013, como ya ha sucedido en otras oportunidades, haya que desviar fondos presupuestarios de unas áreas a otras para poder hacer frente a situaciones excepcionales. Pero también es muy probable que esos desvíos, apurados y muchas veces poco claros, terminen dirigidos a sectores que, como el de la seguridad, debieron contar de antemano con políticas serias que ataquen el problema de raíz y no como una eterna contingencia. Pero para eso habrá que comenzar por admitir que el problema existe. Y que es muy grave.