La UIF, otra prueba de degradación institucional
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LA NACION
La actual conducción de la institución, lejos de contribuir a proteger la integridad del orden económico y financiero, lo contamina
La integridad económica y financiera representa un pilar fundamental para la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo de los países. Justamente para proteger esa integridad, previniendo los delitos que la contaminan, detectando operaciones sospechosas y acusando penalmente a sus responsables, es que fue creada la Unidad de Información Financiera (UIF).
La UIF es una institución autónoma y autárquica que opera bajo reglas establecidas por la ley argentina y estándares internacionales. Todos los países cuentan con una UIF, ya que a través de estos organismos se lleva a cabo el intercambio de inteligencia financiera internacional, capaz de detectar conductas contra el orden económico financiero.
La gestión anterior de la UIF, a cargo de Mariano Federici y María Eugenia Talerico, logró posicionar a la institución entre las más reconocidas del mundo. En 2019, Federici fue designado por unanimidad para presidir el prestigioso Grupo Egmont, por las 168 unidades de inteligencia financiera que lo integran a nivel global. Entre ambos, conformaron un equipo de técnicos de primer nivel, produciendo avances fundamentales, con importantes contribuciones a la integridad económico-financiera global.
Según da cuenta el informe de cierre de dicha gestión, las prioridades operativas se centraron en hacer frente a las amenazas del terrorismo internacional, las manifestaciones graves del crimen organizado (especialmente el narcotráfico), así como la corrupción a gran escala, entre otros graves delitos. En materia antiterrorista, se desmantelaron redes vinculadas a Hezbollah en la Triple Frontera y se logró la creación del Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo y su Financiamiento. En materia de crimen organizado, se lograron sentencias significativas, al igual que en cuestiones de anticorrupción, como las condenas contra el exvicepresidente Amado Boudou y el exsecretario de Obras Publicas José López. Se aportó además gran información que permitió avanzar y concluir con investigaciones hoy elevadas a juicio, como fueron las de los casos Muñoz, Cuadernos, Báez, Grupo Austral, Hotesur, Los Sauces, Sueños Compartidos y Pérez Corradi, entre otras. Asimismo, con la actuación de la UIF como querellante en causas de corrupción, se lograron medidas cautelares por $607.871 millones y se aplicó por primera vez el artículo 305 del Código Penal, que permitió el decomiso sin condena de bienes en los casos Antonini Wilson y Daniel Muñoz, entre otros.
Lamentablemente, desde el cambio de gestión, se produjo en menos de un año lo que muchos anticipaban. La nueva gestión de la UIF, a cargo de Carlos Cruz y Mariana Quevedo, derrumbó el prestigio logrado, politizó el trabajo de la institución y provocó una pérdida de confianza en las fuentes de información, que afectó su capacidad operativa. Sin confianza, se corta el flujo de información y la UIF pierde capacidad para producir inteligencia y realizar contribuciones a la Justicia Penal y a la comunidad internacional. Numerosos testimonios internos del organismo dan cuenta de las fuertes discrepancias y cruces entre el presidente de la UIF, vinculado a Alberto Fernández y al Partido Justicialista porteño, y su vicepresidenta, vinculada a Cristina Kirchner y al Instituto Patria, todo lo cual ha mellado también la confianza interna del equipo que lidera la institución.
Se han producido numerosos y graves episodios que confirman la politización de la UIF y su pérdida de autonomía e independencia operativa
Desde que asumieron, se produjeron numerosos episodios que confirman la politización de la UIF y su pérdida de autonomía e independencia operativa. El mismo Cruz fue abogado del gremialista y presidente del PJ capitalino, Víctor Santamaría, acusado por la gestión anterior de lavar activos ante el hallazgo de sumas millonarias de dinero no declarado en cuentas suizas en las que aparecía como beneficiario. Asimismo, se produjeron despidos masivos de técnicos incorporados bajo la gestión anterior para dejar lugar a personal sin experiencia en la materia, incluso a trabajadores del propio sindicato liderado por Santamaría. A los pocos meses de iniciar la gestión, Cruz fue denunciado por haber compartido el contenido de un reporte de operación sospechosa vinculado al caso Vicentin con el presidente Fernández, algo que la ley prohíbe expresa y categóricamente por encontrarse dichos informes amparados por un deber de secreto. Esa interferencia indebida de la política en la gestión operativa de la UIF fue denunciada por la Coalición Cívica ante el GAFI.
Igual de grave ha sido la omisión explícita de impulso por parte de la UIF a las causas de corrupción ya iniciadas. En su rol de querellante, la gestión Cruz-Quevedo omitió pronunciarse sobre el otorgamiento de la prisión domiciliaria al exvicepresidente Boudou (condenado en dos instancias por hechos de corrupción), solicitó una pena sustancialmente inferior a la que la gestión anterior tenía prevista para Lázaro Báez en el caso de la ruta del dinero K, no apeló el archivo de las actuaciones por lavado de activos relativas a los actos de corrupción investigados en la causa Cuadernos, y desistió del planteo de nulidad por cosa juzgada írrita contra la sentencia que sobreseyó a Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito, a pesar de que esta fue dictada por un juez que declaró haber sido tomado del "cogote" para fallar, y sobre la base de pruebas periciales elaboradas por el excontador de la vicepresidenta, quien luego confesara en calidad de arrepentido haberla manipulado.
Tampoco se conoce acción alguna tendiente a dar impulso al inicio de los juicios orales de Hotesur y Los Sauces, elevados a juicio hace más de dos años y escandalosamente aún no iniciados, ni a recuperar activos de la corrupción, como los terrenos valuados en 30 millones de dólares en las islas Turks & Caicos, que adquiriera Daniel Muñoz con dinero de origen ilícito y que fueran detectados con apoyo internacional por la gestión anterior. En momentos en los que escasean los recursos y se promueven nuevos impuestos al patrimonio de los argentinos, es inaceptable que no se persiga el recupero de activos de la corrupción.
Carlos Cruz declaró recientemente que en su gestión la lucha contra la corrupción no sería prioritaria, por entender que existen otros delitos a su juicio más importantes, como la evasión impositiva y el contrabando. Desconoce Cruz que la corrupción es un catalizador de todos los demás delitos, incluyendo la evasión y el contrabando. Pero, además, sus comentarios resultan desatinados a la luz de la gran cantidad de causas de corrupción que aún aguardan sentencia en la Argentina y en las que la UIF ejerce el rol de querellante, especialmente teniendo en cuenta que en ellas se encuentran acusados funcionarios del gobierno que propiciara su designación, o personas afines a este.
Pese al poco tiempo transcurrido, está claro que la degradación institucional de la UIF obedece precisamente a su politización y participación en el plan de impunidad que lleva a cabo el kirchnerismo para evitar las consecuencias de la acción penal contra Cristina Kirchner y su círculo íntimo. La UIF es querellante en las principales causas penales contra la actual vicepresidenta. Las pruebas sometidas a juicio dan cuenta de que en el período 2003-2015 el país estuvo en manos de una asociación ilícita dedicada a saquear al Estado argentino y a lavar el producto de dicho robo para beneficio personal de la familia presidencial. Hoy es tiempo de llevar a cabo esos juicios, con todos los derechos y las garantías constitucionales que les asisten a las defensas, pero también con todo el ímpetu acusador que se espera de quienes impulsan la acción penal, tanto desde las fiscalías como desde las querellas. Una UIF que en su rol de querellante en causas de corrupción y lavado de activos omita acusar, solicitar sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas, o reclamar el recupero de los activos robados, lejos de contribuir a proteger la integridad del orden económico financiero, estaría contribuyendo a contaminarlo.
