Lamentables conceptos de quienes deben dar el ejemplo

La reciente reunión de representantes de 13 organizaciones de derechos humanos con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada tuvo dos aspectos por destacar, más allá del gesto del jefe del Estado de recibir a esas entidades como, en su momento, también lo hizo el entonces presidente Mauricio Macri, en la quinta de Olivos.

El primer aspecto fue el manifiesto disenso de Fernández para con quienes se quejaron por la supuesta existencia en el país de "presos políticos". El Presidente negó que los hubiera, aunque lo que pudo ser simplemente una definición técnica de un hombre de derecho trocó hacia el final del mensaje en una postura ideológica sin ningún fundamento técnico-jurídico.

Empezó diciendo Fernández: "Un preso político es una persona que fue detenida sin un proceso. En la Argentina, lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa. Es gente que podría soportar sus procesos en libertad, pero las detienen porque son opositores".

Diversas razones han esgrimido los jueces para mantener detenidas a las personas por cuya libertad reclaman sectores del oficialismo. Algunas vinculadas con el poder que aún conservan respecto de sectores influyentes a los que podrían acudir para beneficiarse y entorpecer los procesos, y otras ligadas a la posibilidad de que se fuguen. En casos como los del exvicepresidente de la Nación Amado Boudou y del exministro de Obras Públicas Julio De Vido, además, se suma la existencia de condenas judiciales.

Sin embargo, no puede desconocerse que en nuestro país existen presos políticos en cuyos procesos se han violado reiteradamente las garantías constitucionales del debido proceso y que se heredan de gobierno a gobierno sin que ningún mandatario ni magistrado obre de acuerdo con los preceptos constitucionales y los tratados de derechos humanos que nuestro país ha ratificado. Nos referimos a los miembros de fuerzas de seguridad, militares y civiles detenidos por la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad. Muchos, a la espera de condena, padecen prisiones preventivas eternas, sufren la denegación de la prisión domiciliaria y son víctimas de la instrumentación recurrente de nuevos juicios con acusaciones similares, lo cual los mantiene en prolongado estado de prisión preventiva sin límite temporal, lo que sumado al escarnio público al que se los somete, ahonda aún más su indiscutible condición de presos políticos en gobiernos democráticos.

El segundo aspecto lo constituye la inconcebible frase pronunciada por una de las representantes de Madres Línea Fundadora, Taty Almeida, participante de aquel encuentro con el presidente. Antes de abandonar la Casa de Gobierno y frente a la requisitoria de la prensa sobre cuál había sido el balance de la reunión, expresó: "Ha sido una charla tan amena que a muchos nos parece mentira, después de cuatro años donde tuvimos la casa tomada; ahora nuevamente se han abierto las puertas". Claramente, sus cuando menos falsas afirmaciones merecían que el Presidente, al menos, hiciera alguna mención tomando distancia de ellas apenas fueron conocidas en forma pública.

La Casa de Gobierno no ha estado tomada de diciembre de 2015 a igual mes del año último. Muy por el contrario, ha sido sede de un gobierno democráticamente elegido en las urnas. Desconocer la legitimidad de la gestión de Cambiemos es una afrenta a la democracia en particular y a todos los argentinos en general.

Los gobiernos nos representan a todos por igual, los hayamos votado o no. Pretender que solo merecen llegar a lo más alto del poder quienes comulgan con una idea política exclusivamente es desconocer el valor de la alternancia en un sistema republicano.

Lamentablemente, abundan sectores en nuestro país empeñados en politizar los derechos humanos con fines no solo ideológicos, sino también económicos como en reiteradas ocasiones denunciamos desde estas columnas. Cuanto más se preocupan esos grupos por forzar una identificación o asociación partidaria, más valor pierden esos derechos en la consideración de quienes están legítimamente preocupados por ellos.

Hace ya una década, reconocidos especialistas en política internacional preanunciaban en Europa que los derechos humanos se estaban politizando tanto que el concepto iba perdiendo credibilidad. Decían, con acierto, que los derechos humanos surgen y derivan de la dignidad humana y que no son ni dados ni quitados por los Estados. Tampoco, cambiados ni jerarquizados a gusto de los gobernantes de turno.

Esta parcialidad tan manifiesta en el tratamiento y otorgamiento de los derechos humanos se ve con claridad en la situación humanitaria que enfrentan los presos militares, así como en el olvido que sufren las víctimas del terrorismo agredidas en la década del 70, principalmente por Montoneros y el ERP. Estas son discriminadas reiteradamente en el acceso a sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación en lo que parece ser una estrategia para sostener la impunidad de quienes cometieron gravísimos crímenes durante su pertenencia a las organizaciones armadas, además de un rentable instrumento para el beneficio económico de muchos.

Por ello, que una representante destacada de una entidad que defiende los derechos humanos se los niegue a un dirigente y a una coalición de gobierno que no coincide con su mirada político-partidaria es cuando menos, y solo en la superficie, una falla discursiva que no puede ser pasada por alto.

Tiene la señora Almeida, ciertamente, el derecho de pensar y decir lo que piensa, pero dada la jerarquía del lugar que ocupa, debería poner especial atención en sopesar sus palabras cuando en defensa de un sector se ataca a otro cuyos derechos son igualmente valederos y respetables.

Los organismos de derechos humanos deben bregar por los derechos de todos. Ya bastante hemos padecido en nuestro país -y padecemos aún- con viejas antinomias que pugnan por hacer prevalecer los derechos de algunos sectores por sobre los de otros. Las características distintivas de los derechos humanos, por el contrario, son la integridad y la universalidad.

Como ya hemos dicho en otras oportunidades, ampararlos y protegerlos implica una defensa irrestricta de cualquier ataque a la dignidad del hombre, sin distinción alguna respecto del sujeto que lo ejecuta, su motivación y las circunstancias, como del signo político, la posición ideológica o cualquier otra condición.

Las puertas de la Casa Rosada permanecieron y habrán de permanecer abiertas para todo ciudadano argentino que, habiendo cumplido los requisitos legales, quiera y pueda llegar a conducir los destinos del país: el país de todos.

Hace mucho daño al conjunto de la ciudadanía y a las instituciones de la República que haya quienes pretendan deslegitimizar lo legítimo, imbuidos en un espíritu sectario e ideologizado y en un reiterado intento de adulterar la realidad.