Las graves derivaciones de la complicidad con Maduro

El anuncio rimbombante de nuevos vuelos oficiales entre Caracas y Buenos Aires, realizado hace pocas semanas, ha vuelto a poner de manifiesto el privilegiado vínculo político y diplomático entre esta cuarta administración kirchnerista y el régimen castro-chavista de Nicolás Maduro. Una mayor conectividad aérea entre nuestro país y la Venezuela actual solo puede ser entendida en el contexto de una alianza geopolítica de preocupantes derivaciones para la reputación y la seguridad de la República.

Algunos hechos recientes merecen ser recordados. En 2022, el gobierno argentino designó a Oscar Laborde, exintendente de Avellaneda y conocido cuadro del Partido Comunista, como embajador ante el Palacio de Miraflores. La designación de un representante político y no de un diplomático de carrera es otra demostración evidente de la importancia que el Gobierno otorga a una determinada misión diplomática.

En junio último, el dictador Maduro agradeció al presidente argentino la defensa que este había hecho del régimen venezolano durante su presentación en la Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles. Las palabras empleadas por el mandatario argentino en una reunión precisamente convocada para promocionar la democracia confirmaron el juego peligroso en el que, en la escena internacional, se involucra la administración Fernández-Kirchner. Al emplear su diplomacia para abogar por las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, el Gobierno se ha erigido en plataforma de defensa y protección de las tiranías de nuestra región.

Además de significar una inaceptable claudicación a las obligaciones hemisféricas de promoción de la democracia y los derechos humanos –conforme los instrumentos internacionales para su protección, como la Carta de la OEA, el Pacto de San José de Costa Rica y la Carta Democrática–, la alianza con Caracas implica incurrir en peligrosos manejos de delicadísimas cuestiones.

Tanto el vínculo con Venezuela como el que el Gobierno consolida con Cuba y Nicaragua y con otros países como los que lisa y llanamente promocionan el terrorismo internacional, tal el caso de la teocracia extremista islamista de Irán, no puede ser soslayado.

Teherán no es un actor más en el sistema global: su liderazgo no se percibe a sí mismo sino como recipiendario de un destino de hegemonía regional y como portador del mandato de promoción del chiismo. Una meta que coloca a su dirigencia en un punto de rivalidad inevitable con sus ancestrales enemigos, los países sunnitas liderados por Arabia Saudita y las monarquías del Golfo.

El régimen de los ayatolás –que lleva 44 años en control de Irán– es, a su vez, fuente de inquietud global por su amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Resulta imposible desconocer su pretensión de alcanzar un arma nuclear que, de ser lograda, provocará un gravísimo aumento de las tensiones en Oriente Medio y desatará sin dudas una carrera de proliferación en esa región tan caliente del mundo.

La República Islámica de Irán con la que el régimen de Maduro mantiene privilegiados lazos políticos, diplomáticos y económicos es, al mismo tiempo, promotora de una política antioccidental extrema que abiertamente impulsa la destrucción del Estado de Israel. Un punto que conecta con nuestra realidad, a partir de la importante comunidad judía que vive en nuestro país y que ha sido blanco de los atentados contra la embajada de Israel, en 1992, y contra la sede de la AMIA, en 1994. En ambos hechos murieron 107 personas. En el caso de la mutual judía, Irán es el principal sospechoso de haber provocado el atentado.

A esos aberrantes ataques hay que sumar un hecho por demás oprobioso, generado por el kirchnerismo en el tramo final del segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner: la firma de un memorándum de entendimiento con Irán con el argumento de que se pretendía contribuir a la investigación del atentado contra la AMIA. Una suerte de pacto con el diablo. Esa causa, en la que la actual vicepresidenta resultó sobreseída, fue apelada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

Cómo no recordar también cuando el año último, durante la asunción presidencial del dictador nicaragüense Daniel Ortega, el embajador argentino Daniel Capitanich compartió el acto en Managua junto al terrorista iraní Mohsen Rezai, acusado de ser uno de los autores intelectuales de aquel atentado y sobre el que pesa una alerta roja de Interpol. Tantas y tan apropiadas fueron las críticas a aquella enorme afrenta que el propio Gobierno se vio en la obligación de repudiar públicamente mediante un tardío comunicado la presencia de Rezai en aquel acto. Más tarde, pidió su captura cuando Rezai visitó Qatar para los preparativos de la copa mundial de fútbol.

Otro caso sumamente controvertido fue la llegada a nuestro país de un misterioso avión venezolano-iraní. Rápidamente volvieron a incrementarse las sospechas sobre las relaciones entre el kirchnerismo y el régimen de Irán. Un sistema de vinculaciones diplomáticas y paradiplomáticas contextualizadas en lo que se conoce como “embajadas paralelas”.

El juez federal Federico Villena dictó la falta de mérito y autorizó la salida del país de los tripulantes al entender que no había pruebas firmes para procesarlos, urgido también tras un pedido de la Cámara Federal de La Plata.

Los beneficios que se desprenden de semejantes vínculos con gobiernos dedicados a cercenar derechos, oprimir a sus ciudadanos y, en muchos casos, a promover el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado solo se entienden en un contexto de peligrosas afinidades, tanto delictivas como de violación del Estado de Derecho.

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